Una concejala de la CUP se ratifica ante el juez en acusar a los Mossos de “ejecutar extrajudicialmente” a los terroristas de Barcelona
La concejala de la CUP en Barcelona Maria Rovira se ha ratificado este jueves ante el juez en acusar a los Mossos d'Esquadra de haber “ejecutado extrajudicialmente” a los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils (Tarragona), tal y como dijo durante un pleno municipal el pasado mes de septiembre.
Rovira ha declarado como imputada (investigada, según la nueva denominación) por un presunto delito de injurias y calumnias a las fuerzas de seguridad. Ha contestado tan sólo a las preguntas del juez y a las de su defensa. A la salida del juzgado, Rovira ha defendido su discurso ante el pleno, en el que también acusó a la Guardia Urbana de Barcelona de ser “el brazo ejecutor del racismo institucional” por las actuaciones policiales contra los manteros.
La concejala ha defendido que con sus palabras quería “poner sobre la mesa” el debate sobre “un modelo policial que garantice los derechos humanos”, ya que, ha recordado, los siete terroristas abatidos por los Mossos tras atentar en agosto en Barcelona y Cambrils, “no fueron detenidos ni tuvieron derecho a un juicio justo”. “Entendemos que la pena de muerte no es una opción”, ha dicho.
El abogado de Rovira, David Aranda, ha abundado en la línea de defensa de la concejala y ha considerado “insólito” que se cite a declarar a un cargo público por ejercer “la libertad de expresión” en un pleno. “Por muy justificada que estuviera la operación policial, las ejecuciones nos privan de conocer cómo unos jóvenes cayeron en manos del fascismo del Daesh”, ha añadido.
Por contra, el abogado de una de las acusaciones, ejercida por el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), José María Fuster Fabra, ha criticado con contundencia las palabras de Rovira. “Son unas injurias muy graves. Es delirante oir hablar a los Mossos d'Esquadra como ejecutores extrajudiciales y a la Guardia Urbana como fuerza ejecutora de racismo”, ha argumentado. En la causa también están personados como acusación los sindicatos CSIF y SAPOL de la Guardia Urbana.
