“El 1 de octubre se produjo un alzamiento violento y público”
El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) dice estar jubilado, pero mantiene una actividad incansable en defensa de los derechos humanos, que le ha llevado a ser el redactor del recurso contra el acuerdo de la UE con Turquía sobre refugiados. Acaba de publicar Catalunya, mitos y resistencia (El Viejo Topo), libro en el que se recoge su posición crítica con el proceso soberanista, que vincula con el autoritarismo, y su decepción con los partidos de izquierda que lo han apoyado.
En conversación con eldiario.es, Jiménez Villarejo defiende la calificación de rebelión sobre el proceso soberanista y la prisión provisional de sus líderes. En este sentido, tilda de “error manifiesto” que Pablo Iglesias hable de “presos políticos”. También critica al PSOE por haber escogido a un presidente del Poder Judicial “muy conservador” como el magistrado Manuel Marchena, en el marco de un pacto fallido con el PP que cree que ha dejado “tocado y desprestigiado” al Consejo General del Poder Judicial, no así a los tribunales que imparten Justicia.
En el libro se refiere a la hoja de ruta que culminó en el 1-O como una “deriva autoritaria derechista y xenófoba del proceso independentista”. ¿Dicha deriva cree que se mantiene en el Govern de Torra o tras el 155 ha terminado?
El planteamiento de la secesión de Catalunya de España, y por tanto de la ruptura con el marco constitucional, continúa, y yo diría que incluso más que antes. Las consecuencias del artículo 155 han sido escasas. Tras las elecciones, el Govern que se constituyó bajo el president vicario Torra, y digo vicario porque lo dijo él mismo, es un gobierno con un presidente sustituto que provisionalmente ocupa el cargo pero que no tiene ningún título que le habilite para ejercerlo salvo el de haber sido elegido por Puigdemont, su superior.
¿En qué se expresa este autoritarismo?
El autoritarismo consiste en la exclusión de la mayoría social que representan los partidos constitucionalistas y en el ejercicio vacío de la autoridad por parte del Govern por el simple hecho de ser autoridad y punto. El Govern no satisface las necesidades de la ciudadanía. Están ahí porque son los que son y piensan como piensan pero nada más, no tienen otro título que les legitime y aún menos el president Torra. Todos son bastante vicarios del individuo que vive en Waterloo. Hay un desgobierno y una descomposición de las instituciones de la Generalitat. No sé si lo que tenemos es un gobierno o no. Además de la Sanidad, podrían ir a la huelga todos los sectores sociales porque todos están abandonados por el Govern.
Otra de sus principales tesis es que la antigua Convergència ha utilizado el 'procés' para tapar los escándalos de corrupción.
Lo han reconocido ellos mismos. En la ley de transitoriedad jurídica hay un precepto que dice que se anularán los procedimientos judiciales a los investigados por conductas que busquen un pronunciamiento democrático sobre la independencia. En la Audiencia Nacional hay múltiples imputados por las comisiones del 3%, ellos sabrán por qué quieren separarse de España. La sentencia del Palau de la Música de la que aquí todo el mundo parece quererse olvidar fue un duro golpe a Convergència.
Del libro también se desprende una decepción personal con sectores progresistas por su connivencia con el ‘procés’.
La izquierda ha fallado desde que ICV apoyó la declaración de soberanía del 23 de enero de 2013 que reclamó el derecho a decidir invocando la soberanía del pueblo de Catalunya. Fue un error histórico porque era una sumisión a un planteamiento nacionalista clásico y, por tanto, derechista. El exsecretario general del PSUC Antonio Gutiérrez Díaz dijo: “Catalunya es de todos y no dejaremos que nos la arrebaten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera catalana para esconder sus intereses de clase”.
Este planteamiento es ajustado y riguroso, pero los responsables de ICV no lo siguieron y cometieron un gravísimo error del que luego se han distanciado. Pero representó un apoyo a los independentistas cuando se tenía que haber tenido una actitud crítica: ICV unió sus fuerzas a CDC, su antítesis en todos los sentidos. Y de aquellos barros, estos lodos.
Estos lodos que define como una sucesión de mitos y engaños.
En varias resoluciones del Parlament se afirma que la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya está por el derecho a decidir su futuro político. En una de ellas, del año 2013, se menciona la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en la vía catalana hacia la independencia de la Diada. Con esto se manipula la realidad porque se asocia el futuro político de Catalunya al 11 de septiembre, es decir, a una manifestación popular legítima pero que no se puede interpretar bajo ningún concepto como una expresión de la voluntad democrática del pueblo en su conjunto. Esta manipulación independentista se prolonga a lo largo de los años, por eso hablo en el libro de mitos absolutamente quiméricos y que constituyen prácticas antidemocráticas y un engaño al pueblo de Catalunya.
¿No todo empezó con la sentencia del Estatut?
El Tribunal Constitucional se equivocó porque el Estatut se podría haber mantenido en su integridad. Pero lo que no puede decirse es que a partir de esa sentencia de 2010 Catalunya haya dejado de tener un reconocimiento por parte del Estado. ¿Quién empezó a tratar a Catalunya como un cortijo, el Estado en 2010 o Jordi Pujol? Yo diría que en 1996, con el pacto del Majestic, Jordi Pujol se convierte en el cómplice perfecto de Aznar y del PP, el partido más antinacionalista catalán que existe. Jordi Pujol ha menospreciado mucho más a Catalunya que la sentencia del Estatut, que fue un error. Jordi Pujol cometió un delito fiscal durante 34 años.
¿Qué daña más a Catalunya, un president delincuente o problemas políticos sobre el impulso de las competencias autonómicas? Los gobiernos centrales de PP y PSOE se han equivocado, pero cuando me hablan de la supuesta opresión del pueblo de Catalunya por parte del Estado yo pienso que su expresident ha sido tratado con mucha consideración. Todo el mundo calló. Los que piden la libertad de los presos nunca han pedido que entre en prisión un señor que defraudó al fisco durante 34 años abusando de su poder como presidente de la Generalitat.
¿Que alrededor de dos millones de personas estuvieran dispuestas a participar en un acto suspendido por los tribunales y contrario a la Constitución como el 1-O no denota que existe un problema político grave?
El 1 de octubre y el 20 de septiembre la movilización ciudadana constituye un instrumento para la manipulación de la realidad histórica de Catalunya. Cualquiera que fueran las proporciones en que la población se manifestara o acudiera a las urnas falsarias construidas para el pseudoreferéndum del 1-O, detrás de todo esto hay, como corresponde al planteamiento independentista, un engaño importante a la población. Una estafa al pueblo de Catalunya, como los 18 meses hacia la independencia. Los dirigentes prometen que se declarará la independencia y luego no ocurre nada, pero sus seguidores no se levantan contra ellos pese a que sistemáticamente les están engañando y prometiendo un futuro que no sólo no llega sino que cada vez está más lejos.
¿Ve adecuado que Pablo Iglesias se refiera a Oriol Junqueras y al resto de encarcelados como “presos políticos”?
Es un error manifiesto porque no es así. Junqueras y el resto de presos son personas que llevan muchos años, como mínimo desde 2013, planificando de forma fría, serena y perfectamente calculada el proceso que tendría que haber conducido a la ruptura de Catalunya con España. Desde el ejercicio del poder, políticos electos y no electos tomaron decisiones sobre el futuro de Catalunya. Y digo no electos porque la ANC y Òmnium son dos asociaciones civiles que me merecen todo el respeto pero que tienen el mismo valor que una asociación de vecinos y no tienen ninguna legitimidad democrática para constituirse como poder de Catalunya.
Además, los políticos electos han ejercido el poder en virtud de unas elecciones con una ley electoral que sigue siendo la ley electoral española. No han querido hacer una ley electoral propia catalana. Frente a las quejas y menosprecios que dicen sufrir de las instituciones del Estado español, a la ley electoral española le tienen un cariño loco porque les garantiza una mayoría que de otra forma no tendrían.
¿El plan independentista fracasó por sus propios errores o por la respuesta del Estado?
El plan independentista ha tenido muchos puntos débiles, pero justifica una respuesta enérgica del Estado. Las leyes del 6 y 7 de septiembre son claramente autoritarias. El Govern ha estado sistemáticamente engañando a su pueblo y lo ha hecho desde una posición de abuso de poder. Los líderes independentistas no han hecho más que tomar decisiones que les desacreditan como políticos, por ejemplo la insistencia en investir a Puigdemont. Al margen de su propia ilegalidad y su incapacidad para generar un gobierno, la investidura telemática suponía recurrir al simbolismo político y gobernar a base de quimeras y símbolos, la antítesis de una política democrática.
¿Los presos deben seguir en prisión o tienen derecho a salir antes del juicio?
Creo que la prisión provisional está justificada. Hay un dato objetivo para valorar si procede la libertad provisional y máxime ahora cuando está a punto de iniciarse el juicio oral: los imputados que huyeron de la Justicia y que no han vuelto. De acuerdo con los delitos por los que están acusados, en especial el de rebelión, hay razones formales y serias para mantener la prisión provisional.
En el mundo jurídico hay un debate sobre si existe o no el delito de rebelión en el 'procés'.debate sobre si existe o no el delito de rebelión en el 'procés'.
A día de hoy ya no cabe esperar que el delito de rebelión implique una violencia armada. Hay un auto del Tribunal Supremo denegando una libertad provisional en el que dice que cabe la rebelión sin armas. La violencia que se exige el Código Penal en el delito de rebelión es una violencia que tiene a día de hoy muchas dimensiones, no tiene por qué ser necesariamente física sino que puede ser de otros caracteres y formas. Por ejemplo, las coacciones son parte de la violencia. La resolución 2625 de la ONU dice que hay que abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados. Esta resolución es de los años setenta pero está plenamente vigente y equipara violencia y amenaza.
¿Qué actos de violencia o amenaza de usarla ha habido?
El concepto de violencia hoy es más amplio, no estamos ante un golpe como el 1936 o 1981. Pero sí existe una capacidad de enfrentamiento directo con las autoridades del Estado cuando desde un poder necesario como una comunidad autónoma se estructura una cierta forma de estado al margen de las normas democráticas y contra el Estado al que se pertenece. En el documento 'Enfocats' se dice que cuando haya una clara determinación ciudadana a apoyar la independencia y complicidad internacional hay que empezar a aumentar paulatinamente el nivel de conflictividad ante la respuesta del Estado. La resolución 1/XI del 9 de noviembre de 2015 del Parlament reitera que el proceso de autodeterminación no se supedita a las instituciones del Estado español, aceptando los previsibles episodios de violencia. Por lo tanto no podemos sorprendernos de que se hayan utilizado los términos del delito de rebelión porque se dan las circunstancias que lo justifican, sin perjuicio de que luego tras el juicio se puedan llegar a conclusiones diversas según sobre su grado de ejecución o participación.
¿No hay una diferencia entre prever algo en una resolución parlamentaria y el alzamiento violento y público que requiere el delito de rebelión? ¿Cuando se ha producido este alzamiento en el 'procés'?
El 1 de octubre se produjo un alzamiento violento y público. Yo estoy de acuerdo en que se pueda considerar un delito de rebelión. Según la acusación de la Fiscalía, el 1-O varios ciudadanos fueron atendidos por episodios de ansiedad, pero personas gravemente lesionadas hubo dos, una por impacto de una pelota de goma en el ojo. Y ese día también hubo 93 agentes de la autoridad lesionados por lanzamiento de vallas y piedras y otras formas de violencia. Más allá de estos datos, que el tribunal ya valorará, todo el proceso independentista ha sido una permanente amenaza al Estado español en los términos que dice la resolución de la ONU de la que hablamos antes. Si uno sigue el recorrido histórico de todo esto no es tan errónea la calificación de rebelión, aparte de otras formas delictivas que también se cometieron como la sedición, malversación, desobediencia o prevaricación.
La causa del Supremo, además de otras investigaciones en juzgados catalanes, ha hecho que muchos ciudadanos estén enfadados con la Justicia.
Comprendo que los independentistas reaccionen de forma airada a las decisiones de los tribunales, pero llegar a decir, como se ha dicho, que igual que Tejero entró en el Congreso, Llarena ha entrado en el Parlament me parece una falta de respeto inaceptable. Decir, como dijo Artur Mas, que el juicio del 9-N fue una anomalía democrática cuando ha sido una de las sentencias más increíblemente rigurosas y fundadas que se han dictado en este país es gravísimo. Decir, como dijo Raül Romeva, que la Justicia actual se parece a la Justicia franquista aparte de una ignorancia supina revela una falta de respeto absoluta a las instituciones democráticas y judiciales.
Más allá del 'procés', ¿el poder judicial se encuentra en su momento más bajo de credibilidad por la sentencia de las hipotecas y el pacto fallido entre PP y PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ)?
El tema del CGPJ se ha planteado justo al revés de cómo se tendría que haber planteado. Al presidente del Consejo lo eligen los vocales, previamente elegidos por Congreso y Senado. En cambio, PP y PSOE escogieron a un presidente, el magistrado Manuel Marchena, antes de que fueran elegidos los vocales, lo cual me parece un error garrafal que naturalmente ha desprestigiado las instituciones de gobierno del Poder Judicial. Hay que distinguir el gobierno del Poder Judicial de los tribunales. Está claro que el CGPJ está absolutamente tocado y desprestigiado, pero los tribunales funcionan, más allá de que se pueda hacer una crítica puntual de alguno, claro está. Los casos de Rodrigo Rato o Narcís Serra muestran que la reacción de los tribunales ante la delincuencia económica de los poderosos ha sido muy contundente.
Tras el whatsapp de Cosidó en que alardeaba de que el nombramiento de Manuel Marchena permitiría controlar “desde atrás” la sala que preside y que juzgará a los independentistas, ¿ha quedado tocada la apariencia de imparcialidad del magistrado Marchena en el caso ‘procés’?
No tengo ninguna simpatía hacia el magistrado Marchena. Pero me parece que del mensaje de Cosidó no se puede deducir que el magistrado Marchena fuera a hacer lo que Cosidó dijo que iba a hacer. Afirmarlo sería injusto e incorrecto. Lo que me preocupa es que el PSOE haya llegado a un pacto con el PP para elegir de forma errónea a un presidente del CGPJ antes de que fuera elegido por los vocales. También me parece un error grave del PSOE haber elegido a un magistrado muy conservador como Marchena. Que lo haga el PP forma parte de sus políticas conservadoras y reaccionarias, pero que lo haga el PSOE me preocupa porque el magistrado Marchena no merece ocupar ese puesto bajo ningún concepto, al margen de lo que diga Cosidó.
¿Como exfiscal, cómo valora los cinco primeros meses en el cargo de Maria José Segara?
Es positivo que la nueva fiscal general vaya a permitir una interpretación más flexible de la libertad de expresión en los delitos de odio y esto es positivo. También ha respetado la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo en la acusación del 'procés' y eso me parece coherente. Segarra es una fiscal general seria, competente e ideológicamente más avanzada que sus antecesores, y puede tomar decisiones que den al ministerio fiscal una posición más avanzada en asuntos como la libertad de expresión o la memoria histórica, que es algo muy necesario.
Están a punto de cumplirse los 40 años de la Constitución. ¿Cree que toca ya una reforma a fondo? ¿La ve posible?
Todos los gobernantes han incumplido el precepto de la Constitución que exige que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Es muy grave porque es uno de los preceptos constitucionales influidos por las posiciones más avanzadas de los constituyentes, entre ellos Jordi Solé Tura. Avanzar en esa dirección era muy importante y más bien se ha retrocedido. Los niveles de desigualdad de este país son muy graves y tiene que haber un giro en la aplicación de las normas para una aplicación progresista y democrática de la Constitución que equilibre la economía social de mercado.
También noto un retroceso, pese a los signos positivos que dio la entrada en el Gobierno del PSOE, en el tema de la inmigración. Los inmigrantes no sólo deben ser acogidos sino que deben ser incorporados plenamente a la ciudadanía española sin tantos requisitos ni trámites. España debe tener un comportamiento más acogedor y respetuoso. Es una profunda injusticia que no se hayan eliminado las devoluciones en caliente porque suponen la negación radical de derechos a la persona que traspasa la frontera. Estamos dando pasos atrás y es muy grave.
¿Y en la cuestión territorial?
Habrá que reformar la Constitución para ajustar el Estado autonómico, que ahora es un poco débil, y definir mejor sus competencias. Hay que dar un mayor respaldo a las competencias exclusivas de las autonomías y una mayor garantía de que esas competencias se ejecuten adecuadamente. También habría que establecer un equilibrio de los poderes centrales respecto a las autonomías para que no puedan entrar en ellas como si fuera su casa, porque no es su casa, son una parte del conjunto del Estado y deben respetarse sus identidades y rasgos propios, como por ejemplo los de Catalunya.
