El Síndic de Greuges reclama la amnistía, el indulto o la derogación del delito de sedición para liberar a los presos del 1-O

El Síndic de Greuges Rafael Ribó, ha reclamado la amnistía, el indulto o “revisar en profundidad” el delito de sedición del Código Penal como “mecanismos políticos o jurídicos” para dejar en libertad a los nueve condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Esta es la principal conclusión del informe sobre el fallo del 1-O que el Defensor del Pueblo catalán ha entregado al presidente del Parlament, Roger Torrent, este jueves.

Según Ribó, es necesario encontrar “la forma más decidida, clara y con los tiempo oportunos” para dejar en libertad a los presos porque, a su juicio, la cárcel “condiciona todo el conflicto”, y de esta manera se podría iniciar un diálogo constructivo“. Ribó también ha sostenido que la sentencia del 1-O pone en riesgo la libertad de expresión y de reunión para todos los ciudadanos.

Las críticas de Ribó van en la línea de los informes emitidos por organizaciones como Amnistía Internacional. El informe del Síndic considera que las penas de nueve a trece años de prisión impuestas por el Supremo son “desproporcionadas” y que podrían haber vulnerado los derechos constitucionales de los presos. Argumenta el Síndic en primer lugar que el Tribunal Supremo no era el juez predeterminado por ley para juzgar a los presos independentistas, sino que lo era el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Asimismo, el Síndic afirma que la acusación de rebelión “vició toda la causa” al “imponer” la prisión preventiva y la suspensión en sus cargos políticos de los presos. Respecto a la sentencia, el informe critica que realiza “una interpretación extensiva” del delito de sedición, ya que, según Ribó, “la desobediencia se convierte en sedición”. Tampoco realiza el fallo, según el Síndic, “una ponderación entre los derechos de libertad de reunión y manifestación con relación a los hechos”.

“La sentencia culmina un largo proceso de intervención de los tribunales en la organización interna y el funcionamiento del Parlament de Catalunya”, asevera el informe. “Bajo la amenaza de sanciones penales, los tribunales, a instancias del Gobierno del Estado en muchos casos, determinan preventivamente cuáles son las cuestiones se pueden debatir en el Parlament y cuáles no. Se prescinde de la inviolabilidad del Parlament y sus miembros e, indirectamente, del derecho de participación política de la ciudadanía y la separación de poderes”, apostilla el Síndic.

Además de derogar el delito de sedición y pedir el indulto o la amnistía, el informe defiende que se debe iniciar “un diálogo constructivo para lograr una solución política al conflicto entre Catalunya y el Estado, que sea valiente e imaginativo y que debe una consulta al pueblo de Catalunya sobre su futuro político”