Y ahora qué: Torra seguirá de president hasta que el Supremo confirme la condena y antes quiere llevar el caso a la Justicia europea
La primera condena penal a un president de la Generalitat en ejercicio del cargo ha llegado este jueves. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a Quim Torra a 18 meses de inhabilitación por desobediencia al no retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña electoral del pasado mes de marzo. Si bien marca el inicio de la cuenta atrás de la legislatura catalana, la condena contra Torra no es firme, por lo que el president no abandonará el Palau de la Generalitat de forma inmediata.
“A mí no me inhabilitará un tribunal con pretensiones políticas porque solo lo puede hacer el Parlament de Catalunya”, ha proclamado el president en una comparecencia en el Palau de la Generalitat en la que ha anunciado que pedirá a los grupos independentistas que le den apoyo en una votación en la cámara catalana. “No se trata de darme apoyo a mí sino de dejar claro que los presidentes de este país no lo deciden los tribunales”, ha añadido.
El Supremo tiene la última palabra
Torra tiene cinco días hábiles para recurrir la condena del TSJC ante el Tribunal Supremo, que es quien tendrá la última palabra sobre el caso. De lo que tarde en resolver el Alto Tribunal –en las causas sin penas de cárcel los plazos suelen alargarse más, hasta un año– dependerá el tiempo de Torra como president. Oficialmente la legislatura termina en mayo de 2022, pero la situación penal y política de Torra puede estar resuelta mucho antes.
La carta del TJUE
Con todo, Torra quiere añadir una nueva variable a la ecuación: el president solicitará en su recurso ante el Supremo elevar cinco cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que no dicte la sentencia del caso hasta que la Justicia Europea las resuelva, lo que alargaría hasta un año la resolución de la causa.
Las cuestiones prejudiciales versan sobre la imparcialidad de los jueces del TSJC que han condenado a Torra, empezando por el presidente del tribunal catalán, Jesús María Barrientos. La defensa de Torra ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados a lo largo de la instrucción y con especial dureza el pasado 18 de noviembre en el juicio, pese a que el TSJC ya había descartado recusarles.
Según la defensa de Torra, Barrientos “careció de la necesaria imparcialidad objetiva y subjetiva” para presidir el juicio debido a sus declaraciones en las que compartió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) sobre los lazos, pues consideró que el ente electoral “está obligada a exigir que los principios y valores de neutralidad se respeten al máximo porque está en juego el equilibrio político”.
El TSJC concluyó, al contrario del criterio de la defensa de Torra, que “ninguno de los comportamientos públicos, manifestaciones o conductas” de Barrientos relativas al procés revelaban una “pérdida de imparcialidad objetiva o subjetiva por su parte”. Según el TSJC, las posiciones públicas de Barrientos sobre el “procés” se efectuaron “en su condición de presidente del TSJC y, por lo tanto, representante del poder judicial en ese territorio, en ejercicio de la innegable libertad de expresión que le corresponde, acrecentada por el rol institucional inherente a su cargo”.
Asimismo, la defensa también ha pedido al TSJC que el TJUE evalúe la imparcialidad del magistrado instructor del caso, Carlos Ramos. Según la defensa de Torra, la imparcialidad de Ramos está quebrada porque fue propuesto como magistrado del TSJC por el PSC y que por lo tanto tenía interés en que fuera juzgado e inhabilitado porque dicho partido quiere que Torra dimita o convoque elecciones, algo que también descartó el TSJC.
Opciones si Torra es condenado definitivamente
Una vez sea efectiva la inhabilitación de Torra en caso de condena, se abrirán dos posibilidades: unas nuevas elecciones catalanas anticipadas –que solo podría convocar Torra antes de ser condenado en firme por el Supremo– o la elección de un nuevo president por parte del Parlament.
En este sentido, la ley de la presidencia de la Generalitat es clara: cuando un president cesa del cargo por condena penal firme, el Parlament debe poner de nuevo en marcha el proceso para escoger a su sucesor, que debe salir de entre los 135 diputados de la Cámara. Un detalle no menor: todos los actuales consellers, incluido el vicepresident Pere Aragonès (ERC), renunciaron a su acta de diputado tras conformarse el Govern en mayo de 2018. Todos salvo Miquel Buch (JxCat), titular de Interior y con quien Torra mantiene abiertas discrepancias sobre el papel de los Mossos d'Esquadra. Mientras el Parlament no escoge un nuevo president o presidenta, Aragonès ocuparía de forma interina el cargo, pero sin poder convocar elecciones anticipadas.
