Los Pujol esperan sentencia con su imagen tocada

En la mejor película judicial de todos los tiempos, Henry Fonda admite no saber la verdad sobre si el acusado es culpable. Esa duda razonable es lo que conduce a la absolución, en lo que supone un triunfo de la presunción de inocencia, un pilar del Estado de derecho tan crucial como denostado.

No son 12 hombres sin piedad, sino dos magistradas y un magistrado con años de experiencia a sus espaldas los que decidirán la suerte procesal de la familia Pujol. La verdad judicial bascula entre dos tesis sobre el origen de la fortuna oculta en Andorra: corrupción o legado familiar. Es posible que la sentencia no pueda dar con la verdad porque ninguna de las dos hipótesis resulte ganadora.

Los motivos de esta paradoja son varios, pero es algo con lo que se encuentran a veces los tribunales. Si no se prueba la acusación sin ninguna duda razonable, procede absolver. También es un triunfo del Estado de derecho. Se apellide como se apellide el acusado y aunque lo que se haya visto en sala sea poco tolerable en el plano ético.

Sea cual sea la sentencia, el juicio sí ha permitido a la ciudadanía observar en audiencia pública cómo los hermanos Pujol Ferrusola exponían su versión de los hechos. No así la del expresident, exonerado por su deterioro cognitivo. La verdad de la familia ha dejado tocada su imagen ante la opinión pública que la haya querido escuchar.

Durante muchos años, una buena parte de Catalunya prefirió no mirar lo que Jordi Amat definió con maestría en El hijo del chófer (Tusquets en castellano, Grup 62 en catalán) como los ángulos muertos del pujolismo. El juicio no los ha desvelado todos, pero sí ha retratado una época, los 23 años en el poder de Pujol, en los que no se dudó en recurrir a las lecciones de moral y a la censura para acallar toda voz crítica. 

Sin demasiada contención y ni un ápice de arrepentimiento, acusados y testigos han dibujado el funcionamiento de una élite y una clase social entregada al dinero fácil gracias a los contactos. También se ha visto a una familia que no vio reparos en mantener durante décadas dinero sin declarar en el extranjero mientras su padre era la primera autoridad de Catalunya.

La estruendosa vida económica de Jordi Pujol Ferrusola ha sido la puntilla al pretendido legado ético de su padre. El primogénito alardeó ante el tribunal de sus contactos y de ganar dinero con “información privilegiada” (se le pasó añadir que sin su apellido no la habría obtenido).

El nombre del expresident apenas se nombró en la vista hasta que los jueces decretaron el archivo del caso para él por su deterioro cognitivo. Si tuvo o no una cuenta en Andorra es algo que queda por resolver. A favor de esta tesis juega la carta manuscrita en la que Pujol, en el año 2001 (mientras todavía era president) asume la titularidad de una cuenta en el principado sin declarar.

La alternativa de la defensa es que en realidad la cuenta sería de Jordi Pujol Ferrusola. La misiva del expresident, según la defensa, formó parte de una treta para que la exmujer del primogénito no cobrara la mitad de lo que había en la cuenta tras el divorcio. Puede aceptarse en términos legales, pero en el campo ético es bastante problemático.

Este Guatemala o Guatepeor se repite con la deixa. Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, admitió la dificultad de probar que la fortuna oculta procede de un legado del abuelo Florenci (no hay documentos que lo corroboren) dado el “perfil” económico de Florenci Pujol, traficante de divisas y fundador de la fallida Banca Catalana.

En el juicio ha sobrevolado la hipótesis que no pocos conocedores del pujolismo manejan: parte del dinero oculto puede proceder de la quiebra de Banca Catalana. La defensa se ha limitado a aportar un libro sobre la crisis de la entidad, pero para trazar el perfil económico y empresarial de Florenci Pujol, no para explicar otro origen del dinero. La deixa se ha mantenido como única versión.

Martell jugó la carta de la duda razonable al plantear al tribunal que, aunque no dé por probado el legado como origen de la fortuna oculta, tampoco tiene que aceptar que los fondos proceden de la corrupción ante el “clamoroso vacío probatorio” de la Fiscalía. Esta tercera vía implica la absolución de la familia.

En el otro lado de los estrados, el juicio no ha sido un camino de rosas. Las dificultades de la Fiscalía para probar su tesis provienen del largo tiempo transcurrido (12 años de investigación de unos hechos que se remontan a los 80 y 90), el silencio empresarial que sigue envolviendo al pujolismo (a diferencia de muchas otras causas por corrupción, nadie ha tirado de la manta) y una instrucción mastodóntica pero ineficiente.

No se pudieron pinchar teléfonos en secreto ni pillar por sorpresa a los investigados porque el caso estalló de forma pública. Primero, con las revelaciones de la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, animadas por el jefe de gabinete del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después, por la intervención de la brigada política del PP para obtener el pantallazo de las cuentas en Andorra de la familia que terminó en la portada de El Mundo.

Tampoco ha ayudado la poca precisión fiscal en algunas de las adjudicaciones públicas bajo sospecha, que se concretaron bajo el tripartito de izquierdas y no bajo gobiernos de Convergència. Y hay que remarcar lo que ha parecido cierto desinterés institucional: el fiscal Fernando Bermejo ha estado solo, a diferencia de otros juicios de corrupción, donde actúan dos fiscales. En el caso Pujol, la Abogacía del Estado ha tenido a dos representantes para repartirse el trabajo, y eso que acusa por menos delitos que la Fiscalía.

Recordó Bermejo en su informe final una de las frases que define el juicio. “Tener una cuenta en Andorra era una tradición familiar en Catalunya”, declaró un testigo. “Esa tradición lo sería para las familias acomodadas, pero no para la mayoría”, replicó el fiscal. En la sala lo escuchaban varios acusados que pensaban que era lo normal.