El Síndic de Greuges denuncia que los recortes dejan a miles de personas al límite de la vulnerabilidad
Los recortes provocan graves daños sociales y afectan a los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más débiles. Esto se desprende del informe del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo en Catalunya, sobre su actuación durante el año 2012. Rafael Ribó ha remarcado además que realiza estas advertencias por cuarto año consecutivo y que nuevos recortes afectarían el corazón del sistema de derechos sociales. En este sentido, alerta del peligro de la limitación al 0,7% del déficit de la Generalitat por el Gobierno central.
El informe pone el foco en el número creciente de incidencias relacionadas con la gestión de la renda mínima de inserción. Se trata de la principal queja recibida por el Síndic (858 de un total de 8.231). No sólamente muchos beneficiarios han denunciado diversos atrasos en el pago de esta prestación sino que muchas personas sin recursos ni siquiera la reciben. El documento indica que este tipo de incidencias se ha intensificado durante el último año.
Otro de los puntos clave del anuario es el relacionado con los menores de 16 años, un colectivo particularmente vulnerable en Catalunya, ya que un 23,7% de ellos se encuentran en una situación de pobreza o riesgo de probreza. Esto se debe en parte a la falta de inversión en políticas de protección social dirigidas a la infancia y a la familia. Mientras los países europeos destinan en promedio el 2% del PIB a este tipo de políticas, la proporción se limita al 1,2% en España y el 1% en Catalunya. El Síndic lamenta especialmente la reducción de las prestaciones mínimas de dependencia o la implementación de copago en la sanidad y educación pública (por ejemplo, las becas-comedor) sin tomar en cuenta el nivel económico de las famílias.
Ribó también advierte que la falta de coordinación entre administraciones agrava los efectos de los recortes. En este sentido, señala al Gobierno central como el principal responsable de la “inexistencia de un marco estable de diálogo con las diversas autonomías que permita racionalizar el impacto real de las decisiones de reducción de gasto”.
Aumentan las quejas en torno al derecho a la vivienda
En 2012, el organismo dirigido por Rafael Ribó actuó también de manera frecuente en el ámbito de la vivienda y de la prevención de desahucios. Una de las medidas que propone es la eliminación de la plusvalía municipal para aquellas familias que pierdan su vivienda. El Síndic también hace recomendaciones para la SAREB (el llamado banco malo): sugiere entre otras cosas que se destine a alquiler social el 30% de sus inmuebles.
En cuanto a la transparencia de las administraciones públicas, el informe incluye varias propuestas, como el acceso para cualquier ciudadano a la información pública y que la denegación de este acceso sea la excepción y no la regla.
Por otra parte, el Síndic reclama nuevamente la suspensión preventiva del uso de las pelotas de goma por parte de los Mossos d’Esquadra hasta que el Parlament reciba el informe que encargó al Govern sobre este asunto. El Síndic pide que se estudien otras medidas que se puedan tomar frente a graves alteraciones del orden público.
