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Xavier García Albiol será el primer alcalde juzgado por su discurso xenófobo

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol / Foto: EDU BAYER

Benoît Cros

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), deberá responder finalmente ante la justicia por sus declaraciones xenófobas. Se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de incitación al odio y la discriminación e injurias colectivas. En concreto, Albiol será juzgado por los folletos racistas que repartió durante la precampaña para las últimas elecciones municipales. Se trata del primer cargo público en todo el Estado que dará cuenta ante un juez por este delito. SOS Racismo, entidad que actúa como acusación particular, pide un año de prisión e inhabilitación.

Los hechos se remontan a abril de 2010, cuando Albiol inició una precampaña electoral de cara a los comicios del 2011. Su equipo de campaña repartió miles de folletos propagandísticos en los que se vinculaba a los gitanos de nacionalidad rumana con la delincuencia. Los documentos incluían una foto de una pancarta que decía “no queremos rumanos”. Este fue el principal motivo de la querella de SOS Racismo, pero no el único. La asociación también denunció algunas de las reiteradas declaraciones xenófobas del entonces alcaldable de la ciudad. Albiol había llegado a afirmar que “los rumanos son una plaga y suponen una lacra para la ciudad” y que “el colectivo rumano gitano ha venido a esta ciudad a delinquir y a robar”. Fue criticado por estas declaraciones pero recibió el apoyo explícito de de la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Finalmente, durante los comicios de mayo de 2011, Albiol acabó imponiéndose y se convirtió en el primer alcalde de derechas en la historia de Badalona, una de las principales ciudades del área metropolitana de Barcelona.

Una vez asumió la alcaldía, Albiol continuó en la misma línea en cuanto a inmigración y multiplicó los golpes de efecto mediáticos. En junio del 2012 soltó que los rumanos de etnia gitana tenían “un comportamiento incívico”. Y también atacó a otros colectivos de inmigrantes: en abril del 2012 reabrió al tráfico la calle Chile, donde están ubicados muchos comercios paquistaníes, para “poner fin a los problemas de inseguridad e incivismo que se sufren en la zona”. Y al mismo colectivo le dedicó otras palabras despectivas: “En su país quizás sea normal vender comida caducada y tener la carne a la venta conviviendo con gusanos, pero en Badalona esto se ha acabado”.

Más recientemente, en septiembre de este curso, el pleno del Ayuntamiento decidió suprimir las licencias para nuevos centros religiosos en la ciudad, una decisión que pone contra las cuerdas a los colectivos que los frecuentan, porque paralelamente Albiol critica a los que rezan en la calle.

Movilización de entidades sociales

La querella contra Albiol ha tenido ya un largo recorrido: un juez de Badalona la archivó dos veces al considerar que la causa no constituía un delito de incitación a la discriminación, al odio o a la violencia previsto por el Código Penal. SOS Racismo, sin embargo, interpuso sucesivamente dos recursos y el caso fue finalmente trasladado al Juzgado Penal número 18 de Barcelona. Los querellantes dicen ser conscientes de las limitaciones del artículo 510 con respecto al castigo de conductas o declaraciones racistas pero creen necesaria una respuesta judicial.

La querella impulsada por SOS Racismo tiene el apoyo de varias organizaciones vecinales. “Hace falta una respuesta contundente”, dice Anna Vicente, portavoz de 'Badalona somos todas y todos'. “Albiol hace política para encender el fuego para criminalizar a los inmigrantes”, explica. Valente critica también que, en una situación de crisis, el alcalde enfrente a las personas entre ellas. “Estamos en una situación muy grave, con una falta de recursos económicos y lo que hay es trabajar a favor de la convivencia”.

El Ágora ciudadana de Badalona, que agrupa a 30 colectivos de la ciudad, ha hecho un llamamiento para protestar a las puertas de la Ciudad de la Justicia este miércoles. Más allá de los hechos juzgados, denuncian “las políticas de exclusión, represivas, clasistas, clientelares y xenófobas” que, en su opinión, “arrastran vientos de conflictividad en Badalona”.

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