La Junta hará todo lo que pueda para que el nuevo hospital de Toledo se construya
En palabras del portavoz de gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, la Junta asegura que va a hacer todo lo que esté en su mano, en cualquier ámbito, para continuar con el actual proyecto del nuevo hospital de Toledo sin replantearlo ni eliminar la privatización de los servicios complementarios del mismo y de todo el área hospitalaria toledana.
El proyecto del hospital ha quedado suspendido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que ha aceptado el recurso del taller de arquitectos Sánchez-Horneros sobre el incumplimiento de contrato que efectuó la Junta al ser despedidos del proyecto en el momento de su paralización, que ya se alarga más de tres años.
De hecho el gobierno regional ha dejado entrever que la empresa de arquitectura no ha pensado en el bien común de todos los castellano-manchegos al realizar este recurso que busca defender lo que por contrato le pertenece. “El asunto lo plantea una empresa particular y lo único que yo puedo decir es que el gobierno defiende los intereses generales de todos los ciudadanos; esa empresa, en su libre disposición de hacerlo, ha optado por esa medida”.
No obstante desde el gobierno no se da importancia al hecho de que haya algún recurso presentado puntualmente, como el caso de este, sino que “todo un partido como el PSOE esté detrás de un recurso que pretende dejar sin hospital a todos los ciudadanos de Toledo, cuando ellos fueron incapaces de llevar a cabo la obra”.
“Creemos que la defensa jurídica nos acabará dando la razón. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo contrario, vamos a garantizar que haya un nuevo hospital de Toledo y además que será transparente en su gestión. La defensa jurídica dará tranquilidad a todos”, señalaba Esteban.
PSOE, Arquitectos Sánchez-Horneros, y ahora UGT. Un nuevo recurso
Precisamente a la paralización del proyecto se ha unido esta semana el tercer recurso presentado ya al mismo, en este caso por parte de UGT. El sindicato denuncia ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el trato que recibirían los trabajadores de las concesionarias de los servicios no sanitarios y el incumplimiento del Pacto de Selección Temporal de Empleo del SESCAM.
Carmen Campoy, secretaria de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, señalaba que se han detectado al menos dos incumplimientos de la legislación de aplicación al personal estatutario, entre ellas que es ilegal la integración voluntaria de personal en la empresa que vaya a quedarse con los servicios ya que para ello es necesario que dicha empresa esté participada por la Administración pública, no puede hacerse con una empresa privada al 100%. El recurso del sindicato va dirigido a la legislación para con los trabajadores contemplada en el Pliego de Condiciones publicado del centro.
Por su parte desde Sánchez-Horneros han pedido el pago de las cantidades percibidas y de finalización de contrato, en torno a 3 millones de euros por un lado, y que se levante el acta de que no se responsabilizan de las obras futuras que se hagan en el centro ya que no han podido terminar su trabajo para evitar posibles problemas legales en un futuro.
