Presentado un nuevo recurso contra la licitación de las obras del nuevo hospital
El Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros fue el estudio que llevó a cabo la planificación y construcción del nuevo hospital universitario de Toledo hasta enero de 2012, momento en que el gobierno de Cospedal decide paralizar dicha obra hasta el día de hoy. Tres meses después de la paralización, la Junta despidió sin indemnización a los arquitectos que se estaban encargando de dicha obra.
Ahora, dicho estudio de arquitectura con el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo de Madrid presentará un recurso especial en materia de contratación en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda, concretamente el viernes 29. De ello ha avisado además previamente a la Junta con un escrito enviado a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. El Tribunal Administrativo ya tiene precisamente sobre la mesa un recurso anterior también ante la licitación del proyecto presentado por el PSOE.
El recurso del PSOE incide en la privatización del hospital al igual que se ha hecho en la Comunidad de Madrid y en esos 663 millones de más que va a costar el hospital con el nuevo proyecto del PP, que lejos de ahorrar ha disparado su precio en casi un 50% a pesar de reducir superficie, extensión y servicios del centro, así como en el parón de las obras que ha prolongado la ejecución final de las mismas cuando ya debía estar inaugurado el centro a día de hoy. Esos 663 millones van a parar a empresas privadas con la privatización del servicio.
Mientras que los socialistas no descartan acudir a órganos de justicia superiores para tratar no de parar, sino de anular definitivamente el proyecto presentado, los anteriores arquitectos van más allá y señalan que acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para paralizar las obras y la privatización del centro.
Este taller de arquitectura exige a la Junta la indemnización correspondiente a la anulación unilateral de su contrato. La Junta decidió paralizar las obras por su cuenta y eso acarrea unos gastos y pagos a la empresa contemplados además en el contrato previo. Además exigen que se subsanen los perjuicios económicos y profesionales que generó esa decisión unilateral de la Junta, que consideran “injustificada”, así como la liquidación que les corresponde por la decisión.
Precisamente la Junta se enfrenta a un juicio el próximo día 23 de septiembre contra este mismo taller de arquitectos en el juzgado nº 3 de Toledo. En ese juicio la empresa pide a la justicia que se suspenda de manera temporal toda actividad de construcción en el edificio hasta que no se liquide la deuda y la relación contractual debidamente con el anterior gabinete de arquitectos, y que sólo se permitan las obras necesarias para mantener la edificación ya hecha para que se pueda reutilizar en la construcción final.
