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DMD lamenta que la situación de la paciente terminal de Santiago sea un "atropello habitual"

La Asociación por el Derecho a Morir Dignamente señala que la Ley Básica de Autonomía del Paciente establece como uno de sus principios básicos el poder negarse a un tratamiento

Una asociación pide al fiscal de Galicia el respeto de la voluntad de los padres

Derecho a Morir Dignamente destaca que los padres de la niña enferma terminal de 12 años en el Hospital de Santiago ya han rechazado el tratamiento con alimentación e hidratación artificial, y han solicitado también que se alivie el sufrimiento de la paciente a través de una sedación paliátiva. Junto a esto, señalan que el Comité de Bioética del Hospital ha dado el visto bueno a la petición. Esto, señalan, es parte de uno de los principios básicos que establece la Ley Básica de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002. En el artículo 2 de la normativa, se señala que "el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento".

Además, la organización puntualiza que, en el caso de que el paciente no sea capaz de comprender el alcance de la intervención, será el representante legal del menor el encargado de tomar esta decisión, después de haber escuchado el paciente y si el mismo tiene doce años cumplidos. Por otro lado, aclaran que en Galicia estos derechos se han visto reforzados por una Ley Autonómica de Muerte Digna, en su artículo 3. DMD lamenta que este conflicto entre una familia y un equipo asistencial que "ignora lo que establece la ley e impone sus creencias personales a los valores y la voluntad del paciente es un atropello habitual"

En este sentido, la organización destaca que se provoca un "sufrimiento añadido" a una situación que, de por sí, es dramática y pide que los derechos de los pacientes no queden al "albur de la interpretación" de los profesionales médicos. Además, recalcan que las leyes autonómicas en regiones como Galicia, Andalucía o Canarias, entre otras, han demostrado ser herramientas "insuficientes" para lograr el respeto de los pacientes y la mejora de la calidad de la muerte de los ciudadanos. Además, señalan al Código Penal como una normativa que ejerce una "presión social" que "distorsiona" la toma de decisiones del final de la vida. 

Por esto señalan que , "frente al inmovilismo" de los grupos que defienden "la sacralidad de la vida", la sociedad española es "plural" y se manifiesta de forma "mayoritaria" por regular la eutanasia. En este sentido, señalan que es necesario alcanzar "nuevas mayorías" en el próximo Parlamento Español que permitan abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. "Esto beneficiaría no sólo a aquellas personas que deseen disponer de su vida con todas las garantías, sino a todos los ciudadanos, que verían como una realidad los cambios en la relación médico-paciente que estableció en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente".

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