“Este es un equipo de gobierno que pretende vencernos por el hambre y la sed”
“Los que estamos aquí dentro nos estamos tomando la situación con mucho humor y 'buen rollo', pero realmente la situación es muy complicada”, explica Jaime Romero, representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el encierro del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, uno de los 30 encerrados desde el martes en la lucha por la gestión pública de las aguas de la localidad. Explica también que, a pesar de que se ha convocado un pleno extraordinario el viernes 21 a las 9 de la mañana para establecer si se llevará a cabo o no el referéndum popular para decidir la gestión de las aguas, “se sabe” que se la gestión de las aguas se concederá en el plano de las 10 de la mañana a la empresa privada Aqualia. “Esto lo consideramos una tomadura de pelo y no estamos de acuerdo. Seguiremos encerrados, con perspectiva a largo plazo”, explica Romero. Una orden oral de la alcaldía a la policía ha hecho que el cuerpo policial impida que los vecinos lleven comida o bebida a los encerrados en el Ayuntamiento. A pesar de que algunos lograron saltarse los controles de la policía y llevar comida caliente a los concentrados en el edificio municipal, las provisiones empiezan a escasear. Además, la calefacción lleva apagada desde el martes por la tarde y la policía ha sustraído también los calefactores que algunos vecinos lograron pasar para ayudar a calentar el pasillo estrecho en el que las 30 personas están hacinados. Romero señala también que las salidas de emergencia se han cerrado con bridas.
“Consideramos que estas medidas cierran el diálogo por parte del Ayuntamiento”, afirma el representante de Izquierda Unida. Las personas dentro del Ayuntamiento denuncian que el alcalde, Diego Ortega, no ha sido siquiera capaz de personarse en las instalaciones para negociar con ellos. También denuncian la violencia de la policía, una situación que el pueblo no había vivido nunca en su historia, “ni siquiera en el franquismo”. La represión se ha extendido hasta tal punto, que hubo problemas, incluso, para dejar pasar al personal sanitario que entró al edificio para tratar a una de las mujeres encerradas, que sufrió un ataque de ansiedad, y han indicado cómo la policía los ha amenazado diciéndoles que “no se pongan tontitos o traerán un fontanero y les cortarán el agua”. “Es la primera crisis que ha sufrido el Gobierno Municipal y no han sabido cómo reaccionar”, explica Romero, “pretenden vencernos por el hambre y la sed”, finaliza. Tanto la Plataforma de los miembros de Izquierda Unida concentrados en el Ayuntamiento como el PSOE han impuesto demandas contra el Ayuntamiento por impedir la movilidad dentro del edificio, y por las prohibiciones de introducir comida o bebida en las instalaciones.
Contra la libertad de expresión
La Asociación de Periodistas de Ciudad Real, por su parte, ha denunciado que el Ayuntamiento ha impedido el acceso a los medios de comunicación que se dirigieron al edificio público, impidiendo que los periodistas realizasen su trabajo de informar a la ciudadanía de los hechos. En el caso de la periodista de la cadena La Sexta la asociación airma que fueron sus denuncias las que permitieron a la profesional salir del edificio consistorial para seguir realizando su trabajo. El organismo desaprueba públicamente el proceder del Gobierno Municipal en este ámbito y considera que es intolerable la vulneración del artículo 20 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, ya que así también se le niega a los ciudadanos el derecho a estar informados, y exigen a la policía y a las autoridades que se facilite la labor de los profesionales de la comuicación.
Modelo antiecológico y antieconómico
Ecologistas en Acción, por su parte, ha denunciado también que este tipo de gestiones siguen la denuncia de un modelo generalizado en España, en el que sólo se vela por la acumulación de ganancias y no por el bienestar de los ciudadanos. La organización denuncia que este modelo es antiecológico, ya que promueve el aumento en el consumo del agua por parte de las concesionaias para incrementar sus beneficios, y que es también antieconómico, pues supone la entrega de un servicio más caro a los ciudadanos, en un momento de precariedad económica, además de antidemocrático y antisocial, porque elimina la posibilidad del control ciudadano en la descusión, elaboración y toma de decisiones sobre un tema de interés general, además de que no existe un organismo regulador que pueda evaluar el servicio. Ecologistas en Acción llama al Ayuntamiento a paralizar el proceso de privatización de la Empresa Municipal de Aguas y a reconocer a la Plataforma Contra la Privatización del Agua de Alcázar como interlocutora legítima del pueblo alcazareño, ya que puede facilitar los cauces de diálogo y participación para alcanzar la mejor solución.
