“Hay quien va a por lana y sale trasquilado”. De esta forma resumía la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el caso conocido en Albal de un putero que denunció a la policía que una prostituta le cobró sin terminar el servicio, pero fue él quien acabó recibiendo una multa de 800 euros por consumo de servicios sexuales en la vía pública.
El de Albal es un ejemplo de lucha de la administración contra la prostitución, que centra su objetivo en el putero, el consumidor de la prostitución, no en quien la ejerce, como es el caso de Alicante, que en su nueva ordenanza municipal fija la sanción en la prostituta. En estas dos localidades se muestran las dos líneas que siguen las diferentes orientaciones políticas. En Albal se refleja la izquierda del Pacte del Botànic, que apuesta por impulsar leyes que castiguen a los clientes y al proxenetismo, como defendió la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Por otro lado, en Alicante (gobernado por PP y Cs con apoyo de Vox), como afirma su concejal de seguridad, José Ramón González, se busca tener “una ciudad más segura”, y se llega a imponer multas de hasta 3.000 euros a las prostitutas.
En Albal, la nueva ordenanza aprobada en julio en el pleno por unanimidad carga sus energías en endurecer las multas con sanciones de hasta 800 euros a los puteros -cantidad máxima que se aplicó al caso reciente-. El gobierno municipal, conformado por PSPV, Compromís y Podemos, mostraba su “compromiso de perseguir a los consumidores sexuales”, poniendo multas más altas “para poner freno a las actividades relacionadas con la explotación sexual y la prostitución”. Además, se quiere “concienciar a las personas, acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión del delito de trata de personas en todo el mundo”.
Pero en el caso de esta localidad de poco más de 16.000 habitantes de l'Horta Sud cabe destacar el caso detonante que desembocó en este endurecimiento. Se trata del asesinato de Florina Gorgos, una joven de 19 años que ejercía la prostitución en una rotonda de este municipio, y que fue raptada y estrangulada a principios de 2021. Su asesino -un presunto cliente- abandonó el cuerpo en una acequia de Silla. Además, era la segunda muerte en la localidad en estas circunstancias, después de la joven Ivana Yutakova, de 21 años, asesinada en 2004. La iniciativa se trasladó también al Consell para dar visibilidad a la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y “acabar con los puteros”, según puso de manifiesto Ramón Marí.
Desde Alicante, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs), defendía las multas de hasta 3.000 euros contra prostitutas y también contra mendigos, afirmando que su equipo de gobierno “ha apostado por dar un marco jurídico a la Policía Local para que pueda actuar frente a actos incívicos que a ningún vecino le gusta encontrarse a las puertas de su casa, ni en su calle ni en su barrio”.