PP, Cs y Vox aprueban en Alicante sancionar con hasta 3.000 euros la mendicidad y a las mujeres prostituidas

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en sesión extraordinaria y telemática de manera definitiva la ordenanza de Convivencia Cívica, una norma que PP y Cs en el qeuipo de gobierno califican de “buena” y “muy reclamada” por los vecinos y que ha salido adelante con sus votos y el apoyo de Vox (16) y el rechazo de PSPV, Compromís y UP (13), que sostienen que el texto hace una ciudad “más cruel”.

La norma ha sido aprobada en su texto enmendado en la anterior Comisión de Presidencia por las propuestas de Cs y sin integrar las once alegaciones de Unides Podem-EUPV que había llegado “vivas” a la sesión de este martes. La ordenanza municipal, que establece sanciones de hasta 1.500 euros por conductas consideradas incívicas, obedece a un pacto de PP y Ciudadanos con Vox para aprobar los presupuestos municipales. En caso de que la mendicidad se practique con menores o de personas con discapacidad, la sanción subirá hasta los 3.000 euros.

Durante el debate, PP y Cs han acusado a PSPV, Compromís y UP de mentir sobre el contenido de la ordenanza y de las posibles sanciones a prostitutas e indigentes en la vía pública, mientras que estas formaciones sostienen que la norma “persigue a los más vulnerables y que así Alicante se convierte en una ciudad más inhumana, triste y cruel”.

En su turno de intervención, el concejal de Seguridad, José Ramón González, ha insistido en que “es una buena ordenanza” para conseguir “una ciudad mejor” y ha reiterado que su aprobación es “necesaria” puesto que es “muy reclamada por los vecinos”. También ha señalado que algunos aspectos del borrador son “iguales” al que se ha puesto en marcha en ciudades gobernadas por Compromís y PSOE, con Valencia como ejemplo, y les ha acusado de “mentir” al afirmar que con esta ordenanza “se persigue al colectivo migrante o al LGTBI”.

“Son unos mentirosos y unos cínicos. Nosotros somos los únicos que hemos trabajado y ayudado a las personas más vulnerables porque ustedes (PSPV, Compromís y UP-EUPV) las dejaron en manos de las mafias al derogar la anterior normativa. No hicieron nada y ahora están en el momento de poder ayudarles”, ha indicado González.

Asimismo, el 'popular' ha recalcado que con esta propuesta “ayudaremos a que las mujeres prostituidas puedan salir de esa situación y ayudaremos a aquellos que estén en la indigencia y actuaremos contra la mendicidad coactiva para dar protección social a las personas más necesitadas”.

Por su parte, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha sostenido que este equipo de gobierno “ha apostado por dar un marco jurídico a nuestra Policía Local para que pueda actuar frente a actos incívicos que a ningún vecino le gusta encontrarse a las puertas de su casa, ni en su calle ni en su barrio”.

El Botánico, en contra

Los partidos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-Unides Podem) han lamentado la aprobación de la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Alicante (PP-Cs) al considerar que supone “volver a la ley de vagos y maleantes”, mientras el PPCV ha asegurado que la que proyecta el gobierno municipal de València es igual.

Así han valorado representantes de Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics, la normativa aprobada este martes por el pleno municipal de Alicante. El texto de la ordenanza habla de preservar el espacio público como un “lugar de convivencia” y de prevenir las conductas vandálicas, el ruido, los grafitis, las agresiones contra el patrimonio y actitudes de acoso, entre otros aspectos.

Sin embargo, el socialista Manolo Mata ha advertido que es una medida “vergonzosa y aporófoba” y ha acusado al bipartito de Alicante de querer volver a “la ley de vagos y maleantes del franquismo”. “Esto hay que pararlo (...) No podemos criminalizar a las personas más vulnerables”, ha reivindicado.

Por eso ha abogado porque Les Corts se posicionen sobre esta ordenanza y reivindiquen la Comunitat como un territorio inclusivo, recomendando a no aprobar normativas así, aunque ha reconocido que el Ayuntamiento de Alicante está en su derecho de sacar adelante sus proyectos.