Compromís pide explicaciones en el Senado de los requerimientos de Bruselas por el aeropuerto de Castellón
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido desde el Senado explicaciones al Gobierno Central sobre todos y cada uno de los requerimientos hechos por la Unión Europea a la administración española por los continuos incumplimientos en la tramitación de este polémico proyecto.
Según Mulet, el último expediente abierto a la sociedad pública del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) por el contrato con SNC Lavalin, “no es un caso puntual, sino que desde el principio Europa ha ido en teoría anunciando investigaciones, expedientes y peticiones de información al Estado español, que nunca han transcendido, por eso queremos saber, ante un posible expediente que se resuelva en sanción, y que por lo tanto, tendremos que pagar todos los contribuyentes, hasta qué punto el Gobierno Central tomó cartas en el asunto o hizo caso omiso”.
Esta misma semana, el eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià recordó que ya en 2008, el entonces vicepresidente del Ejecutivo comunitario y comisario de Transportes, Antonio Tajani, anunció que la UE pediría información a España para averiguar si el aeropuerto de Castellón iba a recibir financiación pública con el fin de averiguar “si se ha concedido financiación pública en este asunto o si está prevista dicha concesión”.
Ayudas públicas a empresas privadas
Compromís recuerda que el contrato con Lavalin reitera las ayudas públicas que ya se producían hacia Conaer en el principio, y ya entonces se advirtió, en 2008, que éstas vulneraban directivas europeas, por lo tanto, si el gobierno Fabra repitió el modelo con otra empresa, estaba sobreavisado “se trataba de ayudas de la administración pública a empresas privadas, ya que aunque no formará parte de la red de aeropuertos públicos del Estado, los contratos del aeropuerto, tanto el actual como el de Lavalin, prevén una serie de garantías para las sociedades que se han hecho cargo de su construcción y gestión primero, o simplemente de explotación ahora. Y todas ellas contravendrían directivas europeas”.
Mulet ha pedido copia de todas las advertencias, comunicados, quejas o investigaciones que ha cursado la Unión Europea ante el Estado español “el promotor de este desaguisado ha sido el Gobierno Valenciano, pero Europa advertía a España para que actuara dentro de sus competencias, y aquí tememos una dejación total de responsabilidades”·
Expedientes anteriores
Otros expedientes abiertos al Estado Español por el aeropuerto, “de los que no se ha informado de su resultado, se retrotraen a principios de 2007, cuando la Comisión Europea informó sobre la incoación de una nueva investigación relativa al aeropuerto de Castelló (Estado español) relacionada, entre otros con la aplicación de la normativa medioambiental de la CE, en particular de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997”.
Según el anuncio de la Comisión, se iba a solicitar a las autoridades españolas información sobre los procedimientos en curso en la fecha ante tribunales españoles para determinar si se refieren a cuestiones relativas a la aplicación de la normativa comunitaria y para garantizar, si fuera necesario, que dicha normativa se aplique plenamente en este caso. Este punto fue objeto de la pregunta E-5339/08ES, a la cual en respuesta de la Comisión (8.12.2008) se dijo que “en el año 2007, la Comisión puso en marcha una investigación sobre el proyecto mencionado por Su Señoría y solicitó a las autoridades españolas información acerca de cómo la normativa de la UE ha sido aplicada por las autoridades competentes en relación con las obras de construcción en curso del Aeropuerto de Castellón.
La investigación se centró en verificar si algunas de las probables enmiendas del proyecto aprobadas por las autoridades competentes se ajustaban a las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE. La respuesta de las autoridades españolas a las cuestiones planteadas por la Comisión se recibió el 24 de enero de 2008. “Esta respuesta está siendo evaluada en la actualidad y, por consiguiente, la Comisión todavía no está en condiciones de decidir sobre la continuación o el cierre del procedimiento en curso hasta que la evaluación permita llegar a una conclusión al respecto”.
