La alcaldesa de València, María José Catalá, respira algo más aliviada este miércoles tras conocer que el Gobierno central flexibilizará los requisitos para subvencionar el transporte público. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes un real decreto en el que permite a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes recibir las ayudas del transporte si tienen la ordenanza para la zona de bajas emisiones en funcionamiento en 2026, y no a finales de este año.
En concreto, el texto establece como condición para las ayudas: “En el caso de municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, a la pertinente acreditación, mediante declaración responsable, o bien de disponer de una zona de bajas emisiones activa en su territorio, o bien de implantarla y que se encuentre en funcionamiento durante 2026”.
El decreto implica algo de oxígeno para la dirigente del PP valenciano, que no ha podido sacar adelante el proyecto de ordenanza por el veto de Vox. Las subvenciones al transporte están condicionadas a una norma que Vox ha rechazado en los últimos meses. Su socio de gobierno ha tumbado todas las propuestas en la capital valenciana y ha presentado una propuesta legislativa en las Corts para revertir todas las ordenanzas de este tipo que haya aprobadas en la Comunitat Valenciana. La izquierda calcula que entre sanciones y pérdida de ayudas la factura alcanzará los 150 millones de euros.
La publicación en el BOE llega justo un día después de que Catalá anunciara que el Ayuntamiento tendría que abonar 14 millones de euros en el primer semestre para mantener el precio reducido del bonobús. Este miércoles, la alcaldesa ha valorado: “Pensamos que no tendremos que asumir a pulmón el 40% ya que nos han posibilitado durante el año 2026 seguir acogiéndonos a las ayudas”. A su juicio, ello sucede porque “había también muchos municipios socialistas como Paterna, que por mayoría absoluta no tenían ZBE y han tenido que flexibilizarlo”, ignorando el condicionante de Vox en su equipo de gobierno.