El Juzgado de Instrucción número 1 de la Vila Joiosa ha citado a declarar el próximo 2 de diciembre al inspector interino J.J.L.D., junto a otros siete agentes de la Policía Local de la misma localidad, en el marco de una investigación por la posible comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.
Según las diligencias judiciales, el procedimiento se abrió después de que varios agentes no detuvieran a un presunto maltratador reincidente pese a los indicios y antecedentes existentes. Los hechos se produjeron cuando la Policía Local acudió a una vivienda tras el aviso de una mujer que denunciaba haber sido agredida delante de su hija menor.
Aunque los agentes comprobaron signos de violencia y la existencia de antecedentes, no practicaron la detención del sospechoso, limitándose a garantizar la seguridad de la víctima y su hija y a retirar un arma de aire comprimido que el hombre entregó voluntariamente. Posteriormente, la Guardia Civil detuvo al presunto agresor, y la víctima fue catalogada como riesgo alto en el sistema VIOGEN.
La actuación de la Policía Local, que no incluyó la comprobación de posibles órdenes de alejamiento en vigor, ha motivado la investigación judicial que instruye la Guardia Civil de la Vila Joiosa.
Nombramientos polémicos en la cúpula policial
El mando de la intervención, J.J.L.D., fue nombrado inspector interino por el alcalde Marcos Zaragoza (PP) pese a haber suspendido el examen para el puesto con una calificación de 1,4 puntos. Junto a él fue designado otro oficial también interino, una decisión que ha generado malestar entre la plantilla al mantenerse en los cargos mandos que no superaron las oposiciones.
Esta polémica ha supuesto que se investigue también al alcalde, al concejal de Personal Paco Pérez y al exjefe de Recursos Humanos, del Ayuntamiento, por presunta prevaricación administrativa en los procesos de promoción interna de la Policía Local.
El conflicto se originó tras las oposiciones de 2023 para cubrir dos plazas de inspector, en las que solo aprobaron dos de los 60 aspirantes. Pese a ello, el 25 de noviembre de 2024 el Ayuntamiento nombró a dedo a los dos oficiales suspendidos —M.A.P.G. y J.J.L.D.— como inspectores interinos por un año, a propuesta del alcalde y del comisario jefe.
Ocho días más tarde, el consistorio publicó las bases de una bolsa de empleo temporal para las mismas plazas, una decisión que, según fuentes jurídicas, podría tener consecuencias legales al restringir los derechos de otros aspirantes.
La Fiscalía ya había impulsado una investigación anterior por los mismos hechos, al considerar que los nombramientos vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.