Un directivo confiesa ante el juez tensiones en Imelsa por la adjudicación del call center
Un alto cargo de Imelsa, la empresa pública en el centro del caso Taula, ha reconocido ante el juez que investiga el asunto tensiones en la adjudicación del centro de atención telefónica a Servimun, una empresa supuestamente favorecida, a cambio de mordidas, por el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y su antiguo hombre de confianza, Marcos Benavent, a su vez gerente de Imelsa.
Enrique Grau, director jurídico de Imelsa, ha confesado que discutió sobre el tema con Salvador Deusa, el funcionario que, según los investigadores, ejercía de correa de transmisión de Rus y Benavent. A pesar de ello, ha defendido la legalidad del proceso, según Las Provincias. Cumplió todos los requisitos formales y ni siquiera fue imputado por los competidores de Servimun, ha dicho.
La adjudicación del centro de atención telefónica es una de las seis investigaciones abiertas por el Caso Taula. Los investigadores del caso -la Guardia Civil y el juez- sospechan que Rus y Benavent conspiraron en connivencia con algunos funcionarios -Deusa, exjefe de Planificación de Imelsa- para favorecer a cambio de comisiones de a Servimun.
Ésta compañía estaba vinculada a Mariano López, exsuegro de Benavent, también imputado en la causa. Fue creada en Alicante por un militante del PP -Fernando José Palomares, exconcejal del partido en El Campello-¡. El exadministrador ha sido socio del marido de Marta García Romeu, exconcejal de urbanismo del PP en Alicante. El hijo de López -excuñado del yonqui del dinero- dirigía el servicio.
Aunque Servimun no tenía experiencia en la atención telefónica, ganó una concesión que salió a licitación por poco más de dos millones de euros. El contrato no fue renovado por la Diputación, ahora gobernada por un pacto entre fuerzas de izquierdas, por, entre otras cosas, indicios sobre el pésimo servicio prestado. “Las conclusiones de dicho informe [uno de la Diputación] indicaron la existencia de cumplimiento defectuoso imputable al contratista”, dice el magistrado en el auto en el que imputa a Rus y otras 11 personas por el asunto.
Una empresa favorecida por “voluntad” de Rus
En su decisión, el juez subraya “que la adjudicación del servicio call center a Servimun, con cargo al presupuesto de Imelsa, pudo ser decidido por voluntad de Alfonso Rus con la intención de favorecer los intereses particulares de dicha empresa y de su legal representante, contando para ello Alfonso Rus con la colaboración de Salvador Deusa”.
La afirmación del juez se basa en el testimonio incriminatorio de Benavent, que habría sido confirmado por la UCO, la sección especializada de la Guardia Civil que investiga el caso. Rus y sus principales colaboradores, yonqui del dinero incluido, y Deusa, se habrían conchabado para otorgar el contrato a Servimun.
Además de Rus, Benavent, López y Deusa, hay otros 8 imputados por el call center. Entre ellos, Grau, quién ha declarado este lunes; el ex diputado provincial encargado de Empresas Públicas, Rafael Pérez; el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, Jorge Cuñat; el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, Manuel López Montoniu; el director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch; un responsable de gestión tributaria, Francisco de Angel Marí y el empresario Salvador Sansano.
