El exconseller Rafael Blasco se queda fuera de los pactos con Anticorrupción en el juicio por los contratos informáticos
El fiscal Jesús Carrasco ha alcanzado pactos de conformidad con tres acusados en el juicio por los contratos informáticos del exconseller Rafael Blasco. Se trata del exjefe de Informática de la Conselleria de Inmigración y Solidaridad, Javier Murcia, el acusado que sufrió un grave percance de salud durante la vista oral del pasado 3 de marzo. La secretaria general administrativa de la conselleria Agustina Sanjuán y el empresario Augusto César Tauroni también han alcanzado un pacto de conformidad parcial con el Ministerio Fiscal.
Fujitsu España Services SAU e Indra Sistemas SA, las empresas intermedias que, tras las adjudicaciones, subcontrataban a Dinamiz-e, firma del presunto testaferro de Blasco, también han alcanzado un pacto por el que asumen el pago del 80% de la responsabilidad civil. Anticorrupción pedía responsabilidades civiles como partícipes a título lucrativo a Indra Sistemas SA (202.489,61 euros) y a Fujitsu España Services SAU (69.536,02 euros) para resarcir a la Generalitat Valenciana.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga la pieza quinta del caso Blasco, correspondiente a los contratos informáticos que la Conselleria de Inmigración y Solidaridad adjudicó a las dos multinacionales que luego subcontrataron los trabajos a las firmas pantalla del presunto testaferro del exconseller, el empresario Augusto César Tauroni.
El exjefe de Informática, Javier Murcia, acepta una condena de un año de prisión, dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y desempeño de cargos de jefatura en cualquier entidad pública, además del pago proporcional de las costas procesales, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con fraude administrativo.
Anticorrupción ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de confesión, así como las circunstancias de salud del acusado (el letrado de la acusación popular, ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD, se ha adherido al pacto por una “cuestión fundamentalmente humanitaria”).
El funcionario, que ha renunciado al derecho a la última palabra, ha sido exento de permanecer en la sala y ha agradecido al tribunal y al personal médico de la Ciudad de la Justicia que lo atendieron en la anterior vista del juicio: “Fue vital porque igual yo no estaba aquí”, ha dicho antes de abandonar la sala.
El Ministerio Fiscal solicita para el expolítico del PP una pena de dos años y ocho meses de prisión, una multa de 400.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público durante una década como presunto autor de un delito continuado de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación administrativa y fraude a la Administración.
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