El fiscal del 'caso Taula' ha asegurado que dos exalcaldes adjudicaron contratos “exclusivamente en beneficio” del empresario Marinao López (exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'), uno de los principales acusados de la pieza separada K de la causa, en la que tambien se sientan en el banquillos los antiguos primeros ediles de Requena, Javier Berasaluce, y de Enguera, Santiago Arévalo, ambos del PP, además de Óscar Martínez, del PSPV-PSOE que sucedió a Arévalo.
En la fase de conclusiones del juicio, celebrado ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal Fernando Maldonado ha repasado las irregularidades detecatadas en los cinco contratos analizados con la empresa Servimun, de Fernando Palomares (para quien se archivó la causa por enfermedad) y a Técnicas Legales Administrativas (TLA), de Mariano López. “Todos estaban de acuerdo en beneficiar a TLA”, ha afirmado el representante de Anticorrupción, quien también ha pedido “especial cuidado” con los caudales públicos.
El Ministerio Público concibe su acusación con la “idea” de que los cinco contratos adjudicados eran un “conjunto” del que se deduce un “acuerdo” de los alcaldes de Requena y Enguera con los dos empresarios para adjudicarles “de forma preconcebida”.
El fiscal ha argumentado que el órgano de contratación era directamente cada alcalde y ha repasado cada factura. Dos de las facturas mantienen el “mismo objeto”. En uno de los contratos —por el procedimiento negociado sin publicidad— una de las empresas que fue invitada tenía sede en Canarias y en el caso de otra ni siquiera “consta la recepción de la invitación”.
En un tercer contrato, no se cumplió ninguna de las mejoras previstas y la Intervención se opuso al abono de la factura. Hubo, en el caso de Enguera, un “empeño especial” del alcalde en otorgar el contrato a Servimun. El sucesor del alcalde Santiago Arévalo en Enguera, el socialista Óscar Martínez, acabó pagando durante su mandato una factura a Servimun por un concepto diferente al inicial del contrato, según la acusación pública.
El fiscal, por otro lado, ha suprimido de su escrito de conclusiones definitivas el delito de falsedad documental imputado a Marinao López y el de negociaciones prohibidas a funcionarios a Ricardo de Ángel Marí.
Las defensas esgrimen una absolución anterior
Las defensas, por su parte, cuestionan que la pieza separada K del 'caso Taula' nace de la D, cuya sentencia absolutoria (dictada en 2023 por la sección quinta de la Audiencia de Valencia) avaló el papel de la empresa TLA, de Mariano López, como una suerte de asesora de Servimun en contratos adjudicados por administraciones publicas.
Tras varias suspensiones de la vista oral, las defensas han pedido la absolución de los exalcaldes y del empresario. El letrado del exalcalde Javier Berasaluce ha asegurado que si su cliente adjudicó mediante un contrato menor fue porque “le ley se lo permite” y ha dicho que no contrató directamente sino que existía una mesa de contratación.
El abogado también ha cuestionado que la causa encaje en la jurisdicción penal (sostiene que corresponde más bien al terreno contencioso administrativo). “El plan preconcebido no existe”, ha manifestado la defensa, que también ha recordado que los trabajos adjudicados permitieron aflorar deuda oculta en materia de impuestos y que las facturas fueron revisadas por técnicos municipales.
La defensa del exalcade de Enguera, Santiago Arévalo, ha considerado que la práctica de la prueba en la vista oral ha desbaratado, a su juicio, la acusación pública. El letrado ha asegurado que no hay prueba del supuesto amaño o del concierto para defraudar. Por el contrario, ha afirmado que la Fiscalía Anticorrupción cae en una “presunción de culpabilidad”. Se trata, según el letrado, de un servicio que se paga en función de la deuda aflorada y, por tanto,“ beneficioso” para las arcas municipales.
Los móviles intervenidos por la UCO
Por otro lado, el letrado del exalcalde Óscar Martínez ha cuestionado que su cliente se conchabara con su antecesor, el anterior primer edil del PP. “No se dirigen ni la palabra”, ha afirmado el abogado. La defensa del exalcalde socialista ha cuestionado la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la ha tildado de unidad policial “subcontratada” por Anticorrupción.
También ha asegurado que el “material de trabajo” de la UCO son los teléfonos móviles que interviene en las operaciones de corrupción. “Gracias al 'caso Taula', la UCO tiene hoy los teléfonos de un centenar de personas, saben qué compran en Amazon, con quién ligan en Tinder o qué compras hacen”, ha dicho letrado.
Por el contrario, ha remachado, si la UCO “no hubiera investigado [la pieza K], Enguera hubiera recaudado un millón de euros”, ha concluido el abogado.