El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha presentado este lunes el plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana tras la DANA que dejó 228 muertos en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.
El plan lo ha elaborado la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por medio de un contrato de emergencia adjudicado por el vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, con un coste de 2,2 millones de euros, de los que ya se ha abonado un 50%. Un contrato que ha generado una inspección de trabajo por supuesta cesión ilegal de trabajadores.
Mazón ha puesto en valor que han trabajado “sin descanso para dotar de recursos económicos a vecinos y empresas; reconstruir infraestructuras básicas como el metro o los colegios; ofrecer recursos para la protección de la salud mental de todos los afectados” y ha destacado que “esta primera fase ha sido posible gracias al trabajo ingente” del personal de la Generalitat.
“Hoy empieza una nueva fase después de que todos los municipios hayan abandonado la fase de emergencia. Vamos a adentrarnos de forma detallada en el Plan Endavant” ha dicho el jefe del Consell, quien ha detallado que en estos 244 días desde la DANA se han movilizado 1.466 millones de euros de ayudas directas, 924 millones de euros en contratos de emergencia, se han limpiado más de 900 garajes, se han gestionado 9.300 palés de ayuda humanitaria y se han dedicado 330.000 horas de trabajo.
Según Mazón, con este plan “se abordan las reformas estructurales para consolidar la recuperación y evitar que vuelva a suceder algo así”. Además, se ha preguntado si hay infraestructuras que podrían haber minimizado el impacto de la riada, si disponemos de planes que permitan reaccionar de forma inmediata, si los barrancos están en las mejores condiciones y por qué no ha sido posible una mejor coordinación entre administraciones.
“Las futuras generaciones nos juzgarán por nuestra capacidad de haber comprendido y de haber aprendido de lo sucedido. Aunque los valencianos somos un pueblo acostumbrado a estas catástrofes y en los últimos años hemos tenido una treintena de alertas rojas, ninguna fue comparable con lo que pasó hace 244 días, no hay nada que nos preparara para algo así”, ha dicho el presidente tratando de justificarse ante su tardía respuesta el día de la DANA: “Es evidente que no era previsible, pero no hay que contemplarlo como una rareza estadística porque puede volver a pasar”, ha insistido.
Sobre el plan ha explicado que “una parte pretende acelerar lo que queda de reparación del 29 de octubre incentivando medidas fiscales o cambios legales para que los ayuntamientos tengan más herramientas”.
Así, ha concretado que dispone de cuatro ejes: “Revolución en las infraestructuras, en la prevención, en la protección y en la gestión de emergencias”. En el primer caso se trata de “intervenciones integrales en el barranco del Poyo y en el cauce del río Magro; solicitamos que se identifiquen y jerarquicen tramos según su conflictividad, que se limpien y se mejore la capacidad de desagüe; también instalación de tanques de tormentas para grandes volúmenes de agua o un estudio integral con el Gobierno sobre los motivos por los que algunas carreteras y puentes no soportaron la presión para tenerlo en cuenta a la hora de la reconstrucción”.
Sobre el segundo eje ha explicado que se trata de actualizar las infraestructuras de monitoreo y respuesta temprana ante situaciones de emergencia. Realizar un “test de estrés para identificar zonas de riesgo elevado y definir programa de medidas”. Una guía “individualizada de cada barranco con sistema de alerta temprana”.
El tercer eje pretende modificar la normativa de seguridad de edificios públicos y privados con “obligación de instalación de bombas de achique y rutas de evacuación vertical, de salida a zonas seguras, así como dar formación en protección a los escolares al igual que se hace con incendios”, ha explicado Mazón.
Por último, en cuanto a la gestión de emergencias, “no puede ser suficiente con aportar un dato, sino qué riesgo implica para las personas” por eso “además de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los ayuntamientos tendrán que reportar cada 60 minutos la situación de sus barrancos cuando hay una alerta naranja o roja”.
Además, Mazón ha propuesto la creación de “una empresa pública mixta entre la Generalitat y el Estado para ejecutar infraestructuras hidráulicas así como la creación de una Agencia Estatal del Agua con sede en Comunitat Valenciana”. También fomentar el desarrollo suelo para construcción viviendas con una sociedad mixta y la creación de una comisión permanente en las Corts para seguimiento y control de plan recuperación.