Cárceles políticas
Venezuela liberó el 8 de enero a “un número importante de personas” (en realidad no se sabe cuántos, pero el número no parece significativo) como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país (según palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez).
Entre esas personas se hallaban cinco españoles (una de ellas con doble nacionalidad) que llegaron a España el 9 de enero. Cinco personas que han pasado más de un año retenidas en el país acusadas de llevar a cabo actos “terroristas” contra Nicolás Maduro y de comportamientos “sospechosos” (sic). Es más que evidente que si hubieran cometido algún tipo de acto “terrorista” con repercusiones no habrían sido excarceladas. Han sido encarceladas desde hace años miles de personas por haber querido expresar su disconformidad con el Gobierno.
El gobierno español confirmó el 13 de enero otras tres nuevas liberaciones y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que habían sido liberadas más de 400 personas. Sin embargo, según las informaciones de las ONG, la cifra es inferior, seguramente fueron liberadas las personas que habían pagado ya que el Foro Penal cobra por tramitar las liberaciones. El 13 de enero, Delcy Rodríguez aseguró haber realizado 626 excarcelaciones como parte del “gesto unilateral” dado por el Gobierno chavista para promover la paz. Y, de nuevo, la cifra no coincidía con la que habían confirmado varias ONG. La mayoría de las personas retenidas seguían sometidas a medidas cautelares totalmente abusivas.
Y lo que no se esperaba ocurrió, el viernes 30 de enero Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos (que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional) en un acto en el Tribunal Superior de Justicia, señalando - quién lo va a creer - que era una decisión ya hablada con Nicolás Maduro. Sin embargo, no nos engañemos, esa amnistía forzada no significa la puerta abierta a la libertad de expresión.
Porque todavía hay centenares de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas periodistas, activistas y responsables de organizaciones sociales. Personas presas políticas y de conciencia en Venezuela y en otros países donde la libertad de expresión es penalizada duramente.
No es nuestra intención en este artículo analizar los acontecimientos acaecidos en Venezuela sino insistir en el hecho lamentable de que en este país, como en tantos otros, la libertad del uso de la palabra es acallada de forma feroz.
En estos días, y desde el 28 de diciembre, la represión del régimen de Irán deja miles de muertes y centenares de miles de detenidos (el mismo ayatolá Jamenei lo reconoce culpando a Trump de instigarlas). El 23 de enero el número de muertos se elevaba a cerca de 5000 - según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos con sede en Estados Unidos con cerca de 27.000 personas detenidas - al cumplirse dos semanas del apagón de internet. Porque con el país privado de acceso a internet y de las telecomunicaciones desde el 8 de enero (un medio perverso para ocultar busca la magnitud de la represión, las graves violaciones de derechos humanos), el régimen trata a las personas manifestantes de “terroristas” y se enfrentan a la pena de muerte. No es la primera vez que Irán se vale del corte de internet para estrangular las comunicaciones. El 17 de enero se restableció el servicio de SMS solo local.
La población se encuentra en una total oscuridad digital; el derecho a la protesta comprende también el espacio digital que permite documentar homicidios, denunciar detenciones arbitrarias y localizar a personas desaparecidas. Amnistía Internacional investiga informes que indican que, tras el apagón, las fuerzas de seguridad habrían intensificado su represión. Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas digitales están especialmente expuestos en esta oscuridad digital. Solo queda el testimonio de los testigos.
Las manifestaciones en Irán tuvieron su origen en la grave situación económica del país, los precios elevadísimos y la devaluación de la moneda, pero ha desembocado en una revuelta generalizada contra la República Islámica del país desde 1979, contra la opresión a todos los niveles, sobre todo contra las mujeres que, en plena calle, se quitan el velo y queman fotos de Jamenei en las protestas masivas.
Lo terrible es que las autoridades iraníes han anunciado que se juzgará y castigará a los manifestantes antigubernamentales.
Es necesaria una respuesta urgente, la ONU y la UE deben emitir condenas públicas y adoptar medidas diplomáticas inmediatas y rendición de cuentas para presionar a Irán a fin de que cese el uso ilegítimo de la fuerza. La Corte Penal Internacional deberá investigar los crímenes de derecho internacional cometidos.
Y no olvidemos a Cuba tras un año de un proceso opaco de excarcelación selectiva de personas presas de conciencia. El proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades cubanas el 14 de enero de 2025 fue opaco, falto de criterios claros y sin incluir el reconocimiento estatal de los abusos cometidos en las detenciones y la inexistencia de garantías de no repetición. La libertad de expresión sigue criminalizada en el país y tengamos en cuenta que algunas personas excarceladas fueron enviadas al exilio mientras que otras regresaron a prisión.
¿Y en Rusia? El gobierno practica la censura en Internet y ejerce control sobre la sociedad civil a través de la implementación selectiva de la ley, la restricción y la censura de todo tipo. Los peligros para los periodistas en Rusia son bien conocidos.
¿Y en EEUU? Aquella libertad de expresión protegida por la Constitución del país desde su concepción, en el año de 1776 ¿dónde ha quedado? Se impide a ciertos medios de comunicación “críticos” entrar en las ruedas de la Casa Blanca, se amenaza a estudiantes en los campus por expresar sus ideas… se erosiona la libertad de expresión con intimidaciones, restricciones a la prensa, castigos a quienes protestan, porque protestar y documentar las protestas se ha vuelto peligroso por las detenciones y por el peligro de caer en manos de los agentes migratorios.
¿Qué está ocurriendo en el mundo con la libertad de expresión?
No existe una cifra oficial de personas detenidas en el mundo por oponerse a los gobiernos, por ejercer el periodismo independiente o por denuncias de corrupción entre otros motivos, pero es evidente que el mayor número se encuentra en Asia, Europa del Este y Asia Central, América Latina, Medio Oriente y Norte de África y África Subsahariana. ¿Serán millones? En prisión preventiva prolongada indefinidamente, en aislamiento, sin garantías procesales en los juicios…
Recordemos que el término “preso de conciencia” fue acuñado por Amnistía Internacional, organización fundada por Peter Benenson cuando, mediante el artículo The forgotten prisoners, se lanzó la campaña “Appeal for Amnesty 1961”. Se consideró entonces que una persona presa de conciencia es aquella a la que se le impide físicamente expresar opiniones sin recurrir a la violencia.
En ocasiones se confunden los términos “preso político” y “preso de conciencia”.
Como su nombre indica, “preso político” es aquella persona privada de libertad por motivos políticos. Personas detenidas por ideas, opiniones o afiliación política y que han sido sometidas a procesos judiciales sin garantías, con tribunales no independientes y por medio de leyes utilizadas para castigar a la disidencia.
“Preso de conciencia” es la persona a la que se le ha impedido físicamente expresar sus opiniones, como periodistas encarcelados por publicar información crítica o manifestantes pacíficos sin uso de violencia.
En todo caso, la libertad de expresión está anulada en ambos casos y muchos gobiernos usan a menudo la excusa de la “seguridad nacional” para acallar las críticas.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que garantiza a toda persona la facultad de buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones por cualquier medio, sin censura previa y sin interferencias indebidas. Un derecho reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tan fundamental como que sin libertad de expresión se debilita el estado de derecho, se deteriora el debate público y la rendición de cuentas del poder.
El estado de derecho, un principio fundamental de la organización política y jurídica según el cual todas las personas, instituciones y autoridades públicas están sometidas a la ley, y esta se aplica de manera igual, previsible y no arbitraria.
¿Qué implica la anulación del estado de derecho, el acallamiento de la libertad de expresión?
La censura, el control de medios y ¿por qué no decirlo? la autocensura cuando las personas evitan expresarse por miedo a represalias y sanciones (legales, laborales, sociales) y a la estigmatización, la cruel cancelación, ese fenómeno sociocultural mediante el cual una persona, grupo o institución es públicamente cuestionada y deslegitimada con consecuencias reputacionales y profesionales.
No podemos cansarnos de reivindicar el derecho a la libertad de expresión sea donde sea, de reprobar la censura de todo tipo, el control de las ideas que muchas instituciones anulan por conveniencia política, por ser contrarios a determinados intereses. En los medios de comunicación, en la educación, en la calle…
Y por ese derecho mueren miles de personas.