El gran reto social de los cuidados

Tal como ocurre en la fría Pensilvania de la marmota Phil, una vez al año existe la tácita convención de poner el invierno en el centro de la actualidad mediática. Me refiero al largo invierno que sufrimos las mujeres en forma de brechas de género. Una realidad sistémica y sistemática, que viene a evidenciar el contenido meramente declarativo del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución. Quizás el ejemplo más transcendental y recurrente de otros tantos derechos reconocidos por nuestra Carta Magna que, en la práctica, se diluyen como azucarillos.

Ojalá no fuera pertinente el informe que cada año, a propósito del Día de la Igualdad Salarial, publicamos desde CCOO PV. Los datos concluyen una realidad incuestionable. Las mujeres somos discriminadas –también salarialmente– de manera generalizada. El salario medio es un 20,1 % menor que el de los hombres en nuestra Comunidad Autónoma. Una cifra sensiblemente superior a la brecha media del conjunto del Estado. En términos temporales, una mujer tendría que trabajar 73 días más al año para que su salario medio se equiparara al de sus compañeros varones. Exactamente como decir que las mujeres dejamos de percibir ingresos desde el 19 de octubre o, si se quiere, que dejamos de cobrar 1 hora y 36 minutos de una jornada laboral de 8 horas. Unas diferencias inaceptables que se producen durante la vida activa de las mujeres, pero que se hacen extensivas a toda su trayectoria vital. Las mujeres, tal y como recoge nuestro estudio, reciben actualmente un 33 % menos de pensión media, unos 402 euros al mes. La brecha de hoy, también tiene consecuencias mañana.

¿Cuáles son los factores estructurales del capitalismo que causan esta brecha salarial? ¿Avanzamos en la dirección adecuada para erradicar ésta y otras brechas de género que sufrimos? Preguntarse acerca de su origen y persistencia es la mejor forma de enfrentar las corrientes negacionistas. La causa de la discriminación salarial es la desigualdad que sufrimos las mujeres en nuestra inserción y trayectoria laboral, que a su vez está incardinada en una discriminación social, cultural y educativa, que configura un entramado de roles cuya desembocadura más visible es el papel de cuidadoras “per se” que el patriarcado nos ha asignado. Por más que lo combatamos, la sociedad todavía no ha asumido que la conciliación de la vida laboral y familiar, así como las tareas de cuidados, no son responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Un sistema educativo que aliente principios de igualdad de género en las aulas, contenidos inclusivos en los libros de texto o campañas dirigidas a erradicar estereotipos para romper la segregación ocupacional del mercado de trabajo son medidas correctoras imprescindibles de cara a comenzar a atajar el problema en su raíz. Una ley de usos del tiempo que aborde cuestiones como la conciliación, la corresponsabilidad y la racionalización de horarios es otra de las propuestas que venimos defendiendo. Porque la gran revolución pendiente es la de los cuidados y necesitamos para ello un gran pacto de Estado que garantice que la responsabilidad sea colectiva, posibilitada desde las empresas y sostenida desde lo público. La ciudadanía tiene derecho a una atención de calidad, desde la infancia a la vejez, y las administraciones tienen que hacerlo posible. Además, los empleos generados deben cumplir los estándares del trabajo decente. Este es el gran reto social de las próximas décadas, no les quepa duda.

Quisiera acabar con una impronta optimista. Por una parte, la subida del SMI ha significado un salto cualitativo. De las casi 200.000 personas trabajadoras que se han visto beneficiadas por la revalorización del salario mínimo, el 58% son mujeres. Por otra parte, el cambio de paradigma de la contratación laboral, el eje más importante de la reforma laboral, afecta muy especialmente a las mujeres, ya que son más damnificadas por la temporalidad en el empleo y por la precariedad que ésta supone. Ambas cuestiones, íntimamente ligadas, deben ser acicates en la reducción de las brechas. Estos avances, junto a la aprobación de otras de importancia también mayúscula, como la ampliación gradual de la obligación de tener un plan de igualdad, o el Real Decreto sobre igualdad retributiva de mujeres y hombres, pueden ser el golpe que se requiere para que la feminización de las jornadas parciales, o la masculinización de los complementos salariales, acaben siendo cosas de un pasado cavernícola.