Pérez Llorca afirma que reforzarán los controles en el reparto de VPO tras eliminar en 2024 las medidas aprobadas por la izquierda
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que, en la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa “se incluirá una enmienda a la normativa actual que va a reforzar los controles en el reparto de Viviendas de Protección Pública que garantice su correcta adjudicación y uso”.
Esta modificación fortalecerá la publicidad, transparencia y los controles y, atendiendo la petición de los alcaldes, incluirá el arraigo de los solicitantes como criterio de baremación para acceder al inmueble, es decir, se dará prioridad a los vecinos para acceder a una casa de protección pública en su municipio.
El jefe del Consell ha señalado que, cuando la vivienda se convierte en la mayor preocupación de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, “es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la Comunitat Valenciana”.
El anuncio se produce en medio de la polémica por las adjudicaciones a cargos del PP y funcionarios próximos al Ayuntamiento de Alicante de las 140 viviendas protegidas construidas en la playa de San Juan, las primeras que se construyen en 20 años. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado denuncia en un juzgado de Alicante al considerar que hay indicios de prevaricación y fraude en el proceso.
Pérez Llorca anuncia ahora un incremento en los controles después de que el decreto aprobado en diciembre en 2024 por el Consell dirigido entonces por Carlos Mazón eliminara los controles aprobados tres años antes por la izquierda. En concreto, se eliminó la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda pública de la Generalitat, aportando declaración jurada del cumplimiento de los requisitos, para optar a promociones de iniciativa privada. El fraude en la declaración responsable implicaba la expulsión del registro y no poder optar por lo tanto a este tipo de viviendas. Aun así, el presidente ha afirmado que ahora hay una administración de la Generalitat “seria”, que “controla” y desarrolla la labor de inspección de adjudicación de viviendas de protección pública, frente a la actuación del gobierno anterior.
Pérez Llorca ha destacado las iniciativas llevadas a cabo por la Generalitat como el Plan Vive, las ayudas al alquiler, el Bono Joven o las subvenciones a ayuntamientos y particulares en el marco de los programas de Regeneración Urbana y Rehabilitación. Para ello, se están destinando más de 304 millones de euros dentro de los Presupuestos de la Generalitat que actualmente se encuentran en vigor que permiten mantener las líneas sociales que garantizan la protección de los más vulnerables y aumentan los mecanismos de ayuda para acceder a una casa a los colectivos especialmente afectados por la situación del mercado inmobiliario.
Para Pérez Llorca, el Plan Vive “es un ejemplo de colaboración público-privada” al tiempo que ha señalado que “debemos desarrollar una política útil y real cuyos resultados se vean a futuro”. Un proyecto al que se han sumado 319 ayuntamientos y gracias al que se han impulsado más de 4.800 viviendas de protección pública.
En el marco de esta iniciativa, Castelló de la Plana se adhirió en 7 de junio de 2024 y fruto de esta colaboración se inicia la construcción de 123 viviendas de protección pública de las cuales 21 se incorporarán al Parque Público que gestiona la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. El jefe del Consell ha puesto en valor que “estamos desarrollando una política integral compuesta por acciones en materia fiscal, normativa y simplificación administrativa que garantice la seguridad jurídica y actúe como incentivo”.
Una política de vivienda dirigida a los vecinos de Castellón
A los inmuebles proyectados en Castelló de la Plana dentro del Plan Vive, hay que unir el proyecto de expansión urbana en el Sector 24 que permitirá la construcción de unas 2.000 viviendas, de las cuales la mitad serán de Protección Pública.
En paralelo, la Generalitat trabaja en proyectos de rehabilitación como los que se están llevando a cabo en la calle Santa Cruz de Tenerife y la avenida Capuchinos con una inversión conjunta de casi 10 millones de euros para la reforma de 25 inmuebles.
En cuanto a la provincia de Castellón, dentro del Plan Vive, están en marcha proyectos para construir 24 viviendas en Benicarló y 17 en Vinaròs a lo que hay que añadir el apoyo a través del Plan ADHA para que varios municipios como Argelita, Caudiel y Tales puedan ampliar su parque público con una inversión cercana a los 2,8 millones de euros.
Asimismo, se está impulsando la rehabilitación de 713 viviendas en Morella, La Vall d’Uixó y Castelló de la Plana, con una inversión de 17,1 millones de euros al tiempo que, a través del programa ARRUR se está llevando a cabo la reforma de 154 inmuebles y la construcción de 6 nuevos en la capital, Morella y Benlloch, con una inversión de 2,2 millones de euros.