El parlamento valenciano aprobó en sus últimas cuentas públicas la creación de un impuesto de carácter autonómico para sancionar a los grandes propietarios de viviendas vacías. La medida pactada por PSPV, Compromís y Unides Podem, a instancia de estos últimos, pretende ser un instrumento para incentivar la oferta de alquiler, gravando las viviendas que no cumplen su función social. Sin embargo, un año después de su creación, el Gobierno autonómico no ha podido comenzar a recaudarlo porque no tiene activo un registro de los llamados grandes tenedores.
El gravamen requiere de una definición de gran tenedor para poder aplicarse y de un catálogo de propietarios a quienes exigirle el impuesto. La creación de la norma fiscal iba paralela a la normativa que anunció el entonces vicepresidente segundo de la Generalitat, responsable de las políticas de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. La gestión de la pandemia, la revisión por parte de los organismos jurídicos y la burocracia en una conselleria de nueva creación -en la pasada legislatura era una dirección general- han ido retrasando los plazos para poner en marcha el tributo destinado a mejorar las políticas de vivienda.
El pasado octubre el pleno del Consell dio el visto bueno al decreto de movilización de viviendas vacías, que desarrolla la ley de Función Social de la Vivienda y establece las definiciones pertinentes sobre vivienda deshabitada, grandes tenedores y otros sujetos de aplicación de la norma. El decreto, presentado por Héctor Illueca, sucesor de Dalmau en la vicepresidencia segunda, pretende rebajar los precios del alquiler siguiendo las propias reglas del mercado: activar la oferta para ajustarla a la demanda. En paralelo, establece incentivos fiscales y sanciones para evitar que las viviendas en condiciones habitables sigan desocupadas.
La intención del departamento de Unides Podem es acelerar la puesta en marcha del registro y activar un portal inmobiliario público. El decreto prevé una vacatio legis de seis meses, aunque los dirigentes confían en que no llegue a tanto. El registro obliga a los promotores a inscribir todas las viviendas de protección oficial independientemente del carácter público o privado de su promoción. Será, en palabras de Illueca, una “nueva herramienta que permitirá a la Generalitat lograr un mayor cumplimiento efectivo de la Ley de la Función Social de Vivienda”.
El impuesto tiene carácter finalista y los ingresos que deriven de su recaudación estarán afectados a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda, especialmente en los municipios donde se hayan obtenido estos ingresos. El importe se calculará, según la información de la Agencia Tributaria, en base al número total de metros cuadrados construidos, incluidas las zonas comunes, de las viviendas inscritas en el Registro de Viviendas Vacías del que sea titular el sujeto pasivo en la fecha de devengo del Impuesto. El importe oscila entre los 7 euros y los 22,5 por metro cuadrado, en función de la superficie de la vivienda y de forma escalonada.
En paralelo, los ayuntamientos podrán gravar a los propietarios a través del IBI. En la ciudad de València también esperan la creación del registro para poner en marcha la recaudación, aunque las estimaciones del edil de Hacienda, el socialista Borja San Juan, apuntan que existen 830 grandes tenedores en el municipio, de los que 406 son personas físicas y 424 son personas jurídicas. Seis de ellos cuentan, cada uno, con al menos 300 viviendas repartidas por la ciudad. La cifra total de viviendas en manos de grandes propietarios se desconoce.