Ribera Salud comienza la operación para quedarse con la propiedad del Hospital de La Marina, en Dénia, su última bala para mantener el control de los hospitales privatizados en la época del PP. Marina Salud, la UTE concesionaria del Hospital de Dénia, ha comunicado a los trabajadores el inicio de la venta de acciones de DKV a Ribera Salud, una operación que implica que la segunda se haga con el total accionarial de la concesión. Las mercantiles anunciaron este lunes el acuerdo por el que Ribera Salud adquirirá el 65% de participación de DKV en el consorcio hospitalario y aseguraron que han trasladado la información a Competencia y al Gobierno valenciano.
La operación se anuncia en otro de los momentos de tensión de la mercantil con el Ejecutivo progresista. La beneficiaria de las concesiones sanitarias del PP mantiene desde hace años un pulso con el Gobierno del Pacto del Botánico a cuenta de las reversiones. Los acuerdos suscritos por PSPV, Compromís y Unides Podem implican el retorno a la gestión pública de los hospitales valencianos, aspirando a que todos los departamentos sean públicos cuando finalicen los contratos. Ribera Salud, también gestora del Hospital de Torrevieja, del hospital del Vinalopó y hasta el pasado año del de Alzira, ha presentado una batería de recursos para frenar la reversión de Torrevieja, cuyo contrato vence el próximo 15 de octubre.
Pese a que la empresa asegura haber remitido la información de la transacción a Sanidad, al departamento que dirige Ana Barceló no le consta ninguna comunicación oficial sobre este procedimiento que genera dudas legales. Un informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana establece que las UTE (Unión Temporal de Empresas) carecen de personalidad jurídica propia y que si se da un cambio en la propiedad es el órgano de contratación el que debe aprobar la operación. En otras palabras: el Gobierno valenciano debe aprobar la compra del 100% del hospital por parte de Ribera Salud.
El informe de la Abogacía al que ha tenido acceso elDiario.es establece que “en el supuesto de separación de uno de los miembros de la UTE estamos en presencia de una situación análoga a la cesión del contrato. Ello aboca a la necesidad de obtener previamente la autorización del órgano de contratación”. En el caso de las llamadas transmisiones internas, la Abogacía también recomienda consultar a la Administración si hay transmisión de acciones o participaciones y si se altera el cambio en los poderes. En el caso del Hospital de La Marina, una empresa propietaria del 35% de las acciones compra a la otra participante el 65% que resta.
La otra duda legal se presenta en la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana. En vigor desde 2014, establece que “para garantizar la libre competencia y evitar posiciones de dominio, ninguna persona física o jurídica podrá ostentar, directa o indirectamente, en el ámbito de la sanidad pública valenciana, más del 40% de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión de un departamento sanitario”. Las secciones sindicales del hospital denuncian la ilegalidad de la operación en base a estos informes.
La mercantil que dirige Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa, gestiona otros dos hospitales valencianos y contrató recientemente al despacho del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, para incrementar la presión legal sobre el Gobierno valenciano. La operación anticipa otra batalla legal que entorpecerá la reversión del Hospital de Dénia, cuya concesión acaba en 2024.