La flota de vehículos de las diferentes administraciones públicas que estén pendientes de pasar la Inspeccion Técnica de Vehículos (ITV) puede verse en un problema en las próximas semanas por las trabas que están poniendo las empresas concesionarias que el próximo 25 de febrero en unos casos, y 4 de marzo en otros, deberán dejar la gestión del servicio al finalizar los contratos otorgados hace 25 años por el expresidente Eduardo Zaplana (PP), por los que está a un paso de sentarse en el banquillo por blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.
Fuentes de Aecova, la asociación que agrupa a los concesionarios de las ITV, han confirmado a elDiario.es que hasta que finalicen sus contratos solo cobrarán a las administraciones en metálico o con tarjeta, es decir, al momento. Esta fórmula de pago no es pago en las administraciones, donde cualquier pago debe pasar unos controles. En la práctica esto implica que muchas entidades públicas a las que se les facturaba la revisión de su parque móvil esta era abonada con posterioridad no podrán pasar la ITV, salvo que se articule un modo de pago alternativo que de momento no está sobre la mesa.
Este es el caso, según ha confirmado este diario, de la Policía Local de València. En el caso de los vehículos del Ayuntamiento de València, el mantenimiento está externalizado y no se está dando el problema. Tampoco en los buses de la EMT, cuyas inspecciones técnicas se realizan en sus propias dependencias. Con todo, el problema puede ser extensible a la flota de vehículos de cualquier entidad pública de la Comunitat Valenciana.
Al respecto, fuentes de Aecova han explicado que “no están aceptando operaciones a crédito porque quedan menos de 30 días para finalizar la concesión y no pueden autorizar operaciones más allá del día en que finalizan sus contratos” y han añadido que “el problema es que las entidades públicas no pueden pagar con tarjeta ni en metálico, y funcionaban con crédito de las empresas concesionarias, que acumulan servicios prestados y pasan recibos mensuales”. Aademás han comentado que “tendrá que organizarse algo para este periodo de transición, pero lo tendrá que resolver la Conselleria de Economía que es la encargada de dar las instrucciones y buscar las soluciomes a los problemas que ni se imaginaban que existirían”.
Al respecto, el conseller, Rafa Climent, ha remarcado que la administración está “intentando de manera jurídica y técnica hacer factible” la hoja de ruta trazada para que el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos pase a manos de la Generalitat entre finales de febrero y principios de marzo sin que haya “ninguna repercusión” para los usuarios.
“Nosotros vamos a intentar estar preparados esos días; yo sé, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, que vamos a tener algunos problemas, pero por la poca colaboración que han tenido (las empresas concesionarias) con la administración”, ha manifestado el conseller.
Este lunes, Aecova presentó un escrito ante las consellerias de Economía Sostenible y de Hacienda para reclamar que “en el plazo más breve posible” de les remita “instrucciones claras y ajustadas a las particularidades de cada una de las concesionarios sobre cómo habrá de llevarse a cabo la reversión prevista para dentro de pocas semanas”.
Preguntado al respecto, el conseller ha subrayado que “la hoja de ruta está trazada desde hace mucho tiempo” y que “lo que deben tener claro es que el día 24 de febrero hay unos lotes que acaban su contrato y el día 4 de marzo los otros lotes”. “Se les ha acabado un contrato, la Generalitat ha decidido que a partir de ese momento la debe ser pública y, por tanto, lo que deberían hacer es colaborar”, ha expuesto.
Acciones legales
En declaraciones a este diario, el gerente de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), Josep Albert Quilis, empresa publica que se hará cargo de los estaciones de toda la Comunitat Valenciana, ha manifestado que las empresas están obligadas a mantener sus convenios y contratos hasta el 30 de junio, como se les notificó en una resolución remitida el pasado mes de diciembre, y por lo tanto consideró que “deben seguir prestando el servicio como siempre hasta el último día, incluidos los vehículos de las administraciones que les serán retribuidas independientemente de que finalice la concesión”.
Quilis ha explicado que a partir del 25 de febrero y del 4 de marzo firmarán convenios con las diferentes administraciones para que puedan pasar las revisiones sin problemas, pero que hasta entonces, son las empresas las que deben hacerse cargo: “Si una institución pública no puede pasar la ITV de sus vehículos debe pedir a la empresa gestora una justificación por escrito y remitirla a la conselleria que adoptará las acciones legales pertinentes”.
Aecova también advirtió recientemente de que dejarán de dar citas a partir del 25 febrero, momento en el que alertan de que “la decisión arbitraria tomada desde el Consell provocará problemas técnicos”, ya que al finalizar el contrato no se podrán facilitar citas para los usuarios, “ni se conocerá la capacidad productiva o el personal disponible”.
Al respecto, Quilis ha insistido en que “el pasado mes de diciembre se les remitió una resolución según la cual están obligados a mantener el servicio de cita previa tanto telefónico como por página web hasta el 30 de junio, así como las instalaciones, equipos, contratos con proveedores y personal necesario en condiciones al menos también hasta el 30 de junio”.