Economía advierte de acciones legales contra las empresas de las ITV que pongan trabas a la recuperación pública del servicio

“Está habiendo muy poca colaboración por parte de las empresas concesionarias para facilitar la recuperación pública del servicio de las ITV a partir del 25 de febrero en unos casos y del 4 de marzo en otros, sobre todo en lo que a la remisión de información de las plantillas de empleado se refiere. El plazo para que nos manden toda esa documentación finaliza a mediados de la semana y si siguen sin enviarla nos plantearíamos acciones legales”.

El gerente de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), Josep Albert Quilis, se ha pronunciado así a poco más de 20 días para que el Gobierno valenciano recupere la gestión directa de este servicio por medio de mencionada empresa pública, 25 años después de la privatización impulsada por el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, maniobra por la que está a un paso de sentarse en el banquillo por blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.

La asociación que agrupa a los concesionarios de las ITV, Aecova, advirtió recientemente de que dejarán de dar citas a partir del 25 febrero, momento en el que alertan de que “la decisión arbitraria tomada desde el Consell provocará problemas técnicos”, ya que al finalizar el contrato no se podrán facilitar citas para los usuarios, “ni se conocerá la capacidad productiva o el personal disponible”.

Quilis, sin embargo, recordó que el Conseller de Economía, Rafael Climent, comunicó a las empresas concesionarias en septiembre de 2021 la voluntad de la Generalitat de finalizar el vigente régimen de concesión administrativa de la prestación del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana, y, en consecuencia, que el contrato finalizaría una vez cumplida su duración inicial, 25 años.

Además, “el pasado mes de diciembre se les remitió una resolución según la cual están obligadas a mantener el servicio de cita previa tanto telefónico como por página web hasta el 30 de junio, así como las instalaciones, equipos, contratos con proveedores y personal necesario en condiciones al menos también hasta el 30 de junio”.

Según la resolución, “el incumplimiento de alguna de las cuestiones contempladas en esta resolución, así como de la dictada en fecha 1 de diciembre de este año, podría dar lugar a la intervención inmediata del servicio de acuerdo con lo establecido en el punto 26 del pliego de cláusulas administrativas que rige la concesión, en el caso de suponer una perturbación en el servicio público grave y no reparable por otros medios”.

Quilis ha explicado que en estos momentos los esfuerzos se centran en mantener las estaciones móviles de ITV en El Campello, Santa Pola y Calp, ya que en estos casos las empresas no estaban obligadas por contrato a cederlas a la administración y no se ha llegado a un acuerdo, aunque según ha comentado, el problema ya ha quedado resuelto.

El gerente de la entidad pública ha asegurado que “los usuarios no van a notar la diferencia una vez entre en servicio la gestión directa, en todo caso notarán que es más económico porque se ha eliminado la prueba del ruido que solo era obligada en la Comunitat Valenciana y más adelante se valorará si se hace alguna rebaja adicional en las tarifas”.

Además, ha explicado que “el objetivo es homogeneizar el funcionamiento y la gestión de las 25 estaciones fijas mediante soportes informáticos y tecnológicos que faciliten y mejoren el servicio al ciudadano”.