Radiografía de la trata: la Fiscalía valenciana examina el sistema de explotación sexual

La Fiscalía valenciana dedica por primera vez un capítulo a analizar detalladamente el sistema de la trata en todas sus vertientes. La memoria de la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana presentada el pasado martes en el Parlamento autonómico reúne las valoraciones de las tres fiscalías provinciales y reitera la necesidad de una ley integral contra la trata. La fiscal superior, Teresa Gisbert, se manifestó en el parlamento valenciano contraria a cualquier forma de explotación sexual, que considera “una agresión contra los derechos humanos”.

“Cada vez que se comete este delito, se violan todos los derechos humanos en una misma persona, corrompiendo no sólo su libertad y dignidad sino también su integridad física y emocional”, reitera el informe en su apartado sobre Castellón.

La trata comenzó a ser objeto de regulación específica en España con la reforma del Código Penal de 2010. “La tardanza en la tipificación específica del delito de trata de seres humanos evidencia la falta de visibilidad del fenómeno que se ha tenido hasta ahora, y, por esta razón, la necesidad de abordar su tratamiento desde una dimensión pluridisciplinar, no estrictamente punitiva, en la que prime el abordaje efectivo de protección a los derechos de las víctimas con implicación de todas las administraciones públicas”, considera el ministerio público. La complejidad del sistema delictivo y que sus víctimas sean “extranjeras sin arraigo en España” es para la Fiscalía motivo para exigir la creación de una ley integral contra la trata, “que abarque todo este fenómeno y arbitre un elenco de medidas de protección que sean específicas para estas complejas situaciones”.

La mayoría de las víctimas que se han registrado en la Comunitat Valenciana son originarias de Nigeria y llegan a través de la vía italo-libia, seguidas de mujeres originarias de Rumanía y Bulgaria, y a menudo de Paraguay y Brasil, “sin duda por la pobreza y subdesarrollo que se dan en amplias regiones de estos países”, señala la memoria. Considera la Fiscalía que es importante reseñar el nivel socioconómico de las víctimas porque “es un factor importante para la labor de captación, aprovechándose los tratantes de situaciones de vulnerabilidad, y, en definitiva, de la imperiosa necesidad de las mujeres de salir de la pobreza”.

El perfil del tratante suele ser de la misma nacionalidad de las víctimas y “a veces hay vínculos familiares más o menos lejanos o de vecindad, que precisamente son utilizados para ganar la confianza de las mujeres”. El órgano fiscal advierte del fenómeno “lover boy”, que se da en los países del Este, y consiste en que uno de los tratantes establezca una relación sentimental con una mujer para después obligarla a ejercer la prostitución.

El análisis de Fiscalía cuadra casi a la perfección con el caso de Vivian Nith, superviviente de trata residente en Valencia, que explicó su caso en el especial La España de los migrantes de eldiario.es. Vivian descubrió que su familia la había dejado en manos de un traficante para llegar a España y durante años fue forzada a prostituirse en Madrid y Valencia.

En el ámbito de la trata coexisten diversos delitos: delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delito de prostitución coactiva, detención ilegal, distintos delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales o lesiones de distinta gravedad -que han de valorarse de forma separada, detalla Fiscalía- y, a menudo, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Fiscalía considera que “lo deseable es que todos estos delitos se instruyan de forma conjunta, puesto que todos forman parte del mismo plan o finalidad”.

El papel de las ONG

El organismo advierte que la normativa de protección de testigos no siempre resulta efectiva en estos casos: “En absoluto abarca toda la complejidad que presenta la situación de las víctimas, puesto que está redactada antes de que surgiera este fenómeno en sus dimensiones actuales. La norma data de 1994 y la Fiscal considera que ”de los datos que proporciona la víctima protegida en su declaración se deduce claramente su identidad“. 

En este aspecto, la Fiscalía alicantina, como lo hacen sus homólogos en Castellón y Valencia, destaca el papel de las ONG: “Más que la protección legal, lo que interesa es la protección real y efectiva proporcionada por ONG especializadas en la materia”, considera en la memoria. Reseña que las organizaciones prestan “apoyo de todo tipo” a las mujeres, ofreciendo alojamiento, asistencia psicológica y jurídica durante todo el proceso y acompañamiento cuando las víctimas van a prestar declaración en la instrucción y en el juicio oral. Además su testimonio en los juicios va siendo admitido “con el fin de que el Tribunal pueda conocer el estado de la víctima y su situación personal”.

Dado que las víctimas son trasladadas forzosamente, la Fiscalía recomienda no comenzar a recabar pruebas testificales hasta que el tratante sea detenido, ya que a menudo no tienen más domicilio que el del tratante y, de lo contrario, es complicado localizarlas en el momento del juicio para reiterar el testimonio.