La recuperación de los hospitales valencianos privatizados, un objetivo que hace peligrar un negocio de 150 millones

Una ambulancia pasa por delante del Hospital de Torrevieja.

Lucas Marco


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La consellera de Transparencia de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, comentaba este viernes en su cuenta de Twitter el caso de un paciente de 84 años del Hospital de Dénia, de gestión privada, que vio cómo se anulaba la operación que venía esperando desde hace dos años. “Afortunadamente el Botànic está revirtiendo los hospitales privatizados por el PP”, celebraba la consellera.

El Ejecutivo valenciano que preside el socialista Ximo Puig, con el apoyo de sus socios de Compromís y Unides Podem –el llamado Pacte del Botànic–, se ha marcado como prioridad la reversión de la fórmula de gestión privada que los gobiernos autonómicos del PP propiciaron en Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche o Manises. 

La fórmula, conocida como 'modelo Alzira', fue heredada tras el cambio de Gobierno en 2015 en el Palau de la Generalitat después de dos décadas de hegemonía popular, dejando a la empresa Ribera Salud como símbolo de la privatización.

Sin embargo, la reversión de la privatización del Hospital de Alzira en 2018, avalada por la justicia, abrió la puerta a recuperar el resto de centros de gestión privada. La empresa Ribera Salud (uno de cuyos máximos responsables, Alberto de Rosa, es hermano de un exconseller del PP) plantó batalla en los tribunales contra la decisión de no prorrogar el contrato, aunque sin demasiado éxito. Así, el Tribunal Supremo (TS) avaló la reversión del centro hospitalario dejando el camino despejado para la recuperación del resto de hospitales privatizados.

La sentencia del TS reseñaba los “problemas de control financiero y presupuestario derivados de la concesión, la desconfianza de la administración en la empresa concesionaria y la litigiosidad derivada del contrato”.

La reversión del hospital de Torrevieja propició dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana avalando la decisión. La subdirección general de recursos económicos de la Conselleria de Sanidad justificó la recuperación del hospital con un demoledor informe que allanaba el camino para la reversión de los contratos con los hospitales de Dénia, Elche y Manises.

Así, el departamento autonómico de Sanidad reseñaba las “limitaciones y deficiencias contractuales” así como “la falta de claridad en el contrato en cuanto a la determinación de la prima per cápita (el canon que paga la Generalitat a la empresa por habitante susceptible de ser atendido) y su fórmula de actualización, así como las diferencias respecto a la población objeto del contrato, hacen del precio del contrato –elemento esencial para la correcta prestación del servicio- objeto de discrepancias en cuanto a su interpretación”.

Además, el informe también aludía a la “elevada pluralidad de acuerdos adoptados en el seno de las Comisiones Mixtas (órgano de control), celebradas entre representantes de la Conselleria de Sanidad y de las empresas concesionarias, que suponen un evidente perjuicio para el interés público y que han supuesto de 'facto' una modificación de los conceptos económicos que integran el contrato”.

Sanidad lamentaba que los acuerdos con las firmas privadas adolecen de “indicadores que permitan evaluar la calidad asistencial realizada y la adecuación de los servicios ofertados por el concesionario”.

En el caso de Torrevieja, la firma Ribera Salud tampoco se lo puso fácil a la Conselleria de Sanitat, llegando a vetar la presencia de sus técnicos en las instalaciones. Se llegaron a celebrar concentraciones contra el personal de la administración con la participación de directivos y coordinadores afines a la mercantil.

El siguiente hospital en la hoja de ruta de la Generalitat Valenciana es el de Dénia, otro emblemático símbolo de la privatización sanitaria. En 2021, Ribera Salud compró a la aseguradora DKV el 65% del accionariado de la concesionaria del hospital de Dénia a falta de tres años para que finalizara la concesión. La empresa externalizó la mayoría de servicios posibles a sus empresas filiales para mantener la cuota de negocio una vez la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública recupere el servicio el próximo 1 de febrero de 2024, siempre que el Gobierno del Pacte del Botànic consiga repetir una tercera legislatura.

En este contexto de batalla abierta con el Gobierno autonómico, el grupo sanitario francés Vivalto Santé ha comprado recientemente el Grupo Ribera a la multinacional Centene. Así, la matriz de Ribera Salud reveló en la presentación de su cuenta de resultados que maneja un volumen de negocio de 150 millones de euros en el campo de la sanidad privada española.

A menos de un año para las próximas elecciones autonómicas, el Gobierno valenciano tiene por delante la reversión del hospital de Dénia.

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