El experto contratado a dedo y confidencialmente para poner precio a la Universidad Internacional de Valencia (VIU) realizó su primer informe en apenas una semana. El viernes 2 de agosto de 2013, la actual portavoz del PP en Valencia, María José Catalá (entonces presidenta del patronato de la fundación de la que dependía la universidad online y consellera de Educación) firmó con el administrador único de Janus Antebo Asesores SL el contrato para la elaboración de la estimación técnica del valor de la VIU.
El contrato menor, por 6.700 euros, contenía una cláusula de “la más estricta confidencialidad” por la que ambas partes se comprometían a mantener el contenido y su alcance bajo opacidad. El consultor realizó el trabajo de valoración económica en apenas una semana. Si el viernes 2 de agosto se firma el contrato, el 9 de agosto el patronato de la fundación tiene en sus manos el primer documento, según revela el informe de control financiero elaborado por la Intervención de la Generalitat Valenciana con fecha del 16 de diciembre del 2015, durante la primera legislatura del actual Gobierno del Pacte del Botànic.
La candidata del PP en Valencia ha esgrimido el informe de la Intervención para justificar la legalidad del procedimiento y de la privatización de la VIU. Sin embargo, la Intervención advierte de que no se trata de un trabajo de auditoría o de revisión “de tipo alguno sobre las cuentas anuales o estados financieros de la VIU tomados en su conjunto”. Así, se limita a revisar el cumplimiento de la normativa de contratación en la operación de enajenación y en la adjudicación al experto independiente que realizó la valoración.
Además, el interventor anota que no incluye “pruebas de verificación de la autenticidad” de los documentos o datos que se le proporcionaron, como el “cotejo de copias con el original”. De hecho, advierte de que “se han puesto de manifiesto determinadas limitaciones de la información” durante la elaboración del trabajo.
La Intervención no dispuso de las actas del patronato de la fundación pública anteriores a 2013, el año en el que se inicia el proceso de privatización de la VIU. “Desconocemos la forma en que la decisión se fue fraguando en el seno de dicho órgano”, lamenta el interventor.
El proceso de adjudicación se finiquitó en siete meses: entre febrero y octubre del 2013. Aunque el interventor reconoce que el proceso es “formalmente correcto” y cumple con la normativa en materia de contratación, algunos extremos resultan llamativos.
Por un lado, el contrato menor para valorar económicamente la VIU se dio a dedo (cuando no era preceptiva la obtención de varias ofertas). “Desconocemos si se presentaron varias ofertas entre las que elegir al asesor, pero no parece probable que así fuera, dado que transcurren sólo tres días entre el acuerdo del patronato y la contratación formal”, indica la Intervención.
En su primer informe, realizado la primera semana de agosto del 2013, el experto contratado por la entonces consellera Català aporta una estimación técnica por un valor medio de 2,1 millones de euros. Sin embargo, tres meses después, el consultor emite un segundo informe que el interventor considera un “hecho posterior relevante” y que coincide con la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) de las propuestas de la VIU sobre nuevos títulos, “que fueron concedidos”.
La propuesta final del grupo Planeta se hizo el 20 de septiembre de 2013 (después de la primera valoración del experto externo) pero la aprobación de la adjudicación a la empresa no se hizo hasta el 13 de noviembre, fecha en la que el patronato fija el valor de la universidad online en 5,7 millones de euros.
El segundo informe del consultor se centra en la valoración “solo a partir de valores de mercado o comparables” y tiene en cuenta el “valor ya ofertado por Grupo Planeta, único inversor que finalmente presentó una oferta en firme”, afirma la Intervención.
El interventor concluye que la valoración económica fue “adecuada” aunque también confirma que la Abogacía de la Generalitat Valenciana no fue consultada en un principio sobre el método de diálogo competitivo elegido por el patronato de la fundación, también bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. La cronología de los hechos desglosada por la Intervención muestra que la fundación aprueba el procedimiento de diálogo competitivo el 7 de marzo de 2013. Sin embargo, hasta el 17 de abril no se firma el convenio con la Abogacía.
Tiempo después, el 27 de junio, el jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat confirmaba a Juan Manuel Badenas, entonces rector de la VIU que “nunca fue consultado” sobre el procedimiento de adjudicación. Es decir, exactamente lo contrario de lo que María José Catalá había afirmado en la reunión del patronato del 5 de febrero del 2013. Ni siquiera Badenas, máximo responsable académico de la VIU, podía contar con información debido a las cláusulas de confidencialidad.
El entonces rector, ni corto ni perezoso, se fue a un notario para dejar constancia de sus sospechas sobre un “posible perjuicio” a los intereses públicos a tenor de cómo se estaba llevando a cabo la privatización.
María José Catalá defiende la privatización
En una rueda de prensa convocada por el PP, Catalá ha comparecido este lunes junto con el líder valenciano de la formación, Carlos Mazón, para analizar la actualidad política y, a preguntas de elDiario.es, ha defendido su gestión de la privatización, cuando era consellera del Gobierno popular de Alberto Fabra, y su actual condición de profesora colaboradora de la VIU. Aunque se ha negado, de nuevo, a detallar sus honorarios, ha confirmado de forma indirecta que están en torno a 7.300 euros al año.
“Lo han publicado ustedes, han publicado los honorarios de todos los profesores con la carga lectiva correspondiente a la mía y, por lo tanto, no tengo nada más que confirmar la información que ustedes han publicado”, ha afirmado María José Catalá. “Además”, ha agregado, “hasta la fecha soy la única concejala del Ayuntamiento de València que ha publicado anualmente sus retribuciones, tanto en las Corts como en la Corporación municipal, pero especialmente en las Corts donde de forma anual se nos requiere nuestra declaración de la renta, nuestros ingresos, y los publicamos”, ha explicado.
Sobre el proceso de venta y las fuertes cláusulas de confidencialidad del proceso, Catalá, ha comentado que “cuando se hace una operación en la que se enajena un 70% de un accionariado de una fundación pública donde hay varias empresas interesadas hay una parte del procedimiento que según las recomendaciones de los técnicos debe ser confidencial, no soy yo la que ha puesto las cláusulas de confidencialidad, no soy yo el comité de expertos que estableció el importe y la cifra de negocio, no soy yo quien ha firmado los informes de la Abogacía de la Generalitat y en este proceso no fui yo como consellera la que marcaba las pautas”.
La portavoz popular ha señalado que la Generalitat ha obtenido entre 2015 y 2020 unos ingresos de 11,4 millones de euros por el 30% de participaciones que mantiene en la VIU, mientras que cuando la gestionaba, les costaba dos millones al año y ha asegurado que pedirá los informes de la venta de la VIU al tiempo que ha insistido en que la auditoría que se realizó en diciembre de 2015 considera “correcto” el proceso.
Catalá ha señalado que no tiene acceso a todos los expedientes, por lo que los solicitará para que “todos los medios tengan la información” y que puedan “con absoluta transparencia” acceder a ellos.