El Puerto de València, uno de los principales causantes de la erosión de las playas del sur, situación que ya amenaza al Parque Natural de la Albufera según diversos expertos, es libre para tomar las decisiones que considere en materia de evaluaciones ambientales ante la posible afección de su polémica ampliación sobre este espacio enmarcado en la Red Natura 2.000, lo que le otorga una protección adicional. Nada tiene que decir al respecto el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera.
Es lo que ha venido a contestar el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar, a la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, quien notificó el pasado 6 de mayo al Ministerio de Transición Ecológica y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que las medidas cautelares asociadas a la revisión y actualización del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera chocan con la ampliación del Puerto de València y que por tanto debe paralizarse.
En su carta de respuesta, Aznar alega que “de conformidad con lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano sustantivo valorar la necesidad de someter un proyecto a evaluación de impacto ambiental”.
De este régimen jurídico, “se concluye la competencia de las Autoridades Portuarias para la aprobación o autorización de proyectos de obras de puertos de interés general, es decir, su consideración de órgano sustantivo, sin perjuicio de que a la vez ostenten la condición de promotor, lo cual no sólo tiene efectos en el momento de la autorización de un proyecto sino que puede tener otras repercusiones posteriores en materia de modificación de proyecto, seguimiento ambiental o régimen sancionador”.
Añade la misiva: “En el caso que nos ocupa debe ser, por tanto, la Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia (APV) la que valore si las actuaciones que tuviera previsto llevar a cabo exigen de una evaluación ambiental ad hoc”.
Para que no queden dudas de que el propio responsable, en gran medida, del deterioro de las playas del sur que amenaza el Parque Natural es el mismo que debe decidir al respecto, Aznar se compromete “a trasladar sus consideraciones a la Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia, de modo que, como órgano sustantivo, las tenga debidamente en cuenta a la hora de valorar la necesidad de instar un procedimiento de evaluación ambiental y elaborar el correspondiente estudio de impacto”, pese a que el mismo requerimiento en relación al PORN que Mollà remitió al ministerio, también se le mandó a la APV.
Una APV, que además, ha suspendido la reunión del consejo de administración prevista para esta semana, sin justificar los motivos, por lo que no habrá comparecencia pública de su presidente, el también socialista Aurelio Martínez.
La respuesta de Aznar va en la línea de lo verbalizado recientemente por la propia ministra Teresa Ribera, tras una reunión con el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig. “El Ministerio de Transición Ecológica no interviene como una especie de fiscalía o autoridad policial que decide, sino que esa vigilancia corresponde a quien es responsable de la infraestructura”, dijo la ministra Ribera.
El propio Aznar remitió el pasado 19 de abril una misiva a la APV en la que recomendaba la realización de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) ante las “apreciables diferencias” entre el proyecto que se pretende llevar adelante con respecto al que obtuvo la DIA favorable en 2007.
Sin embargo, desde entonces todas las declaraciones que han salido del departamento ministerial de Ribera sobre la ampliación van en la misma línea: la APV es la que debe decidir como órgano sustantivo.
Una condición, la de órgano sustantivo, que la APV obtuvo por medio de una resolución emitida por el propio Ministerio de Trasición Ecológica con fecha 30 de marzo de 2021 por la cual se rectifica la atribución a Puertos del Estado de la condición de “órgano sustantivo” y se designa en su lugar a las autoridades portuarias como responsables.
Europa advierte de la protección de la Red Natura 2000
La Comisión Europea, en su respuesta a la petición de un particular sobre posibles infracciones de la normativa ambiental en la ampliación del Puerto, recuerda la obligación de las autoridades de proteger los espacios de la red Natura 2000, como la Albufera.
Según reza el documento, “la Directiva sobre hábitats establece disposiciones para la protección de los lugares Natura 2000 contra desarrollos potencialmente dañinos. Requiere que, antes de aprobar cualquier plan o proyecto que pueda tener un efecto significativo en un lugar Natura 2000, las autoridades competentes comprueben mediante una evaluación adecuada que sus repercusiones no afectarán negativamente a la integridad de los lugares en cuestión”.
En este sentido, afirma que “la declaración de impacto ambiental (DIA) emitida por la autoridad competente el 30 de julio de 2007 como conclusión del procedimiento de EIA descartaba la posibilidad de efectos adversos importantes para la conservación de los sitios en cuestión”, pero añade que “cabe señalar que la Directiva EIA establece la obligación de decidir si es necesaria una EIA en lo que respecta a cualquier cambio o ampliación de los proyectos enumerados en los Anexos I o II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener importantes consecuencias. efectos adversos sobre el medio ambiente”.