El Ayuntamiento de València se opone al recurso presentado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Global Omnium, Grupo Bertolín e ISG ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la adjudicación del contrato de mantenimiento del alcantarillado de València para los próximos 15 años valorado en 293 millones de euros a la UTE formada por Acciona, Becsa y Ciclagua.
Tras rechazar recientemente las alegaciones de la UTE formada por Hiadraqua, Pavasal y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), ahora el Consistorio ha hecho lo propio con las presentadas por Global Omnium, Grupo Bertolín e ISG, cuya oferta obtuvo la mejor puntuación técnica, pero incurrió en baja temeraria al estar su oferta económica un 30% por debajo de la media del resto de propuestas.
Según la resolución municipal a la que ha tenido acceso elDiario.es, la mesa de contratación en sesión celebrada el 17 de abril de 2025, acordó proponer la exclusión de la proposición presentada por esta UTE “por no considerar debidamente justificado el nivel de precios ofertado”.
Como informó elDiario.es, el pasado 30 de junio la UTE excluida interpuso recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra el acto de adjudicación, por considerar no ajustada a derecho su exclusión del procedimiento, lo que paraliza la formalización del contrato con Acciona hasta que haya una resolución.
En su resolución, el Ayuntamiento rechaza las alegaciones por las que Global Omnium trata de justificar los precios ofertados. En concreto, en materia del servicio, considera “injustificados” los rendimientos en mano de obra para los trabajos de conservación; existencia de horas de servicio de vehículos de limpieza y consumo de gas licuado “inferiores a las previstas” en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP); solución técnica para relleno de zanjas “distinta de la prevista en PPTP”; “omisión” de parte del personal incluido en el concepto de Gastos Generales en el PPTP; y “eliminación” de una parte (3,5% del total del 5,5% sobre presupuesto) de los Costes Indirectos previstos en PPTP.
En materia de seguridad y salud, según la resolución municipal, “hay una parte que no justifican documentalmente y hay otra parte que justifican en un concepto de mejoras incluido en el sobre B, por ello por este concepto quedan sin justificación una cantidad de 93.112,87 euros al año”. En cuanto a las campañas ambientales, “únicamente justifican 850 euros en una campaña de concienciación y educación ciudadana de forma puntual y que se incluía como propuesta adicional sin coste para el Ayuntamiento de acuerdo con el compromiso del anejo 4”. Por ello por este concepto “quedan sin justificación una cantidad de 46.556,43 euros al año”.
En trabajos de investigación, según el Ayuntamiento, “quedan sin justificación una cantidad de 46.556,43 euros al año” y en la instrumentación “quedan sin justificación una cantidad de 139.669,29 euros al año, aspectos todos que suponen según se expone incumplimiento del PPTP o de su oferta, en cada caso”.
También se ponen de manifiesto costes sin justificar y reducciones de plazos en materia de obras a ejecutar. Como consecuencia, tanto en el servicio como en la obra, según la resolución, “hay obligaciones sustanciales establecidas por el PPTP o su oferta que no quedan contemplados de forma adecuada en la justificación que aportan, ya que implican su incumplimiento explícito o implícito”.
Por lo que “a la vista de justificación aportada, no se considera garantizado el cumplimiento del contrato según lo que resulta exigible por los citados documentos contractuales”. En resumen, “la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de precios y costes propuestos por el licitador y, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, lo que pondría en riesgo la prestación del correspondiente Servicio Público”. El Ayuntamiento ha remitido esta resolución al procedimiento abierto en el Tribunal de Recursos Contractuales.