El Ayuntamiento de València rechaza el recurso de tres de las empresas que concurren al macrocontrato de saneamiento del agua, uno de los más cuantiosos de la ciudad para los próximos 15 años, recién adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por Acciona. El consistorio rechaza las alegaciones presentadas por Hiadraqua, Pavasal y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), constituidas en una UTE, que presentaron un escrito con una batería de alegaciones contra la adjudicación del contrato de 293 millones de euros (IVA incluido) a la que ha sido adjudicataria del servicio en los últimos años. Tras analizar un informe del secretario general de la Administración municipal, la concejala responsable de los Servicios Centrales Técnicos y exresponsable de Contratación, Julia Climent, ha emitido este lunes una resolución para trasladar al Tribunal de Recursos Contractuales la desestimación del recurso. Todavía queda por analizar el recurso interpuesto por la mercantil Global Ómnium, excluída del proceso por una baja considerada “anormal”, pese a presentar la mejor oferta técnica. Este trámite que mantiene paralizado el proceso pese a la adjudicación, que fue otorgada el pasado 17 de abril en la sesión de la Mesa de Contratación.
Precisamente la continuidad de Acciona en el servicio es uno de los puntos que conforman las alegaciones: que la mercantil, según los recurrentes, ha contado con ventaja sobre el resto al conocer las entrañas del sistema. Apuntan a la vulneración del principio de igualdad de trato entre las licitadoras porque “la oferta presentada por la adjudicataria contiene referencias a información y experiencia derivadas de su condición de anterior contratista del servicio”, según consta en el informe municipal al que ha tenido acceso elDiario.es.
El consistorio desestima uno a uno los siete puntos recurridos, señalando, en este caso, que otras UTE también cuentan con mercantiles con experiencia en otros municipios. “Las puntuaciones que ha merecido la UTE Saneamiento Ciudad de València [la recurrente] ha sido en tres de los cuatro criterios a los que alude superiores a los de la UTE Acciona Agua + Becsa + Ciclagua, incluso máximas, con lo que, aunque indudablemente la UTE donde figura Acciona disponga de una superior experiencia en el saneamiento de este municipio, no le ha valido en la práctica como ventaja decisiva frente al resto de licitadores”, añade. Y prosigue: “No obtiene mayor puntuación quien tiene mayores conocimientos del servicio, sino la oferta que resulte más completa, coherente, exhaustiva, exacta, concreta, rigurosa y con propuestas mejor justificadas, ello independientemente del conocimiento que tenga la empresa que licita, como no podría ser de otra manera”, añade el ayuntamiento.
Otro de los puntos recurridos fue la falta de plan de igualdad depositado en el registro de dos las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias (Becsa y Ciclagua), una obligación legal para las mercantiles que superan los 50 trabajadores, además del, a su criterio, incumplimiento de la oferta en materia de medidas de seguridad. El consistorio concluye que la ley no es de aplicación en este caso por el momento del plazo administrativo en el que se encontraba: “El cambio legislativo es de aplicación a los contratos que se inicien a partir del 22 de agosto de 2024”, dice el escrito, que considera el trámite iniciado “si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato”, fecha que el consistorio establece el 10 de junio de 2021, cuando se envía el anuncio de licitación, que se publica al día siguiente en la plataforma de contratación del Sector Público. Recalca además que la falta de inscripción del plan de igualdad no determina por sí sola que la empresa se encuentre en un caso de prohibición de contratar con el sector público.
Las tres empresas que conforman la UTE, que quedaron segundas en el proceso, plantean también las dificultades para presentar el recurso porque varios puntos de la oferta de la UTE liderada por Acciona fueron declarados confidenciales. La mercantil alegó que se debe a su know how e “incorpora desarrollos de I+D+I propios de la empresa, así como datos técnicos o económicos derivados de relaciones comerciales de la misma”, según el documento del Ayuntamiento.
Por ello, tras un informe jurídico de 13 folios en los que se desestiman los argumentos de la alianza encabezada por Hidraqua, la tercera teniente de alcalde y responsable de los servicios centrales, Julia Climent, anterior delegada de contratación, propone aprobar el informe del Servicio de Contratación y remitir la propuesta de desestimación al Tribunal de Recursos Contractuales.
El contrato actual se adjudicó a Acciona en 2006, mercantil que ya operaba desde 1995 en la ciudad, en un procedimiento que está siendo investigado en el caso Azud por indicios de corrupción. La causa aborda por el presunto pago de mordidas de 1,7 millones de la empresa adjudicataria al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, fallecida en 2016.