El antaño líder de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Toni Cantó, dijo taxativamente que si el alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, acababa imputado por los seis años que se tiró cobrando de la Conselleria de Sanitat sin acudir a trabajar, la formación naranja lo dejaría caer en el consistorio alicantino. Bascuñana, médico de profesión, es investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Pero el primer edil de Orihuela sigue en su puesto a pesar de las declaraciones de Cantó y de que el pacto de gobernabilidad con Ciudadanos en el consistorio obliga a la dimisión de cualquier cargo público imputado por corrupción hasta que haya una sentencia firme. De hecho, Ciudadanos y Vox votaron en contra de una moción de la oposición que pedía la cabeza del presunto asesor zombi.
Desde que elDiario.es destapó hace tres años que Bascuñana cobró entre el 1 de noviembre de 2007 y el 7 de enero de 2014 como asesor de la dirección territorial de Sanidad sin acudir a trabajar (ni pedir vacaciones, ni tener un puesto de trabajo adscrito, ni siquiera aparecer por las instalaciones según los testimonios de los funcionarios), el lastre de aquellos años ha perseguido al alcalde popular, que insiste en desligar aquel periodo de su puesto actual.
Accionista de una clínica privada con “mala memoria”
Como si de un trabajador estajanovista se tratara, en seis años no figura que hubiera disfrutado de periodos de vacaciones, cogiera una baja o solicitara un 'moscoso', según la documentación en poder de esta redacción. Bascuñana aseguró a este diario que tiene “mala memoria” y que no recuerda si pidió las vacaciones y las libranzas.
La adscripción temporal permitió al político mantener su sueldo como médico de cabecera en el ambulatorio de Orihuela, pero sin las guardias y los pluses de cupo y atención continuada. Aun así, pudo mantener su salario de 3.937,09 euros brutos al mes en 14 pagas (55.116,26 euros anuales), según sus nóminas.
El alcalde, uno de los principales abanderados de la campaña del Partido Popular contra la reversión del Hospital de Torrevieja, en manos del Grupo Ribera Salud, conserva el accionariado de su clínica privada en la que colocó a su cuñada de administradora mancomunada justo antes de ser elegido primer edil.
En los seis años que estuvo adscrito a la dirección territorial de Alicante, la Conselleria de Sanidad tuvo que contratar a tres médicos para que atendieran sus consultas en el centro de salud público y los pacientes no quedaran desatendidos con su salida. De esta manera, Bascuñana podía acudir a trabajar a la dirección territorial de Alicante pero nunca lo hizo. De hecho, aunque no existía firma electrónica en el departamento, los empleados sí que rubricaban todos los días la hoja laboral para poder percibir las nóminas y llevar un control de la asistencia. Del trabajo de Bascuñana no queda ni rastro, tal como confirmó la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en las Corts Valencianes.
“No se ha encontrado ningún documento descriptivo de las funciones supuestamente encomendadas, ni el objeto, ni el contenido, ni la misión del trabajo. No hay constancia entre los funcionarios consultados de que el doctor Bascuñana hiciera acto de presencia física en la Dirección Territorial de Alicante, ni tienen constancia de su paso por ella. Tampoco consta que tuviera despacho en la Dirección Territorial”, aseguró la consellera de Sanitat.
El delegado en Alicante de la Fiscalía Anticorrupción, Pablo Romero, concluyó que Bascuñana habría cometido un presunto delito de apropiación indebida, tras evaluar los informes internos de Sanidad que confirmaron que el alcalde del PP fue un asesor zombi. En la causa se ha visto obligado a declarar como testigo el exconseller popular de Sanidad Luis Rosado.
Informe pericial de Antifraude
El alcalde popular ha alegado que sus informes eran “orales”, motivo por el cual no queda ni rastro de su actividad durante aquellos seis años, en los que gobernaba el Partido Popular en la Generalitat Valenciana. El letrado de Bascuñana, Ricard Sala, ha solicitado el archivo de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela. El alcalde acudió a declarar, en condición de investigado, arropado por dos ediles de su partido. Así, responsabilizó al departamento que dirige Ana Barceló de que no quede rastro documental de su presunto trabajo de asesor.
El panorama se presenta complicado para el alcalde de Orihuela, a pesar de que sus socios de gobierno no han entregado la cabeza del presunto zombi. Su defensa intentó, en vano, frenar la solicitud del informe pericial encargado a la Agencia Valenciana Antifraude por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela. Antifraude, el organismo que dirige Joan Llinares, ejerce funciones de auxilio judicial en causas de corrupción (lo ha hecho, entre otros, en el 'caso Erial') y sus informes suelen estar muy documentados.
Las conclusiones, teniendo en cuenta los informes previos de la propia Conselleria de Sanitat, pueden ser demoledores para el alcalde. Su abogado recurrió la solicitud de la pericial de Antifraude pero la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le dio un varapalo jurídico a Bascuñana al declarar la “incompetencia de la jurisdicción contencioso administrativa”. El auto del TSJ-CV argumenta que la resolución “se emite en el seno de un procedimiento penal como consecuencia de la solicitud emitida por un juzgado de instrucción” por lo que no se le puede atribuir una “naturaleza administrativa”.
El alcalde de Orihuela, a diferencia de los zombis de las ficciones televisivas a la moda, ha seguido vivo. La instrucción del caso determinará si su carrera política al frente del consistorio continúa intacta o si sus socios de gobierno se verán obligados a cortarle la cabeza.