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Mucho más que un bloqueo

El líder del PP, Pablo Casado.

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La derecha española dejó de poder articular una mayoría parlamentaria de Gobierno a partir del 20 de diciembre de 2015. Fue consciente de que iba a dejar de poder hacerlo desde los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de ese mismo año. De ahí que en esos últimos meses activara un programa legislativo muy intenso aprovechando la mayoría absoluta que tenía desde las elecciones de noviembre de 2011. Aprobó incluso de manera dudosamente constitucional los Presupuestos Generales del Estado para 2016, ya que en una legislatura de cuatro años se aprobaron cinco presupuestos generales.

Desde que el PP perdió la esperanza no solo de alcanzar la mayoría absoluta en solitario, sino de la posibilidad de conseguirlo en alianza con otros partidos de la derecha española, su objetivo ha sido evitar que desde los partidos de izquierda se pudiera empezar a rectificar la interpretación tan extraordinariamente conservadora de la Constitución que había impuesto entre 2011 y 2015. El PP ha dejado de tener una política de dirección política del país desde 2015. Ha sido portador de un proyecto exclusivamente negativo: evitar que la mayoría parlamentaria alternativa pudiera gobernar.

Lo consiguió entre 2016 y 2018 a través del cordón sanitario que consiguió imponer al nacionalismo catalán, respecto del cual se siguió una estrategia similar a la que se puso en práctica anteriormente contra Herri Batasuna. El cordón sanitario duró lo que duró. El éxito de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez hizo visible que existía una mayoría parlamentaria de gobierno alternativa a la que representaban las derechas españolas. Y que no era una mayoría coyuntural, sino que tenía vocación de prolongarse en el tiempo. La mayoría de la moción de censura de 2018 se repetiría en las elecciones generales de 2019.

Desde entonces el PP, acompañado de Vox y Ciudadanos, ha diseñado una estrategia consistente en un primer momento en intentar evitar la investidura de Pedro Sánchez por todos los medios a su alcance. Tras no conseguirlo, están intentando impedir que el Gobierno pueda gobernar, recurriendo para ello a los órganos constitucionales para cuya renovación se exige una mayoría cualificada, que no es alcanzable sin los escaños de las derechas españolas en general y del PP en particular.

El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas tienen la composición que procede de la renovación que se produjo en la legislatura de 2011 a 2015 con la mayoría absoluta del PP. Las derechas españolas están aprovechando esa composición para torpedear la acción de gobierno, negándose al mismo tiempo a iniciar el proceso de negociación imprescindible para la renovación de tales órganos.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma no cabe la menor duda de que la estrategia de las derechas españolas funciona. No solo por la amenaza que supone para todo el programa legislativo del Gobierno, que puede verse rechazado por anticonstitucional, sino porque además los tribunales de justicia ordinarios pueden verse impulsados a un ejercicio de la función jurisdiccional que se inspire en la forma en que el Tribunal Constitucional ejerce la suya.

En el bloqueo institucional estamos ya instalados. A lo que nos estamos aproximando ya es a un bloqueo del sistema político. La no renovación de los órganos constitucionales es un impulso a que sigan actuando de la forma en que lo están haciendo. Y así es imposible desarrollar una acción de gobierno digna de tal nombre.

Está claro que reducir los tres quintos de diputados o senadores exigidos para la renovación de tales órganos constitucionales es imposible. El aviso de la Unión Europea no puede no ser atendido.

De persistir las derechas en el bloqueo, negándose a aceptar el procedimiento de renovación que se siguió en la legislatura 2011-2015, la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno no tendría otra alternativa que reformar las leyes orgánicas reguladoras del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas e imponer que los miembros de estos órganos constitucionales cesan el día en que finaliza su mandato sin posibilidad de prórroga de ningún tipo.

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Publicado el
26 de julio de 2021 - 22:14 h

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