Las consultas del Rey

Las consultas del Rey establecidas en el artículo 99 de la Constitución no deberían convertirse en una suerte de charlaterio múltiple que se va difundiendo urbi et orbi cada vez que uno de los representantes de cada formación política presente en el Congreso de los Diputados atiende a los medios de comunicación inmediatamente después de su entrevista con el monarca. Para que el protocolo previsto en la Constitución tenga algún sentido, la opinión de cada uno de los representantes de los partidos debería ser transmitida al Rey y nada más que al Rey. Y la decisión del Rey debería ser transmitida a través del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados exclusivamente. 

Hasta la fecha, como no se han solido plantear problemas en lo que a esta exigencia constitucional se refiere, se ha permitido que las consultas se hayan ido haciendo de cualquier manera. Si hubiéramos seguido sin que se plantearan problemas, probablemente no estaríamos hablando del tema y las consultas se habrían convertido fáctica, aunque no normativamente, en un mero trámite que se evacuaría de la manera que le pareciera oportuno tanto al Rey como a los portavoces de los partidos que han de ser escuchados por el Rey.

Me temo que ya no es así. Ya en 2016, tras el resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, a través de ese charlaterio posterior a cada una de las entrevistas nos enteramos de que se aplicó incorrectamente la Constitución, ya que el Rey propuso al candidato del partido que había obtenido mayor número de votos y escaños y éste declinó lo que entendió como una “invitación” y no una designación para formar Gobierno. 

No sé con base en qué interpretación de la Constitución Mariano Rajoy entendió que el Rey lo “invitaba” a formar Gobierno, invitación que él podía “declinar”. No sé con base en qué interpretación de la Constitución aceptó el Rey esa interpretación del presidente del PP. Nada hay en la Constitución que permita interpretar el trámite de las consultas tras la celebración de unas elecciones generales de la manera en que se hizo en febrero de 2016.

Lo suyo hubiera sido que el Rey no hubiese hecho manifestación alguna de su decisión y que la diera a conocer a través del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados, de tal manera que, si el candidato propuesto por el Rey decide no aceptar la propuesta, es ante el Congreso de los Diputados ante el que tiene hacer explícita su voluntad de no hacerlo.  

Las formas tienen que ser respetadas y muy especialmente en un trámite tan delicado como es el de la designación del candidato a presidente del Gobierno. Nadie debería poder hacer uso de ese trámite en beneficio propio, como hizo Mariano Rajoy en 2016. Si la propuesta del Rey hubiera llegado a la Presidencia del Congreso y, convocado el Pleno para la investidura, el candidato propuesto hubiera tenido que renunciar a someterse al debate y votación en dicho Pleno, ¿hubiera podido acudir como candidato de su partido a las próximas elecciones generales de la misma manera en que acudió? ¿No se fabricó con esa “declinación” el ambiente más favorable para las próximas elecciones?

Dado que el resultado de estas elecciones no ha dejado resuelto de una manera clara e inequívoca quién tendría que ser propuesto por el Rey como candidato a la investidura, sería de suma importancia que se respetara la Constitución y que se hiciera saber, de la forma en que se estime oportuna, que el Rey solo dará a conocer el nombre del candidato a través del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados. Que nadie saldrá de la entrevista con el Rey con el encargo de formar Gobierno, sino que se enterará cuando el presidente o presidenta se lo comunique con la convocatoria del Pleno del Congreso para la sesión de investidura. 

En el caso de que algún posible candidato no estuviera dispuesto a aceptar la propuesta, debería hacérselo saber al Rey, a fin de que éste no la hiciera. No se puede dejar correr la sospecha de que ese posible candidato sí quería, pero el Rey ha maniobrado para que no lo fuera. Ya se han empezado a hacer correr bulos en ese sentido, a los que no se debe dejar que tengan la más mínima posibilidad de tener recorrido.

La legislatura se presenta ya lo suficientemente complicada como para que se añadan dificultades artificiales, que no tienen cabida en la Constitución. Los protagonistas de la operación son el Rey y el presidente o presidenta del Congreso de los Diputados. El Rey decide y el presidente o presidenta da el trámite parlamentario correspondiente a su decisión. En esto debe consistir la investidura desde una perspectiva formal. Todo lo demás sobra. Que nadie pueda llamarse a engaño.