El daño grave que hace el PP a la democracia con su uso del terrorismo

El lector sabe con seguridad que España tuvo que constituirse democráticamente en medio de una presión terrorista intensa y multiforme. Una presión dirigida no a la conquista del poder, sino a provocar un golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas que pusiera fin al sistema democrático que estaba empezando a dar sus primeros pasos. 

Dicha presión terrorista multiforme estuvo a punto de conseguirlo en febrero de 1981, pero no lo consiguió. A partir de ese intento frustrado el terrorismo se fue reduciendo en su expresión múltiple, quedando reducido en pocos años a su expresión etarra. ETA se quedó prácticamente con el monopolio del protagonismo del terrorismo desde la segunda mitad de los años ochenta.

Descartado el golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, ETA rediseñó su estrategia. Continuó con los atentados contra altos mandos militares y de miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional, pero la extendió en una estrategia calificada de “socialización del dolor” a jueces, concejales, alcaldes, empresarios, profesores, funcionarios de prisiones… A diferencia de lo que había ocurrido en el pasado con el uso de la violencia en España, fueron los miembros de la Iglesia Católica los únicos a los que no afectó la violencia en esta ocasión.

La amenaza de la “socialización del dolor”, combinada con la participación en los procesos electorales de un partido político propio, tendía a perturbar el funcionamiento normalizado del sistema democrático, intentando conseguir que la democracia no pudiera estabilizarse. El enemigo de ETA pasó a ser la Democracia. No las Fuerza Armadas o la Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado, sino el propio sistema democrático. ETA intuyó que una democracia estabilizada supondría su fin. De ahí su estrategia de desestabilización permanente. Estrategia con la que acabó la sociedad española sin que fuera necesario a lo largo de todo el proceso la declaración del Estado de excepción o del Estado de Sitio. El sistema democrático soportó la presión terrorista sin descomponerse y consiguió, en la segunda legislatura con José Luís Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior, que ETA reconociera su derrota y abandonara el terrorismo. Dicho abandono se complementaría años más tarde con la disolución de la organización terrorista. El último atentado terrorista en España tuvo lugar el 30 de julio de 2009. El último de verdad tendría lugar el 16 de marzo de 2010 en Francia. 

En julio de este 2024 hará 15 años que ETA no actúa en España. Y en marzo del año que viene hará 15 años que no actúa en parte alguna. Y, como ha dicho reiteradamente José Luis Rodríguez Zapatero, a cambio de nada. No ha habido ninguna “traición a los muertos”, Mariano Rajoy dixit, para conseguir el fin del terrorismo etarra. La democracia española ha derrotado a ETA, no sin golpes sucios, pero sin desnaturalizarse políticamente. La ejecutoria de la democracia española frente al terrorismo se compara con la de cualquier otro estado democrático que haya tenido que hacer frente a una amenaza de este tipo.

Lo que no consiguió ETA de manera directa, parece que está intentando conseguirlo el PP de forma oblicua, atribuyendo al nacionalismo catalán el protagonismo de una estrategia terrorista en los años en que dicho nacionalismo puso en marcha lo que ha acabado siendo calificado como el procés. 

Aunque nadie había advertido hasta la fecha que el procés había sido el resultado de una estrategia terrorista –ni siquiera en el momento en que se decidió recurrir al artículo 155 de la Constitución para frenarlo–, desde que las derechas españolas no consiguieron llegar a la presidencia del Gobierno en las pasadas elecciones del 23 de julio, la acusación de terrorismo ha vuelto a hacer acto de presencia en nuestra vida política. Y no solamente el terrorismo, sino hasta la “alta traición”.

Contra el nacionalismo catalán se está produciendo una alteración del normal funcionamiento del sistema democrático superior a la que se produjo contra el terrorismo etarra. Nunca se suspendió el ejercicio del derecho a la autonomía en el País Vasco, como sí se produjo respecto de Catalunya. Nunca se acusó a ningún lehendakari ni a los miembros de su Gobierno del delito de rebelión, ni se adoptaron medidas cautelares privativas de libertad contra ellos. Nunca fueron juzgados y condenados por sedición o malversación. Únicamente el presidente del Parlamento Juan Mari Atutxa fue juzgado y condenado a la destitución con violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como dejaría dicho el TEDH. En ningún momento estaría privado de libertad.

Contra el nacionalismo catalán se está produciendo nada menos que el incumplimiento de la Constitución en lo relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin que todavía podamos prever cuando se pondrá fin a dicho incumplimiento. Han sido condenados los que fueron miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont, así como la presidenta y varios miembros de la Mesa del Parlament, mediante sentencia que está recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya ha solicitado al Estado español información sobre el asunto, paso previo para el análisis del mismo y dictar sentencia. Como he dicho en varias ocasiones, estoy convencido de que la sentencia será anulada. 

Y desde antes incluso que se iniciara en el Congreso de los Diputados la admisión a trámite de una proposición de ley de amnistía se ha recurrido por algunos miembros del Poder Judicial a una activación de los delitos de terrorismo y de alta traición, como forma de torpedear la tramitación parlamentaria de dicha proposición de ley.  

Tan extraña ha sido la actuación de tales jueces que ha sido convocada una reunión de los fiscales adscritos al Tribunal Supremo para pronunciarse sobre la iniciativa de uno de ellos, el juez García Castellón, que ha elevado la causa por terrorismo contra Carles Puigdemont al Tribunal Supremo. Por una mayoría muy amplia los fiscales han avalado la exposición razonada elevada por el juez de la Audiencia Nacional, tanto en lo relativo al delito de terrorismo como en lo tocante a la imputación del mismo a Carles Puigdemont. La pelota pasa a las manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Se ha producido una reforma del Reglamento del Senado con toda la apariencia de ser anticonstitucional, con la finalidad de retrasar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía una vez que sea aprobada por el Congreso, y se está estudiando incluso la posibilidad de no tramitarla en el Senado.

El uso que está haciendo del terrorismo el PP ha afectado al sistema político de la democracia española mucho más que lo hizo el terrorismo de ETA. Y todavía nos queda mucho por ver. 

Espero que nadie se llame a engaño y esté preparado para la que se nos viene encima.