Vuelos de la muerte: lo que calla el elogioso editorial de El País sobre los juicios en Argentina

Hace pocos días finalizó el juicio contra los marinos asesinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -el mayor de los celebrados hasta ahora por un Estado por crímenes de lesa humanidad- condenándose a cadena perpetua a 29 de ellos por arrojar vivos desde aviones al Río de la Plata a opositores políticos previamente secuestrados y torturados. Se ha demostrado que en la ESMA 789 de dichos opositores fueron desaparecidos en vuelos de la muerte y alrededor de 5.000 por otros métodos de exterminio. Siendo este el lugar más emblemático de la represión, no fue el único, ya que durante la dictadura militar que gobernó la Argentina desde 1976 hasta 1983 fueron asesinados y desaparecidos 30.000 opositores, en general muy jóvenes, de todas las clases sociales, de las más diversas profesiones o trabajos y con diferentes grados de compromiso en la lucha contra dicha dictadura. Militantes de las organizaciones político militares, Madres de Plaza de Mayo, sindicalistas, obreros, estudiantes, profesionales, amas de casa, jubilados, sacerdotes comprometidos con los pobres, monjas francesas, políticos de izquierda y abogados defensores de los derechos humanos fueron exterminados sin piedad en campos de concentración que se extendieron por todo el territorio, apropiados sus hijos y robados sus bienes. Véase como mayor ejemplo la expropiación forzosa a sus legítimos dueños de la papelera Papel Prensa que fue entregada a medios hoy dominantes.

Muchos miles de argentinos tuvieron que emprender el camino del exilio para poder salvar sus vidas y otros encontraron refugio en distintas zonas del interior del país donde vivieron escondidos durante muchos años. El horror y el silencio invadieron la vida de la mayoría de los ciudadanos.

Si bien la excusa explícita de la dictadura militar fue derrotar a la guerrilla, su razón verdadera fue destruir cualquier oposición política al plan de saqueo neoliberal que, desde los centros de poder, se había diseñado para la Argentina y -a través del Plan Cóndor- para toda Latinoamérica.

Es con este plan que se inicia el endeudamiento sistemático del Estado -la dictadura multiplica por cinco la deuda externa- desembocando este accionar en el default acaecido muchos años después. Junto a ello se produjo la estatización de las deudas de particulares afectos al régimen, con una trasferencia de ingresos masiva a las clases más poderosas: la firma la puso el tristemente famoso ministro de Economía Martínez de Hoz, quien se murió sin pagar su crimen.

Este juicio a los responsables de los vuelos de la muerte, que duró 5 años, es parte de la universalmente reconocida política de derechos humanos que la Argentina lleva adelante desde el retorno de la democracia en 1983. Comienza con el presidente Alfonsín y el juicio a las Juntas Militares y se desvirtúa con las leyes de Punto Final (diciembre de 1986) y de Obediencia Debida (junio de 1987) del final de su mandato, a las que se suman posteriormente los indultos por decreto del presidente Menem entre 1989 y 1990. Finalmente el Presidente Néstor Kirchner reanuda y consolida durante su gobierno una política institucional de Derechos Humanos, la cual se inicia en el 28 aniversario del golpe de Estado de 1976 con la famosa y simbólica retirada del cuadro de Videla y Bignone en el Colegio Militar de la mano del Jefe del Ejército y delante de los propios militares. Tan consolidada está actualmente dicha política -más de 400 militares están presos y 500 enjuiciados- que el actual gobierno no ha podido más que seguir adelante con los juicios a pesar de estar claramente en su contra, como lo demostró el intento frustrado de la Corte Suprema de rebajar la condena a los genocidas presos (el 2x1) y que fue rechazada masivamente por la ciudadanía y los organismos de derechos humanos.

Es sorprendente el reconocimiento que se hace de esta condena en los medios españoles y, sobremanera, en el editorial del diario El País del día 2 de diciembre pasado titulado “Lección de Argentina”, donde se elogia claramente la actuación de la Argentina en materia de derechos humanos. Comienza afirmando que “la condena a cadena perpetua de varios responsables de los tristemente célebres vuelos de la muerte constituye un importante acto de justicia y a la vez es demostración práctica del porqué toda democracia —en este caso la argentina— debe perseguir incansablemente los crímenes contra la humanidad para evitar que queden impunes”. Reconoce, a su vez, la actuación del Presidente Kirchner que con su empeño logra “que el Congreso argentino otorgase rango constitucional a la Convención de la Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y derogara las polémicas leyes (de Obediencia Debida y Punto final)” y finaliza afirmando que esta sentencia es un mensaje al mundo ya que deja claro que no habrá más impunidad para los violadores de los derechos humanos.

¿Qué sorprende de un editorial tan claro y conforme a cualquier política de derechos humanos? No es lo que dice sino lo que calla. Lo silenciado se convierte en un grito que agujerea todo el texto y finalmente termina por desautorizarlo. Hay una ausencia de cualquier referencia, por mínima que fuera esta, a los crímenes cometidos por la dictadura franquista, a la inexistencia de una política de Estado sobre los derechos humanos, a los fusilados sin juicio y que permanecen por cientos de miles en las cunetas, a los miles de niños apropiados, al no juzgamiento de los responsables, a la tibieza de una ley de Memoria Histórica que no cumple con el reconocimiento de los represaliados y asesinados y al no levantamiento de las condenas a muerte impuestas por tribunales de la dictadura. Los que lo escribieron conocen muy bien todas estas cuestiones y sin embargo se hacen solidarios del intento de los sucesivos gobiernos de España de silenciar y reprimir, en sentido freudiano, la memoria y obstaculizar una política de derechos humanos como la que tanto elogian de Argentina.

Oportunidades para otra política no han faltado y sin embargo hoy es imposible en España, no solo enjuiciar crímenes de lesa humanidad ajenos, sino, también y sobre todo, los propios.

Es hora que esta admiración por la Argentina se convierta en una vía por donde España puede reconocer su pasado y realizar un acto de justicia aún pendiente. El no hacerlo y mantenerse en un no querer saber, no querer reconocer, hará imposible la construcción de un país donde esta admiración, hoy puesta más allá del Atlántico, se vuelque sobre cada uno de los españoles.