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El Gobierno asturiano se sube al 'tren de la libertad'
Asturias —
“La sociedad asturiana no puede verse reflejada en el modelo regresivo que quiere el Partido Popular; un modelo con menos derechos, retroceso e intolerancia”. Con esta declaración de principios, el consejero de la Presidencia del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, anunció la implicación del ejecutivo socialista asturiano en las movilizaciones que desde Asturias se preparan para protestar contra la reforma de la ley del aborto planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón.
‘El tren de la libertad’, que partirá el próximo día 31 desde Gijón hacia Madrid, es la primera iniciativa que se toma desde el Principado. La idea se gestó en la reunión anual de amistad entre la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos y la Tertulia Feminista ‘Les Comadres’ en la localidad minera asturiana de Lavina. El PSOE ha sido el primer partido en dar su apoyo y anima a todo el mundo a participar en la protesta del 1 de febrero en la capital de España.
“La FSA-PSOE da su total respaldo a una iniciativa con la que las asociaciones de mujeres pretenden mostrar su rechazo al anteproyecto de la ley del aborto, porque constituye un ataque injustificable a la libertad de decidir de las mujeres”, dice la secretaria de Igualdad, Gimena Llamedo.
El Gobierno de Asturias también se suma a las protestas y muestra su total rechazo “a una contrarreforma que quiere convertir un derecho en un delito, porque va en contra de la salud, de la seguridad jurídica y en contra de las mujeres”, afirma el consejero de la Presidencia.
Guillermo Martínez ha convocado para este martes una reunión extraordinaria del Consejo Asturiano de la Mujer, máximo órgano de participación, consulta y asesoramiento del Principado en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, que cuenta con la representación de más de treinta organizaciones. Además del rechazo oficial, el Gobierno espera que en este encuentro se adopte una posición que concite el más amplio de los consensos.
El ejecutivo asturiano considera que la iniciativa del ministro Ruiz-Gallardón implica volver a una normativa de indicaciones, mucho más restrictiva que la ley de 1985, “ya que las mujeres no podrán decidir y, de nuevo, verán tutelados sus derechos, sin poder decidir por sí mismas”. Además de limitar la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal, “abre las puertas a un incremento de los abortos clandestinos y eleva el riesgo de mortalidad para las mujeres y el riesgo de acciones penales contra ellas y los profesionales sanitarios”.
