El audiovisual canario pide recuperar su ventaja fiscal con el resto del país

Telde (Gran Canaria), 31 may (EFE).- El Clúster Audiovisual de Canarias pide que “se cumpla la ley” respecto al derecho de las islas a tener un trato fiscal más ventajoso que el resto de España, preocupado de que en la península se haya fijado un techo para las ayudas al cine del doble que lo permitido en el archipiélago.

En nombre del Clúster Audiovisual, el consejero delegado de Macaronesia Film, Jaime Romero, ha explicado en rueda de prensa en sus instalaciones en El Goro, Telde (Gran Canaria), que el sector se encuentra con un problema en la limitación que se ha producido con la última modificación en lo relativo a los incentivos fiscales.

Este cambio ha ampliado la cuantía admisible de ayudas en la España peninsular hasta un techo de 10 millones de euros, dejando atrás a Canarias, que contaba con un incentivo fiscal mayor que ahora ha perdido.

“Lo único que pedimos es que se cumpla el Régimen Económico y Fiscal, que el diferencial que siempre hemos tenido y está marcado por ley y norma se cumpla”, porque con esta modificación se ha generado “una total distorsión”, ha dicho Romero.

A juicio de este productor, “Canarias no se puede permitir perder el tren del audiovisual”, más aún tras “el esfuerzo importantísimo hecho para tener un desarrollo industrial potente”.

La industria del cine, ha explicado, ha demostrando que es capaz de mantener su potencial porque, “en momentos de actividad económica parada, el sector audiovisual puede tirar de la economía, llenar hoteles, contratar coches de alquiler o tirar del sector de la construcción”.

En este sentido, ha pedido que “se cumpla la ley” para “no perder oportunidades en Canarias”, algo que considera que está ocurriendo porque “proyectos que se iban a venir a rodar a Canarias se deciden por otros destinos más competitivos y con más ayudas, no son otros países, sino en la misma península”.

En Canarias, en el último año “se han traído inversiones de más de 30 millones de euros, con un impacto económico y sobre el empleo enorme”, ha dicho, que “se puede perder si no se modifica” esta cuestión.