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Oltra asume la responsabilidad política de la situación en la residencia de Carlet tras 20 años de “modelo Blasco-Cotino”

Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas

EUROPA PRESS

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Política Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este martes que en los últimos cinco años, entre 2011 y 2016, un total de seis personas han muerto accidentalmente en la residencia de la tercera edad de Carlet (Valencia) y no han podido obtener datos más allá de 2011 porque “sistemáticamente se ha destruido documentación que hace referencia a estos incidentes en la dirección territorial correspondiente”.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Política Social en las Corts este martes para explicar la situación en la residencia que ella misma solicitó tras la publicación de una fotografía en la que un usuario de este centro aparece tendido en el suelo, una imagen que supone, ha dicho, una vulneración del derecho al honor, la intimidad y la dignidad del hombre y de su familia, así como la omisión del deber de socorro por parte de quien la tomó.

En su intervención, la consellera ha admitido que ella es la responsable política de lo ocurrido, aunque “en unas circunstancias” concretas tras 20 años “de desastre”, de “paréntesis de la cosa pública” y del “negocio de Taula”, con una apuesta por la privatización y “el abandono de los servicios públicos” en el marco del modelo Blasco-Cotino.

Además, ha apuntado que ahora ella comparece para dar explicaciones mientras que el anterior Consell del PP no lo hizo y ha puesto como ejemplo seis incidentes ocurridos en los últimos cinco años de los que “nunca informaron”.

Ha indicado que una residente murió después de que otra la tirara de manera accidental por las escaleras en 2013, un residente cayó accidentalmente por las escaleras en 2014 y ese mismo año una persona se cayó en el lavabo, se golpeó y la enfermera no avisó al médico. Falleció al día siguiente, ha relatado Oltra.

Ha proseguido relatando que el año pasado una residente apareció “asfixiada con una gasa” y la Policía Judicial no pudo determinar si se trató de un suicidio o un homicidio compasivo. Este suceso sí se conoció, ha dicho, porque salió en los medios, como también ocurrió con el incendio de 2005 en el que perdió la vida una persona y otra resultó herida por intoxicación.

Asimismo, Oltra ha señalado que en estos últimos cinco años se registraron dos suicidios, uno en 2011 y otro este mismo año, a raíz del cual se paralizaron los ingresos salvo en casos de “extrema urgencia”.

A raíz de la publicación de la fotografía del anciano en el suelo no hay ningún nuevo ingreso en el centro. Esta medida ha permitido que haya 48 plazas menos ocupadas en la residencia -cuya ocupación máxima es de 420 personas- y se ha mejorado la ratio de atención a los residentes en un 12 por ciento. Actualmente hay 199 trabajadores de plantilla y están ocupados 196 puestos.

Investigación sobre la fotografía

Respecto a la fotografía que originó la polémica, Oltra ha dicho que se está investigando cómo llegó a publicarse, tras ser realizada por un auxiliar de clínica el 25 de agosto, entregarse a la directora técnica y ser enviada por esta al supervisor de enfermería -que a su vez la habría enviado al grupo del personal de enfermería- y al médico de la planta.

Ha incidido que lo primero que hizo al visitar la residencia fue pedir perdón a Vicente, el usuario retratado en la fotografía, y comprobar que se encontraba bien, y después visitar la habitación porque “en algún lugar falla algo”.

En este sentido, se ha preguntado cómo pudo caer el anciano cuando “entre una ronda y la siguiente nada más pasa una hora, tenemos la baranda, las sujeciones y una persona que no tiene una movilidad como nosotros; todo el conjunto es físicamente imposible”.

Este informe, ha proseguido, estará a disposición de la justicia dado que el caso ya está denunciado por la familia, y a nivel interno también se ha abierto una investigación para depurar responsabilidades ante esa “mala praxis” y en caso de que se observaran responsabilidades penales se trasladaría a Fiscalía.

También se trabaja para conseguir una “racionalización de los periodos vacacionales” del personal, de modo que sean más largos de cara a las sustituciones y también en equiparar el salario del personal sanitario que trabaja en servicios sociales al que trabaja en sanidad, porque de lo contrario existe dificultad para que los integrantes de la bolsa acepten este tipo de sustituciones por cortos periodos de tiempo y menor retribución.

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