EU lleva a la Fiscalía la conexión de los hermanos Costa con la trama corrupta de Rus
La supuesta trama corrupta que se lucró con empresas que cobraban de la Diputación de Valencia sin prestar servicio alguno contiene elementos de las mejores series de suspense: escuchas telefónicas, pisos franco o 10 horas de grabaciones “que se llevarían por delante a mucha gente del PP”, según Esquerra Unida (EU).
Este partido, que denunció a la justicia los hechos, también cree que Juan Costa, ministro cuando José María Aznar presidía el gobierno, y Ricardo Costa, exnúmero 2 del PP valenciano e implicado en el caso Gürtel, también podrían estar relacionados con los hechos.
Según EU, el despacho de abogados de los Costa tuvo como mejor cliente a una de las empresas implicadas en la trama entre 2010 y 2012. En ese periodo, su bufete, Cas Legis, con sede en Madrid, facturó 300.000 a Carsan. El bufete negó luego cualquier relación con Imelsa y aclaró que no es Juan Costa Climent, el exministro, el accionista de la firma, sino Juan Costa Ortuño, extremo que EU asumió.
Esta empresa, dedicada al alquiler de coches, es una de las cinco que pagó servicios sin contaprestación alguna a una empresa de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, una empresa de la Diputación de Valencia. Un juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan si ese dinero se entregó a cambio de obtener contratos de Imelsa.
EU ni denuncia ni acusa de ningún delito a los Costa, pero llevan ésta y otras informaciones, “muy llamativas”, a la fiscalía por si ayudan a la investigación o son indicios de irregularidades.
Según EU, varios hechos -una conexión del despacho de los Costa con el administrador concursal de Carsan o el domicilio de otra de las empresas de la trama- merece ser investigado.
Con independencia de las eventuales responsabilidades penales del asunto, Ignacio Blanco, candidato de EU a la presidencia de la Genralitat, cree que Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, debería asumir ya “su responsabilidad política” y dimitir.
Rosa Pérez Garijo, la diputada de su partido que ha destapado el supuesto escándalo, va más lejos. “No es creíble que esto pase en una empresa de la Diputación [Imelsa] y el presidente [Rus] no lo sepa”. Ahora mismo, ni el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se atreve a dar la cara por Rus.
La cúpula de EU ha proporcionado a la justicia las 10 horas de grabaciones hechas a escondidas donde, supuestamente, se escucharía a Rus contando dinero. “Suponen, tal vez, el mayor escándalo de corrupción que afecta al PP valenciano. No las hacemos públicas porque son parte de una investigación que está bajo secreto de sumario”.
