Las depuradoras valencianas detectaron 96 focos de contaminación en 2018, más de la mitad procedentes de la industria agroalimentaria
La Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), organismo dependiente de la Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, lleva a cabo el control analítico de la calidad de las aguas residuales que circulan por las redes de colectores valencianos. Ello permite identificar las zonas de procedencia de los vertidos que afectan al “buen funcionamiento” de las plantas depuradoras, así como optimizar el programa de inspección sobre las industrias que los causan. La entidad se coordina con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), al que informa de cualquier anomalía detectada para facilitar la localización del origen. Según la 'Memoria de Gestión 2018' de la Epsar, el pasado año se realizaron 6.724 controles en las 604 estaciones de muestreo valenciana, con un total de 54.834 análisis.
Del mismo modo, han realizado numerosas “actuaciones de seguimiento y vigilancia” de las labores de limpieza y desatascos, así como sobre la gestión de los residuos líquidos, tanto de las descargas realizadas directamente en las depuradoras como en los casos de vaciado de camiones en puntos “no controlados” de las redes de saneamiento. Estas actuaciones “incontroladas” provocan la presencia de “agentes contaminantes no autorizados para su descarga” en las estaciones de saneamiento.
Durante 2018 se detectaron y comunicaron 3.109 incidentes por vertidos de alta carga contaminante en las depuradoras valencianas y se localizaron 96 focos de contaminación relacionados con 559 incidencias correspondientes a industrias cuyos vertidos afectan directamente a 43 plantas. De las 764 incidencias en las que se pudo determinar el sector productivo causante de los vertidos, “más de la mitad fueron originadas por actividades agroalimentarias”.
Contaminación por fungicidas
Dentro de las actuaciones de control de los vertidos de origen industrial en las depuradoras valencianas, la memoria destaca la “localización y regularización de los focos de contaminación por fungicidas procedentes de establecimientos dedicados a la preparación de cítricos para su comercialización”. En este sentido, explican que “aproximadamente” desde 2010 se han venido detectando “una serie de anomalías” que provocan la “pérdida de actividad de los procesos biológicos” durante “determinados meses del año”. El posible origen de estos vertidos, tal y como se desprende de las actuaciones realizadas por la Epsar, es el sector citrícola, “dada la coincidencia de estas actividades con los periodos de inhibición de los procesos biológicos de las plantas afectadas”.
De este modo, tras el análisis de los productos post-cosecha empleados en las actividades citrícolas se detectó la presencia de sustancias fungicidas (imazalil, tiabendazol, ortofenilfenol...), cuyas características “eran las causantes de esta inhibición” -las muestras en algunos casos superan hasta en 4.000 veces el límite autorizado, con concentraciones de entre 200 y 400 mg/l cuando el tope para estos residuos en la red de saneamiento es de 0,1 mg/l-. Estos productos son empleados en los tratamientos en drencher y en las ceras aplicados a las naranjas para garantizar una mayor perdurabilidad del fruto y favorecer de ese modo su comercialización tanto dentro como fuera de España. Se detectaron incumplimientos en el 55% de los 152 establecimientos del sector citrícola inspeccionados a lo largo del pasado año y se tomaron 258 muestras con el 50% de positivos por incumplimientos en los límites de vertido de fungicidas a la red de saneamiento, con el imazalil como el parámetro que más se detectó.
La Epsar también constató la sustitución de los productos antes mencionados por otros fungicidas con un riesgo de afección sobre las depuradoras “similar”. Se trata del propiconazol, tebuconazol, procloraz o el fosetil-Al, todos ellos se están incorporando a los programas de control analítico de la entidad dependiente de la conselleria de Agricultura.
En la actualidad hay 42 estaciones depuradoras “con un serio riesgo de afección por este tipo de vertidos”. Las principales plantas afectadas son: Algemesí-Albalat (La Ribera Alta); Almassora (La Plana Baixa); Alzira-Carcaixent (La Ribera Alta); Benifairó de la Valldigna (La Safor); Camp de Túria I (Camp de Túria); Mancomunitat de les Valls (Camp de Morvedre); Onda-Betxí-Vila-real (La Plana Baixa); Sistema Callosa (Baix Segura); y Xeraco (La Safor).
En resumen, en las inspecciones realizadas a lo largo de 2018 (2.230 de las que 853 corresponden al sector agroalimentario), se revisaron 1.419 empresas de las que 102 cesaron su actividad a lo largo del año y otras 82 fueron nuevas actividades. En total se tomaron 1.285 muestras y se analizaron 11.551 parámetros.
La 'Memoria' reconoce que fruto de las actuaciones de seguimiento de los vertidos que pueden afectar a las depuradoras “y del esfuerzo del sector industrial valenciano”, muchos de los focos detectados “son regularizados con la ejecución de los correspondientes planes de actuación del vertido por parte de las propias empresas”.
Reducción de contaminación, reducción de costes
Este control de vertidos tiene como primera finalidad “asegurar que la calidad de las aguas residuales en las depuradoras, tanto en carga como en el tipo de sustancias recibidas, no suponga una afección negativa para su normal funcionamiento”. Al respecto, apuntan en el informe anual que la reducción en la cantidad de contaminación tratada en las depuradoras “conlleva una reducción en los costes asociados a su tratamiento”.
En las depuradoras afectadas por vertidos de metales pesados, donde se han realizado campañas para la detección de los focos de contaminación y la implantación de medidas correctoras por parte de las empresas causantes, la evolución de la calidad de su fango refleja con claridad el éxito de estas actuaciones, ya que se ha pasado de gestionar 55.110 toneladas de fango con metales pesados en 2005, a sólo 6.990 toneladas en 2018, lo que supone una reducción total del 87,32 % y un ahorro estimado para 2018 de 4 millones de euros.
