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La portavoz y la financiación autonómica

El Gobierno del que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, será la voz pública ha pactado con Compromís emprender la reforma del sistema de asignación de recursos a las comunidades autónomas, lo que hará más visible el proceso

María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno y mantiene Hacienda

María Jesús Montero será la portavoz del Gobierno además de ministra de Hacienda. EFE

La ministra de Hacienda hará de portavoz del Gobierno. La decisión del presidente Pedro Sánchez de mantener a María Jesús Montero en la cartera que desempeñaba y convertirla, además, en la voz del nuevo Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos da para todo tipo de conjeturas, pero tendrá un efecto fácil de prever sobre uno de los asuntos destacados en la nutrida agenda de temas urgentes de la legislatura: la reforma de la financiación autonómica.

La condición de portavoz del Gobierno de la ministra, que ha de conducir esa reforma demasiado tiempo aplazada (el actual modelo caducó en 2014), dará a la financiación autonómica una visibilidad política de la que hasta ahora ha carecido.

Y no es un tema menor. Entre las medidas pactadas para la laboriosa consecución de la base parlamentaria del nuevo Gobierno, el PSOE ha firmado que la propuesta de reforma del sistema de financiación esté sobre la mesa en ocho meses. Lo ha incluido en su pacto con Compromís para la investidura de Pedro Sánchez. Y no es causal que haya sido así, dado que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas, con un reparto casi 200 euros inferior a la media por habitante ajustado y un agujero anual de unos 1.300 millones de euros que la infrafinanciación causa en las arcas de la Generalitat Valenciana.

De los desajustes del sistema político que se han ido haciendo patentes, el de la financiación autonómica resulta muy revelador. Baste para ello un dato: en la financiación sobre población ajustada, hay más de 600 euros por habitante de diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor. Eso si excluimos las autonomías de régimen foral y nos ceñimos a las de régimen común.

Maquillada en los tiempos de bonanza por los ingresos que la actividad económica proporcionaba, la disfunción del sistema se reveló con toda crudeza al llegar la crisis. Y lo hizo en unos términos que ya no permiten remiendos, como el que se aplicó en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el modelo anterior establecido en la época de José María Aznar. Hay que replantear los criterios de asignación de recursos sin que nadie resulte perjudicado. Todo un reto.

La ministra Montero ha hecho públicos algunos criterios básicos de gran importancia. Ninguna comunidad perderá en relación con lo que actualmente recibe y la distribución deberá partir de una asignación de fondos suficientes a las comunidades autónomas para garantizar los servicios públicos fundamentales en un Estado del bienestar como el español, en el que el núcleo de la política del bienestar, si exceptuamos las pensiones, es gestionado precisamente por los gobiernos autónomos. Hablamos de sanidad, educación y protección social. Ello implica que no podrá limitarse a repartir la tarta actual de la financiación autonómica y será la Administración central del Estado la que ceda recursos para que el nuevo sistema sea viable.

Ese planteamiento, recogido en los estudios de los expertos encargados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, coincide en términos generales con la reivindicación de comunidades como la valenciana, la balear, la murciana e incluso Catalunya (más allá de sus aspiraciones bilateralistas), sin que se pueda argumentar racionalmente desde otros territorios que se trata de una propuesta infundada. Pero implica acabar con lo que los especialistas denominan statu quo.

Dicho de otra forma, si la financiación autonómica ha estado condicionada desde sus orígenes por la diferencia del coste efectivo de los servicios transferidos a las comunidades autónomas, cuyo despliegue era desigual por parte del Estado en el momento en que los gobiernos autónomos asumieron las competencias, ahora habrá que recuperar la equidad interterritorial mediante la dotación equiparable de esos servicios públicos esenciales en el conjunto del sistema.

Sobre ese fondo básico de suficiencia para los servicios públicos fundamentales, habrá que debatir después la nivelación de recursos para competencias homogéneas y la financiación complementaria de competencias no homogéneas, porque no todos los gobiernos autonómicos tienen ni quieren gestionar las mismas transferencias. Y habrá que definir el fondo de compensación interterritorial y hacer frente a fenómenos como la despoblación, el envejecimiento, la insularidad y otras peculiaridades de la diversidad geográfica, social y cultural de las Españas.

Parece una tarea compleja. Y lo es. En realidad, debido a la crispación, el deterioro institucional y la interinidad de estos últimos años, cualquier política a medio o largo plazo parece una utopía. Pero la nueva portavoz del Gobierno está comprometida en afrontarla. No sería de recibo que la nueva legislatura perpetuara la asistencia mediante mecanismos de préstamo como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a las comunidades más perjudicadas, que se ven condenadas a acumular deuda pública porque no se corrige un sistema que resulta escandalosamente injusto.

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