Corrupción, guerra sucia y los “momentos difíciles” de Rajoy

“Habéis vivido momentos muy difíciles, pero los habéis superado”. Es lo más cerca que estuvo Mariano Rajoy de referirse a la corrupción en el discurso con el que cerró el XIV congreso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana el domingo 2 de abril.

Reconocer “errores” y mantener la “lealtad” fueron los mensajes que tanto el presidente del Gobierno como la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, enfatizaron en unas intervenciones que apelaron a “volver a gobernar” tras recordar, desde su insólito papel actual de oposición, que el PP mandó en las instituciones valencianas durante “un cuarto de siglo”. Sin embargo, no hubo alusiones a los artífices de esas sucesivas mayorías electorales más allá del sentido homenaje a la fallecida Rita Barberá.

Ni uno ni la otra citaron a ninguno de sus expresidentes en la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra, dos de ellos imputados y el último, por cierto, sentado en una discreta segunda fila entre los asistentes.  Tampoco a Carlos Fabra, Alfonso Rus o José Joaquín Ripoll, que fueron poderosos barones provinciales y están pendientes de juicio e incluso han pasado ya por la cárcel. Ni a expresidentes de las Corts Valencianes como Milagrosa Martínez o Juan Cotino, condenada una e imputado el otro en distintas piezas del caso Gürtel. No se comentó tampoco que la propia Barberá, tan añorada, era una senadora tránsfuga, implicada en el caso Taula y apartada del partido, cuando murió en Madrid el pasado noviembre.

Superar los “momentos difíciles” implica sin duda para Rajoy olvidar a Ricardo Costa, a Víctor Campos, a Rafael Blasco, a Serafín Castellano... Y repetir la forma de actuar ante los escándalos. Como en Murcia, donde solo dos días después de la visita del líder a Valencia acabaría dimitiendo el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, acosado por su relación con la trama Púnica después de una numantina resistencia.

Como tantos de sus correligionarios, el expresidente murciano tuvo tratos con una  trama que se dedicaba a montar diarios digitales falsos supuestamente pagados con fondos públicos cuyo objetivo estableció con contundencia la exalcaldesa del PP de Dénia, Ana Kringe, al teclearle por whatsapp a Alejandro de Pedro: “Dar hostias a la oposición”. Esa forma de guerra sucia y las sospechas de mordidas y amaños en contratos han salpicado a los ayuntamientos de Elche, Gandia, Castellón, Valencia y Dénia, así como a los de Valdemoro, Parla, Alcalá de Henares o Cartagena, entre otros. Y a dirigentes como Francisco Granados.

Púnica, Gürtel, Brugal, Imelsa, Taula... Nada de eso está cerrado. Casi todos los casos de corrupción que afectan al PP en España siguen abiertos y una vez superado el largo episodio de elecciones generales sincopadas, la corrupción vuelve a un puesto relevante entre las preocupaciones ciudadanas que reflejan los estudios del CIS. Una corrupción cuyo factor recurrente y generalizado en la derecha española (también en la catalana) es el de la financiación ilegal de campañas electorales.

Era esa la especialidad de Francisco Correa y Álvaro Pérez, pero también de la trama que asoma detrás del caso Taula para elecciones tan cercanas como las de 2015. No quedan mucho más lejos en el tiempo, como muestran los mensajes del móvil de Alejandro de Pedro extraídos por la policía,  las estrechas relaciones entre el conseguidor de la Púnica y una constelación de dirigentes del PP valenciano que han encontrado su sitio en la nueva etapa de su partido: desde la aspirante apadrinada por la propia Bonig para presidir el partido en la provincia de Valencia, Mari Carmen Contelles, a parlamentarios como José María Chiquillo y José Juan Zaplana o concejales como Alberto Mendonza, pasando por el presidente provincial de Alicante, José Ciscar, o el jefe de la Diputación alicantina, César Sánchez.

Da qué pensar el hecho de que sean objeto ahora mismo de una furiosa campaña de descrédito de tintes injuriosos desde un supuesto periódico comarcal los portavoces socialista, José Culvi, y de Compromís, Gerard Fullana, en esa Corporación. Este último ha denunciado recientemente a la fiscalía anticorrupción las irrgularidades en la adjudicación a una trama de empresas en tiempos de Ripoll de los pabellones en Fitur de la Diputación de Alicante y de varios ayuntamientos de la provincia. Se parece demasiado al modus operandi de la Púnica para no preguntarse hasta qué punto sigue funcionando la guerra sucia.

A causa de la negligencia de la oposición que, por activa o por pasiva, ha permitido que el PP vuelva a gobernar en España, parece ganar crédito la idea de la derecha de que los “tiempos difíciles” no duran, pero los políticos duros sí. Mientras no acabemos de pasar esa página, nadie podrá decir que la corrupción política ha sido razonablemente erradicada de la vida pública.