Sobre España, la intolerancia y el adoctrinamiento
Quien tuvo que aprender fuera de las aulas a escribir en su propia lengua y a descubrir figuras de su cultura como Ausiàs March, Joanot Martorell, Isabel de Villena, Josep Carner, Mercè Rodoreda o Salvador Espriu, percibe en toda esta campaña de denuncia del “adoctrinamiento” catalanista las emanaciones de una censura rancia, como si el independentismo catalán, con sus excesos, hubiera removido el fango de una charca ideológica donde se pudren prejuicios de otras épocas.
Pero la sensación es equívoca, porque la ofensiva del PP y Ciudadanos va mucho más allá de sus episódicas efusiones reaccionarias y sus ocasionales tácticas políticas. Lo demuestra el hecho de que se hayan sumado a ella, o no le hagan ascos, antiguos progresistas, supuestos intelectuales liberales y medios de comunicación en otro tiempo impensables que han decidido prescindir de cualquier evaluación objetiva sobre la influencia de la escuela en la escalada secesionista.
Claro que cuando te crees legitimado para esgrimir contra el independentismo, con todos sus defectos reales o imaginados, una acusación como la de “supremacista” es que has caído muy bajo. Nadie con dos dedos de sensibilidad democrática puede acusar de “supremacista” a un movimiento político o a un sector de la opinión pública sin tener en cuenta las gravísimas connotaciones del término. Y ha ocurrido estos días, no una ni dos veces.
¿Supremacistas? Si el nacionalismo catalán se ha caracterizado por algo no ha sido por su fundamentación étnica, sino cultural y política, y por su fuerte vocación cívica. También, ciertamente, por un sentido común que parece haber perdido. Pero se ha levantado la veda.
Solo sirve para justificar la censura una dialéctica tan desquiciada como la que propicia que algunos periodistas y opinadores, ofendidos por la abusiva utilización en Catalunya de comparaciones con el franquismo y de exabruptos victimistas, hagan la vista gorda a las exhibiciones patrióticas de la extrema derecha y no se estremezcan al ver publicadas en sus medios acusaciones de supremacismo (supongo que llamar nazis a los independentistas es el paso siguiente, como lo ha sido calificarlos de “totalitarios” después de acusarlos de “golpistas”).
Y no otra cosa que una caza de brujas son los requerimientos del ministro Méndez de Vigo por supuestos episodios de adoctrinamiento en la enseñanza, el encargo de un informe a la Alta Inspección o las iniciativas parlamentarias, en el Congreso y en las Corts Valencianes por ejemplo, reclamando una supervisión especial sobre colegios e institutos, una especie de policía contra la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. Ya se les ocurrió hace tiempo poner en marcha un plan para instruir a los alumnos sobre el himno, la bandera y la defensa de España aunque, afortunadamente, todavía no se han atrevido a crear un comité de actividades antiespañolas.
Se ha llegado al extremo de denunciar en la localidad valenciana de Alfafar, con la entusiasta colaboración del alcalde del PP, Juan Ramón Adsuara, la proyección a los alumnos de un vídeo en el que se habla de Jaume I como de un rey catalán y se afirma que los árabes rindieron la ciudad de Valencia a sus tropas en el siglo XIII exhibiendo en una de las torres las cuatro barras de la senyera. Por lo visto, según nuestros censores, Jaume I solo puede ser un rey aragonés (nunca catalán) y el Penó de la Conquesta, que se guarda en el archivo histórico de la ciudad de Valencia, debe de ser una antigua tela pintada con cuatro barras rojas por el puro capricho de algún musulmán aburrido y no el símbolo que emocionó al monarca fundador cuando, según el Llibre dels fets, vio cómo lo exhibían sus adversarios en lo alto de la muralla.
Tampoco se pueden manejar en la enseñanza mapas de los territorios de la lengua que hablamos los valencianos porque, ¡vade retro!, son propaganda de los Països Catalans. Ni reproducir en una actividad escolar una canción de un determinado artista local que está en una lista negra que nadie sabe quién ha elaborado ni con qué autoridad. Dirigentes políticos que defienden con ardor la financiación con fondos públicos de colegios que siguen la doctrina católica ventilan anatemas contra la escuela pública por “adoctrinar” a los alumnos.
Como los creacionistas norteamericanos, que se amparan en una lectura fanática de las escrituras bíblicas para reclamar que no se enseñe en escuelas e institutos la teoría de la evolución ni se explique quién era Darwin, nuestra derecha esgrime contra todo criterio filológico una lectura sectaria de las leyes para prohibir que se enseñe que valencianos, baleares y catalanes hablamos el mismo idioma. Seguramente piensan que eso conduce al supremacismo independentista.
Detrás de esta ola de intolerancia apenas se camufla un ataque a la enseñanza pública, apuntalado en este caso por una secular ignorancia que no se deriva tanto del desconocimiento como del “no reconocimiento” hacia lo que es diferente, de la negativa a asumir una pluralidad que cuestiona la uniformidad de una mentalidad española promovida por el Estado durante siglos. Y el problema es que, si no se practica una educación en la diversidad, también cultural y lingüística, la de España será una unidad recurrentemente cuestionada.
No es el menor síntoma de esa situación el hecho de que hay en el mundo más de 150 universidades en las que se enseña la lengua catalana. Y que 21 de ellas están en Alemania, 20 en Estados Unidos y 19 en Francia, mientras que solo hay ocho en España fuera de los territorios donde supuestamente se somete a los estudiantes a tan peligrosos adoctrinamientos.
