“Burundi está a las puertas de otra guerra civil si no se hace nada”

Tiene los ojos cansados y bosteza más de lo normal, pero sonríe. Richard Nimubona lleva en Madrid cuatro días en los que no ha parado de dar conferencias y conceder entrevistas, aunque se confiesa feliz porque sabe que está aquí para eso, para contar su historia y dar voz a su gente. A los que no la tienen en Burundi.

El defensor de los derechos humanos denuncia los abusos del poder del presidente, Pierre Nkurunziza, que han sumergido a su país en la peor crisis desde la guerra civil de los años noventa entre los grupos étnicos hutus y tutsis. Las represalias y amenazas de muerte han llevado a Nimubona y a más de 150.000 burundeses a huir del país africano. Ahora vive en Bélgica, desde donde hace tres meses continúa luchando por los derechos humanos de su pueblo, aunque confiesa que su futuro es, cuanto menos, incierto.

¿Por qué sale la gente a las calles de Burundi en abril de 2015?

La gente sale ante una injusticia. El pueblo se manifestó contra la intención del presidente Pierre Nkurunziza de presentarse a un tercer mandato, algo que es ilegal, porque la Constitución lo prohíbe. Nos manifestamos pacíficamente contra la violación de nuestra ley principal y desde entonces las revueltas no han parado, porque el presidente no ha escuchado al pueblo. Ha reprimido a la población y, en julio, forzó el proceso electoral para permanecer en el poder. Ni siquiera se puede llamar a eso elecciones, porque el partido del presidente era prácticamente el único que se presentaba, con la excepción de algunos partidos satélites en un proceso que no tenía nada de democrático.

Ha denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos y crímenes contra civiles en su país. ¿De qué tipo de crímenes hablamos?

Tras las manifestaciones, la policía, las fuerzas de seguridad y las milicias comenzaron a asesinar a la población civil. Ya han muerto más de 160 personas. He denunciado ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, violaciones de mujeres y niñas, la existencia de fosas comunes y gente a la que se ha asesinado y tirado al río. Además, se han cerrado todos los medios de comunicación independientes del Gobierno, los han saqueado e incluso han llegado a quemar algunos, así que la gente tiene muy poca información y, la que tiene, es oficialista.

El conflicto comenzó como un problema político grave en el que, poco a poco, se ha ido viendo un componente étnico. ¿Qué papel cree que ha jugado el Gobierno en este cambio?

Burundi sufrió una guerra civil que arrasó el país entre 1993 y 2005 y que terminó con la vida de más de 300.000 personas por un conflicto entre hutus y tutsis. Con la firma de los acuerdos de Arusha conseguimos enterrar el problema étnico y demostrar que las distintas comunidades podíamos vivir en paz. La gravedad del problema actual deviene de que ahora el presidente está echando por tierra esos acuerdos que tanto nos costó conseguir, y todo lo que implicaron. Y, la verdad, tengo miedo de que el conflicto étnico esté aflorando otra vez.

En mayo de 2014 detienen a Pierre Claver, presidente de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y Personas Encarceladas (APRODH), compañero activista y buen amigo suyo. ¿Qué medidas toma para conseguir su liberación?

Cuando Pierre entró en prisión yo fui quien asumió su caso, su defensa. Fui el contacto directo con los medios de comunicación, con la diplomacia. Pero también salí a la calle. Decidí crear el “viernes verde”: el verde es el color con el que visten a los prisioneros en las cárceles de mi país, así que conseguí que mucha gente vistiera de verde los viernes para demostrar su solidaridad con Pierre, como una forma de protesta.

¿Usted ha estado detenido?

Sí. Me detuvieron en Bujumbura durante unas horas porque llevaba la foto de Pierre estampada en la camiseta. Pensaron que una vez que encarcelaran a Pierre la asociación dejaría su actividad, pero en realidad seguimos con más fuerza, así que, para el Gobierno, yo era la persona que continuaba la lucha. Como era la cara visible, empezaron a seguirme.

Y entonces se exilió.

Decidí irme a Holanda cinco meses para que se olvidaran de mí, porque la situación se estaba volviendo muy peligrosa. El 3 de agosto, cuando me disponía a regresar a Burundi, recibí una llamada en la que me dijeron que habían disparado a Pierre Claver. No estaba muerto, pero sí gravemente herido. Desde entonces llevo con él tres meses en Bruselas. Y cuando ya estaba físicamente casi recuperado, ha venido el golpe emocional: el Gobierno ha matado a su hijo y a su yerno, brutalmente.

¿Quién disparó a Pierre Claver?

Yo sé quien fue, le conocía y hasta me acuerdo de su cara. Fue un joven de la milicia que apoyaba al Gobierno. Desafortunadamente, los mismos que le encargaron matar a Pierre Claver han acabado matándolo también a él. Matando al asesino acababan con parte de las pruebas.

¿Y a su hijo, quién lo mató?

La policía. Para que te hagas una idea: Pierre tiene 9 hijos, y todos menos uno han abandonado el país. El otro restante es un militar al que no le han permitido exiliarse porque tiene un puesto en el Ejército. Ahora, incluso él ha sido amenazado de muerte.

Y para usted, ¿qué consecuencias ha tenido su posicionamiento en contra del tercer mandato del presidente?

Los defensores de los derechos humanos hemos tenido que abandonar el país y exiliarnos en países vecinos, como Ruanda, o en Europa, como es mi caso. En Burundi no hay lugar para los disidentes. Cualquier persona que no apoye el tercer mandato del presidente está condenado a muerte.

Desde antes de las revueltas yo ya estaba perseguido, pero la situación se fue agravando a medida que avanzaba el conflicto. Siempre nos hemos sentido hostigados, perseguidos por el Gobierno hasta el punto de temer por nuestra vida y la de nuestras familias. Han venido a mi casa, a la de Pierre, me han perseguido con el coche...

¿Su familia está con usted en Europa?

No, por eso tengo miedo. Están todos escondidos en Burundi: mi mujer y mi hijo pequeño. Se han cambiado de residencia y me gustaría que salieran del país, pero cualquier movimiento en falso puede suponer que los maten.

¿Qué labor llevan a cabo los activistas desde el exilio?

Las personas que teníamos más visibilidad pública hemos tenido que salir del país, pero aún tenemos unos pocos activistas y observadores “camuflados” en las comunidades, gente que ha trabajado con nosotros desde el principio y que ahora se mantienen en el anonimato por motivos de seguridad. Ellos están en el terreno y nos pasan información al exterior, y es vital porque nos ayudan a seguir denunciando y a hacer presión desde fuera: emitimos por la radio, presionamos a los gobiernos y nos aliamos con organizaciones más grandes, como Amnistía Internacional.

¿Cuál es su previsión del conflicto para un futuro próximo?

A día de hoy estamos a las puertas de una guerra civil si no se hace nada. Se han realizado una serie de acciones en el ámbito africano, europeo y en Naciones Unidas, pero aún no se han visto consecuencias positivas de ello.

El martes, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, visitó Burundi para convencer al presidente de llevar a cabo un diálogo inclusivo y proponer la intervención de fuerzas de la ONU para proteger a la población. ¿Servirá de algo esta vez?

A día de hoy Naciones Unidas solo dice palabras bonitas pero lleva a cabo muy pocas acciones concretas. Podría enviar fuerzas para proteger a la población civil y podría obligar al presidente a ejercer un dialogo efectivo, pero no lo hace. Es la segunda visita de un representante de la ONU en lo que va de año, y no ha servido de nada. El presidente ha dado una respuesta diplomática diciendo que está dispuesto a abrir el diálogo, pero ya ha puesto coto y ha delimitado qué grupos pueden entrar en las negociaciones y cuáles no. Eso no es una negociación inclusiva.

¿Cómo ve su futuro?

Estoy en Europa temporalmente, porque a día de hoy no puedo volver a Burundi. Si vuelvo me matan. Pero yo quiero seguir luchando por los derechos humanos de mi país. Si ahora no puedo hacerlo desde allí, lo haré desde Europa o desde África. No me planteo pedir derecho de asilo porque eso supondría renunciar a volver a mi país próximamente, y yo pretendo volver a luchar por los derechos de mi población tan pronto como pueda. Mi familia está allí y mi deber, también.