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Cadena de errores: qué y quién ha fallado en Madrid para que familias de solicitantes de asilo acaben en la calle

Una familia salvadoreña que ha huido de la violencia de las maras en la Parroquia San Carlos Borromeo.

Fabiola Barranco / Icíar Gutiérrez

Varias familias están durmiendo estos días en la Parroquia San Carlos Borromeo. Son solicitantes de asilo. Se vieron repentinamente en la calle, después de que el Samur Social, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, desalojara el pasado viernes el campamento que había improvisado en su sede central, donde habían estado pasando varias noches.

La acogida de los voluntarios de las organizaciones Coordinadora de Barrios y la Red Solidaria de Acogida fue lo que permitió amortiguar la situación al proporcionarles un techo, pero ¿cuál fue la cadena de errores que acabó con estas familias en la calle? ¿Qué y quiénes han fallado?

La competencia, en el Ministerio de Trabajo

El seguimiento y el acompañamiento de los solicitantes de asilo depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Estas personas deben recibir, al inicio de su proceso tras llegar a España, una primera acogida, lo que Trabajo denomina la fase previa de evaluación y derivación. En esta fase, se debe proporcionar a los solicitantes sin un techo donde dormir un primer alojamiento de emergencia, por ejemplo albergues, donde se cubren sus necesidades más básicas hasta que son derivados a centros de acogida de larga estancia.

Estos recursos son gestionados por entidades sociales como Cruz Roja, Accem o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se hacen cargo del itinerario de los demandantes por el sistema de asilo español. Sobre el papel, la duración máxima en este tipo de dispositivos de emergencia, pensados para que la gente no se quede en la calle, debe ser “el tiempo imprescindible para realizar los trámites necesarios” hasta pasar a la siguiente fase.

Las familias acogidas en la Parroquia San Carlos Borromeo aseguran que tocaron sin éxito diferentes puertas de las organizaciones sociales para tener un sitio donde dormir hasta que terminaron en la sala de espera de la central del Samur Social, el Servicio Social de Atención Municipal a las Emergencias Sociales. Según han denunciado Coordinadora de Barrios y la Red Solidaria de Acogida (RSA), las carencias en la primera acogida por parte del Gobierno obligan a muchas personas a dormir en la calle hasta conseguir una plaza en albergues para personas sin hogar.

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento no tiene competencia directa en materia de refugio, pero hasta que entran a formar parte de la red estatal, estas personas no tienen recursos ni lugar donde pasar la noche, por lo que se considera que están en una situación de emergencia social de la que el consistorio sí se hace cargo, tal y como han explicado en diversas ocasiones desde el Gobierno de Manuela Carmena.

La plantilla del Samur Social de Madrid, que asegura que ha tratado de dar una respuesta a quienes se quedan en la calle, reconoció este lunes la falta de plazas en la red municipal de albergues para personas sin hogar y denunciaba “una situación de continua vulneración de derechos humanos por la carencia de recursos para atender demandas de alojamiento de personas en situación de emergencia social”. Además de apuntar al Gobierno, instaron al consistorio madrileño a “que asuma y subsane los enormes errores cometidos en la gestión”. Desde el Ayuntamiento de Madrid, afirmaron a este medio que se está analizando la situación para dar respuesta.

Colas para pedir cita para solicitar asilo

Paralelamente, desde hace semanas, en las inmediaciones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Aluche, una fila de gente hace cola durante horas, también por la noche, para solicitar cita previa para formalizar su solicitud de protección internacional. El procedimiento es presencial desde mayo de este año, cuando dejó de estar operativo el número de teléfono destinado a la petición de cita previa. Los funcionarios están atendiendo a en torno 80 personas diarias, lo que hace que muchas se marchen y vuelvan a intentarlo al día siguiente.

Las organizaciones especializadas llevan tiempo alertando del “colapso” que sufre el sistema de asilo español. El retraso que sufren desde hace tiempo quienes tratan de oficializar su demanda de protección deja a decenas de personas en la calle hasta que consiguen formalizar dicho trámite. Los solicitantes de asilo no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud. Así, al carecer de recursos, muchos se quedan sin un lugar donde dormir. “Una vez se manifiesta la voluntad de solicitar asilo se debería dar entrada a la acogida de emergencia”, defienden desde la Red Solidaria de Acogida, que también precisa que varias de las personas acogidas en la parroquia no habían llegado a conseguir la cita, a pesar de haber pasado varias noches haciendo cola en Aluche.

Desde el Ministerio de Interior explicaron a eldiario.es que están tratando de agilizar los trámites de manera que “se tomarán medidas que permitan conciliar que la petición de asilo se pueda hacer en unas condiciones dignas con una carga de trabajo razonable para los funcionarios”.

El periplo hasta conseguir un techo

Fue el pasado viernes cuando al menos diez familias con niños, procedentes de El Salvador, Venezuela, Colombia, Nicaragua o Georgia, fueron desalojadas de la sala de espera de la central del Samur Social en Madrid, donde algunas de ellas llevaban días durmiendo ante la falta de otra alternativa, tal y como contó eldiario.es. Otras aseguran que habían pasado varias noches en la calle. “Fuimos a Accem, a Cruz Roja... a muchos sitios, pero nada”, relataron algunas de ellas. Todas comparten experiencias vitales marcadas por la huida y las adversidades en el exilio.

El Ayuntamiento alegó “motivos de seguridad” para el desalojo del lugar que el propio Samur Social había proporcionado. “Les sacamos de un pasillo de emergencia donde efectivamente no pueden dormir, porque en caso de evacuar el edificio se produciría una situación no deseada”, ha defendido Marta Higueras, delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, este martes. Finalmente, encontraron un lugar donde descansar: la Parroquia San Carlos Borromeo, en el barrio de Vallecas, alojadas por vecinos organizados en colectivos como la Red Solidaria de Acogida o la Coordinadora de Barrios.

Los voluntarios insisten: no es nuevo

Los voluntarios que dado respuesta a estas personas llevan tiempo cubriendo las carencias de las propias instituciones en Madrid y denuncian la “mala atención” y la falta de coordinación entre ellas. “Aquí se pasan la pelota unos a otros. Las organizaciones mandan al Samur Social colapsado, que no tiene plazas para albergar a quienes se quedan en la calle”, sostienen desde la RSA.

Tras dar la bienvenida a las familias, el párroco Javier Baeza insistió: “Es la expresión de algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que ya advertimos a Marta Higueras hace dos semanas, de que esto podría pasar y ha ocurrido” y recalcó que el consistorio madrileño “sigue negando que haya familias en la calle”. Asimismo, aseguró que la actitud del nuevo Gobierno al frente del Ministerio “está repitiendo las mismas políticas que tantos años hemos aguantado con el anterior” y señaló que la Comunidad de Madrid “no actúa porque no tiene competencias directas y parece que estas personas para ellos no son ciudadanos”.

Fuentes cercanas al Samur Social reconocieron a este medio que la situación “se viene repitiendo, al menos, desde junio”. En esta línea, la RSA recuerda que ya llevaban tiempo constatando muchos casos de hombres adultos solos que se quedan en la calle y que, desde junio, han observado que también hay familias con menores. “Para familias está todo colapsado por personas expulsadas del programa de acogida que ocupan plazas en centros donde se amontonan”, dice. Es el caso de las familias refugiadas que viven desde hace meses hacinadas en un centro de emergencias municipal tras ser devueltas a España desde Alemania en aplicación de la normativa europea y ser excluidas del sistema de acogida del Gobierno.

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