El Consejo de Europa urge al Gobierno a crear un organismo “fuerte” e independiente contra el racismo

El órgano contra el racismo del Consejo de Europa ha pedido este martes a las autoridades españolas que creen un organismo “fuerte” e independiente de lucha contra la discriminación racial en el país. En un informe publicado este martes, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha concluido que España “carece” de una institución independiente que promueva la igualdad y sea “capaz de introducir un cambio social real”.

“La ECRI considera que las autoridades españolas deberían ahora, tras la disminución de la crisis económica, establecer con carácter urgente un organismo independiente adecuado” que combata la intolerancia, señala el órgano, compuesto por expertos independientes que evalúan la situación y vigilan cada cinco años si los Estados miembros han aplicado o no sus recomendaciones.

Pero esta no es una petición nueva. En su cuarto informe, publicado en 2011, el organismo europeo ya recomendó esta medida, tras considerar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CERED), creado en 2009 y dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “no es un órgano independiente” de la Administración y “carece” de facultades para investigar o iniciar y participar en procedimientos judiciales.

En este sentido, la ECRI reitera su petición y señala que esta institución debería ser similar al Defensor del Pueblo. “El Gobierno no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo, y el organismo debería tener su propio presupuesto e instalaciones separadas, y debería designar a su propio personal”, concluye. Además, este organismo debería, apunta, poder recibir quejas sobre racismo y discriminación y prestar asistencia a las víctimas.

Mejorar la educación de menores gitanos y migrantes

Por otro lado, el Consejo de Europa sentencia que España debe “mejorar” la educación de los menores gitanos. Aunque reconoce la existencia de “buenas prácticas” para prevenir el absentismo escolar, la ECRI critica que los programas de realojamiento, teóricamente destinados a mejorar las condiciones de vida de la población gitana, “han contribuido a la segregación residencial y escolar” y recuerda que solo el 45% de los niños romaníes completan la educación obligatoria.

Para hacerle frente, las autoridades españolas, a juicio de la ECRI, deberían adoptar medidas “estructurales” para que estos menores finalicen la educación obligatoria como el “apoyo especial durante la escolarización” de los menores, la participación de los padres, becas y “la rápida intervención en los casos de absentismo”. Estas deben tomarse en “estrecha colaboración con la sociedad civil gitana” y “lograr que esta participe en el desarrollo continuo y la realización de actividades relativas a los gitanos”, concluye el organismo.

La ECRI evaluará en un plazo de dos años el cumplimiento de la puesta en marcha de organismo independiente y si se han mejorado las tasas de menores romaníes que finalizan la educación obligatoria.

El abandono escolar temprano también presenta “elevadas tasas” entre los menores de origen migrante que preocupan a la ECRI: el 44,2% de las personas que provienen de países no comunitarios dejan la escuela a una edad temprana. El documento subraya la necesidad de “hacer más” para abordar el abandono escolar de esta población así como “ayudarles a encontrar empleo y escapar del riesgo de pobreza”.

El informe también hace referencia a los delitos motivados por el odio. “En España existen prejuicios, en particular, contra los musulmanes, los romaníes y las personas LGTB”, recalca la ECRI, que subraya que ha habido algunas mejoras por parte de autoridades y organizaciones de la sociedad civil a la hora de recopilar estadísticas en este ámbito. Sin embargo, sostienen que “muchos casos de incitación al odio y delitos motivados por el odio no se denuncian” a las autoridades.

“Si bien el discurso abierto de incitación al odio no es habitual en el discurso político predominante en España, el discurso contra los inmigrantes y los gitanos alimenta los temores, por lo que impulsa los sentimientos xenófobos y racistas. En particular durante la crisis económica, que afectó a España en 2008 y alcanzó su momento álgido en 2012, algunos políticos recurrieron a declaraciones xenófobas”, sostiene el texto.

El informe apunta que este discurso “ha aumentado considerablemente” en Internet y los medios de comunicación. Asimismo, lamenta “la lentitud en la aplicación de la estrategia contra el racismo”, que, a su juicio, debe actualizarse y ampliarse.

La ONU pide acabar con los controles racistas

El racismo cotidiano que enfrentan determinados colectivos en España también ha sido puesto en entredicho este lunes por un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU que ha estado de visita en España para “verificar de primera mano” la discriminación que sufre la población afrodescendiente en el país.

“La invisibilidad y la discriminación racial cotidiana agravan el sufrimiento de los afrodescendientes y minimizan su derecho legítimo a la igualdad”, han concluido tras viajar a varias ciudades españolas del 19 al 26 de febrero. “Se necesitan urgentemente voluntad política y compromiso al más alto nivel”, sostiene Sabelo Gumedze, presidente del Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes.

A pesar de que sí reconocen esfuerzos por parte del Gobierno a la hora de recabar información sobre delitos de odio y alaban la labor del Observatorio Español sobre Racismo y del Defensor del Pueblo, los expertos de la ONU consideran que “la falta de datos desglosados impide identificar a los grupos que sufren de discriminación impidiendo por tanto su protección efectiva”.

Asimismo, ha constatado la “discriminación por perfiles raciales” que vive la población afrodescendiente en España, por ejemplo, con los controles policiales racistas. “En repetidas ocasiones, el grupo de trabajo escuchó testimonios de cómo se suele parar desproporcionadamente a los afrodescendientes en controles de identidad por la calle, en los puertos y el transporte público, en comparación con otras etnias”, comentan. Este grupo de trabajo presentará un informe con sus recomendaciones al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU el próximo septiembre.