La falta de garantías en la selección de los migrantes expulsados desde Ceuta abona la tesis de que salieron menores vulnerables

Varios listados, ordenados de más a menos edad, de los menores acogidos en el centro de Santa Amelia marcó el destino del medio centenar de adolescentes que ya ha sido devuelto a Marruecos desde Ceuta antes de la paralización temporal de los retornos, decretada por una juez y las dudas sobre la legalidad de un proceso que empezó el viernes. El Gobierno de la ciudad autónoma eligió llevarse de vuelta a los “los de edades más cercanas” a los 18 años porque “desde un punto de vista estadístico” tenían menos posibilidades de ser “vulnerables”. Este es uno de los pocos criterios concretos sobre los que, según ha detallado este martes el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, su Ejecutivo ha basado la selección de los primeros adolescentes que han sido devueltos a Marruecos dentro del operativo coordinado con el Ministerio del Interior y que tiene el visto bueno de Marruecos.

La segunda condición es el lugar por donde empezarían los retornos: el polideportivo de Santa Amelia, el espacio de acogida que se encuentra en peor estado, según Vivas. Este centro era también el único por el que aún no habían pasado los equipos de Save The Children, la ONG a la que el Área del Menor de la ciudad delegó la realización de entrevistas individualizadas para detectar cuales de los niños tenían una situación más grave. Aunque el Gobierno local y el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska han defendido en todo momento que el plan de retorno no incluiría a menores vulnerables, los criterios aplicados para la selección de esos adolescentes entregados a las autoridades marroquíes evidencian que el dispositivo no ha incluido las garantías suficientes para evitarlo.

Lo ha dejado por escrito la propia Fiscalía, que según la ley debe emitir un informe que es preceptivo, y que este lunes se dirigió a Interior para que justificase en qué se basó la elección de los menores repatriados a Marruecos.

“Los menores [devueltos] eran menores respecto a los que no se había hecho advertencia alguna [de vulnerabilidad], por lo que entendimos que eran los primeros de salir”, ha tratado de despachar la cuestión este martes en rueda de prensa el presidente ceutí, ante la insistencia de los periodistas. Tanto Vivas como la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, señalan a la Fundación SAMU, subvencionada para gestionar el centro de Santa Amelia, como la responsable de seleccionar los perfiles vulnerables, que tendrán preferencia para evitar el viaje de vuelta. Pero Samu no era la organización encargada de la realización de las entrevistas individualizadas, sino que el Área del Menor de Ceuta había encomendado esta tarea a Save The Children, tras la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno local. 

“Se estableció que Save The Children iba a hacer las entrevistas para detectar las vulnerabilidades, y en su caso, proceder a la reagrupación familiar en Marruecos, pero en Santa Amelia no habíamos hecho ninguna. Eso no quiere decir que no hubiese casos vulnerables”, indica Catalina Perazzo, directora de sensibilización de Save The Children, una de las organizaciones que ha solicitado la paralización del proceso.

“Samu es la organización que coordina el centro, puede ver una vulnerabilidad a simple vista, como una persona que requiere atención médica inmediata o si un niño le transmite una circunstancia particular. Pero Samu no hace entrevistas individualizadas que están estandarizadas a nivel internacional para que haya garantías”. La Fundación Samu por el momento no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

Justificación de la falta de entrevistas individualizadas

El presidente ha justificado este martes que no se hubieran hecho entrevistas individualizadas, tal y como exige la ley, previas a la devolución de los más de 50 menores que ya han sido retornados a Marruecos. “El acuerdo entre España y Marruecos solo dice que los gobiernos se pondrán de acuerdo en cómo llevarlas a cabo, siempre cumpliendo el bien de interés del menor. En ningún sitio dice que haya que tener entrevistas individualizadas”, ha justificado Vivas, después de que un juzgado ceutí haya alertado de que el pacto en el que se ampara Interior y el Gobierno local para activar el plan de devolución también debe “cumplir con la legislación española”, que obliga a estudiar cada caso.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es sostienen que el convenio con Marruecos acordado por el Gobierno español no exime del cumplimiento de la ley de extranjería.  

A lo largo de la rueda de prensa, el presidente y la vicepresidenta fueron preguntados hasta en tres ocasiones sobre cómo y quién ha determinado la vulnerabilidad de los menores cuyos nombres forman parte de los listados de niños que la Fundación Samu acabó introduciendo, tras la indicación del Gobierno local, en una furgoneta rumbo a la frontera los días 13, 14, 15 y 16, hasta la paralización provisional de los retornos. 

“Samu es la institución que está en contacto con los menores”, respondía Vivas, antes de matizar que “no hay una vulnerabilidad establecida” sino que se basan en “un poco de percepción y el criterio técnico”. No obstante, desde Save The Children, contradicen esta afirmación: el sistema de entrevistas para detectar las vulnerabilidades de menores está basado en “herramientas estandarizadas” utilizadas a nivel global.

Perazzo detalla algunas de las características propias de este mecanismo, basado en primer lugar en una entrevista “semiabierta”, que busca generar un clima de confianza, hablando en su idioma y proporcionando información. “Poco a poco, los técnicos van teniendo la conversación sobre su familia, en qué condiciones vino, por qué vino, si quiere volver o no y cuál es, si tiene, una situación de vulnerabilidad”. 

Desde el mes de junio a principios de julio, la organización ha realizado 352 entrevistas de los menores marroquíes llegados a Ceuta entre los días 17 y 19 de mayo. Aproximadamente una cuarta parte de los niños y las niñas migrantes a los que entrevistó había sufrido violencia física, abusos o malos tratos en su país de origen. Uno de cada seis declaró padecer tortura o trato degradante antes de llegar a España, según los datos proporcionados por Save The Children.

El Área del Menor de la ciudad tampoco ha participado en la detección de perfiles vulnerables de los niños devueltos a Marruecos. Como responsables de los menores que se encuentran bajo la guarda del Gobierno local, sus técnicos registraron un recurso de amparo ante la Fiscalía para “evitar la vulneración de derechos” de los niños y adolescentes que seguían en Ceuta, después de conocer que el plan de retorno a Marruecos se activaría antes de finalizar todas las entrevistas individualizadas y sin cumplir los estándares que los especialistas recomiendan. El escrito alerta de que los funcionarios del Área habían sido excluidos del proceso y denuncia “las devoluciones sin garantías” que, según la institución, se estaban cometiendo.

Fuentes de Interior aseguran que su Ministerio no tiene responsabilidad en la selección de los menores retornados, pues el dispositivo de identificación de las vulnerabilidades de los adolescentes expulsados es competencia de la ciudad autónoma. Desde la Consejería de Presidencia de Ceuta, por su parte, no han respondido a las preguntas de elDiario.es.